Administraciones Públicas advirtió hace un mes a la Junta de que recurrirá la liquidación presupuestaria

El secretario de Estado de Organización Territorial, Gabriel Elorriaga, advirtió a finales de julio en Madrid al consejero de Presidencia, Gaspar Zarrías, que la intención del Gobierno es recurrir la sentencia de la Audiencia Nacional que da la razón a Junta sobre la liquidación presupuestaria de 1997, 'en la lógica de agotar siempre la vía jurídica', según señalaron ayer fuentes del Ejecutivo andaluz. No obstante, Manuel Chaves, presidente de la Junta, y Javier Arenas, ministro de Administraciones Públicas, tratarán hoy en San Telmo de alcanzar un acuerdo sobre este tema y comprometer de una vez el traspaso de las políticas de empleo, sobre el que ambas partes son mucho más optimistas.

El curso político andaluz empieza con un plato fuerte: la esperada reunión para desbloquear el pago de las deudas del modelo anterior de financiación (1997-2001) y completar las transferencias pendientes entre Chaves y Arenas. Sus respectivos equipos, y ellos mismos, han levantado muchas expectativas respecto a los frutos que puede dar el encuentro. El ministro aterrizó el domingo en Sevilla y mostró la 'voluntad política' del Gobierno de llegar a un acuerdo en la liquidación de los fondos presupuestarios de 1997 -sobre los que la Audiencia Nacional ha fallado a favor de la Junta-. Aseguró incluso que no apelar la sentencia (para lo que cuenta hasta mediados de este mes) es 'un escenario posible'.

En términos parecidos se expresó días antes la presidenta del PP, Teófila Martínez. Preguntada sobre si el gabinete de José María Aznar debería o no presentar recurso de casación a la sentencia, declaró que Junta y Gobierno 'tienen' que llegar a un acuerdo y que 'éste es el mejor momento'. Manuel Chaves, ayer mismo, señaló en Málaga que la reunión 'es muy importante y tiene que representar un cambio cualitativo en la relación entre las administraciones central y autonómica'. 'Tiene que ser una reunión de compromisos, y no de cortesía', subrayó el socialista.

Sin embargo, en la trastienda de los preparativos de la entrevista oficial la información que ha circulado es muy distinta. Cuando el consejero de Presidencia, Gaspar Zarrías, viajó a Madrid a finales de julio para acercar posturas con el secretario de Estado de Organización Territorial, Gabriel Elorriaga, éste le comunicó que la intención del Gobierno es recurrir al Tribunal Supremo, 'en la lógica que tiene la Administración de agotar siempre la vía jurídica', según confirmó ayer el propio Gaspar Zarrías.

La advertencia de Elorriaga se ajusta a lo que ya dijo, nada más conocerse el pronunciamiento judicial que da la razón a la Junta, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quien comentó que el contencioso sólo podría solucionarse por la vía de los tribunales. De hecho, en el círculo próximo al presidente de la Junta se ha recibido con credibilidad cero el anuncio de Arenas de que está a expensas de un informe jurídico para tomar una decisión sobre el pago de la deuda, ya que los pasos a seguir desde el punto de vista judicial no revisten dificultad alguna y el acuerdo es exclusivamente político.

En este texto, Chaves señaló ayer que este asunto no se puede solventar con un 'compromiso ambiguo que contribuya a aumentar la incertidumbre de los ciudadanos', informa Esperanza Peláez.

Arenas respondió desde Barcelona que acude al encuentro con un 'talante abierto', aunque 'preocupado' por el clima y las declaraciones que lo preceden. El ministro añadió: 'Aunque haya acuerdo sobre [el traspaso de] las políticas activas de empleo y la financiación autonómica, si Chaves quiere mantener la confrontación siempre va a encontrar motivos para mantenerla. Deseo alcanzar un acuerdo, aunque el Gobierno no acepta planteamientos en tono de amenaza o presión, sino unas relaciones institucionales normales'. Arenas, cuando ocupaba la cartera de Trabajo, a finales de 1997 anunció el traspaso para 1998. La promesa, heredada por los posteriores ministros con idéntico resultado, va a cumplir cinco años, y sólo Andalucía y el País Vasco no tienen comprometido el traspaso.

Teófila Martínez, por su parte, calificó ayer de 'pura pantomima' la actitud dialogante de Chaves, de quien dijo 'tiene una doble cara política'.