La fábrica que extendió la legionela en Mataró niega haber incumplido la ley

Los propietarios de la fábrica Hielos del Maresme afirman no haber incumplido ninguno de los puntos del decreto de la Generalitat que fija las condiciones higiénicas y sanitarias para evitar que aparezca legionela en las torres de refrigeración. El abogado de la empresa, Carlos B. Núñez, afirmó que el día 16 de agosto, fecha en que la Generalitat y el Ayuntamiento de Mataró ordenaron el cierre del sistema de refrigeración, aún no había vencido el plazo legal para registrar la torre en el censo municipal.

El letrado también desestima la posibilidad de que la empresa sea la única culpable del brote a causa, según el letrado, de 'la reducida potencia de la torre de 1,5 kilovatios, la más pequeña del mercado y, además, completamente nueva'. Los análisis practicados por Sanidad determinaron que esta torre era la causante del brote, que ha causado dos muertos y más de un centenar de afectados, porque el subgrupo de legionela encontrada en ella coincide con el que se aisló en los enfermos.

El artículo cuarto del decreto aprobado en mayo establece el plazo de un mes desde la puesta en marcha de la torre para notificar su existencia al Ayuntamiento donde está instalada. Núñez sostiene que la empresa empezó su actividad el día 25 de julio, por lo que en el momento del cierre aún tenía nueve días para inscribir la torre. Las fechas se corresponden con la cronología de los hechos establecida por las autoridades sanitarias.

En las inspecciones que efectuaron los técnicos municipales y de Sanidad a la empresa durante el mes de julio, éstos no hallaron ningún indicio de que estuviese funcionando. El día 25, tras recibir una inspección de Sanidad que determinó que la empresa era apta para recibir la licencia de actividad, ésta inició la fabricación de hielo sin haberse tramitado aún los papeles. El abogado reconoció que la empresa actuó ilegalmente, pero afirma que ello 'sólo debe comportar una sanción administrativa por parte del Ayuntamiento'.

Los propietarios también defienden que las autoridades tenían conocimiento de la torre por las memorias que se presentaron a la Generalitat para obtener el permiso de actividad y mantienen que 'no sabían que debían censarla'.