Gobierno y alternativa, ante un curso electoral

El principal problema político de la democracia española en estos 25 años, el del terrorismo, ha entrado en una nueva etapa con la suspensión cautelar de Batasuna y el inicio de los trámites para su ilegalización. La apertura del nuevo curso político está marcada por ese acontecimiento, que condicionará el desarrollo de un calendario en el que destacan las elecciones municipales y autonómicas de la primavera próxima y en el que se decantará el aspirante a suceder a Aznar al frente del Partido Popular.

Aznar aspiraba a dejar resuelto, antes de irse, el problema del terrorismo. Creyó haberlo conseguido al declarar ETA su tregua de 1998, pero ahora sabe que la cosa es más difícil. Así lo manifestó esta semana en su habitual discurso de apertura de la temporada en Quintanilla de Onésimo: la ilegalización de Batasuna contribuirá a hacer más difícil la vida al entorno de ETA, pero no acabará con esa organización; para llegar a ese objetivo habrá que pasar por 'nuevos sacrificios'. El PP, sin embargo, no podría haber dado este paso sin la previa iniciativa socialista del pacto antiterrorista, y la ley de partidos habría nacido con una insuficiente legitimación política -que no es sólo cuestión de números- sin las enmiendas de CiU y los socialistas, que depuraron el proyecto inicial de peligrosos deslizamientos.

La política parlamentaria favorece esos ajustes, sin los que no habría sido posible una votación como la del pasado día 26, en la que tan sólo 10 de los 350 diputados se pronunciaron contra la iniciativa de intentar sacar de la legalidad al brazo político de ETA. El PSOE no sólo ha evitado la confrontación con el Gobierno en ese terreno tan delicado, sino que ha tenido interés en compartir la responsabilidad de la iniciativa. Ello ha dado ocasión a Rodríguez Zapatero de seleccionar otros temas de diferenciación con el poder que permiten desplegar una oposición más visible. Así se manifestó ya en el debate sobre el estado de la nación de julio, ganado por el futuro candidato socialista, según las encuestas. El acercamiento del PSOE al PP en expectativas de voto que registra el último sondeo del CIS parece avalar esa estrategia.

Pero, superado el ecuador de la legislatura, también para el equipo de Zapatero se acerca el momento de la alternativa, de pasar de la denuncia de los efectos sociales de la política de Aznar-Rato a la defensa de sus propias recetas. Las encuestas siguen reflejando una mayor confianza en la capacidad de gestión del PP, pero, al igual que en el Reino Unido del último periodo de Thatcher, comienzan a aparecer zonas oscuras: la siniestralidad laboral, la violencia familiar, los ancianos que fallecen en soledad, por citar asuntos de actualidad esta misma semana, son síntomas de un cierto abandono de la dimensión social de la política.

No se trata tanto de aumentar el gasto público como de orientar mediante reformas legales y estímulos fiscales iniciativas públicas o privadas que creen empleos en los huecos detectados en los servicios sociales: guarderías, cuidado de enfermos y ancianos, en particular. Junto a ello, se esperan alternativas de la izquierda a las reformas laborales con recorte de derechos impulsadas por la derecha y que provocaron la huelga general de junio, inexistente según el Gobierno, pero cuyos efectos se verán en la negociación social de este otoño.

Además de la madurez de la oposición, las elecciones de mayo pondrán a prueba la fortaleza del PP a un año de las generales, para las que todavía no tiene candidato. Nadie duda de que Aznar tendrá la última palabra en la designación, y son pocas las posibilidades de que adelante la decisión, como le piden algunos sectores de su partido. También le pidieron un adelanto de las últimas generales, pero la mayoría absoluta justificó su empeño de no modificar el calendario.

En Quintanilla, junto a la inoportunidad, por falta de respeto a la institución, de designar a Juan José Lucas como próximo presidente del Senado, Aznar esbozó una catálogo de prioridades que van de la bajada de impuestos a la política de inmigración, pasando por la descentralización de las autonomías en favor de los municipios. Las tensiones nacionalistas, avivadas por la ilegalización de Batasuna, podrían impulsar la alianza plasmada en la Declaración de Barcelona, cuyos socios, CiU, PNV y BNG, se reunirán el 10 de septiembre para estudiar posibles iniciativas conjuntas. Fue la influencia de Pujol, obligado a pactar con el PP para gobernar en Cataluña, lo que evitó que la deriva soberanista del PNV se extendiera; pero el año próximo también hay elecciones catalanas (en las que Pujol no será candidato), con repercusiones nacionales que complican este de por sí movido y reñido curso.