La minería metálica toca fondo

El suroeste de la península Ibérica es una de las zonas más señaladas en los mapas de las compañías mineras internacionales. La faja pirítica, con epicentro en Huelva, ha suministrado metales desde hace siglos, pero en las últimas décadas las explotaciones onubenses languidecen. Y este año, la crisis ha reventado, quizá definitivamente. Las administraciones y los sindicatos negociarán este mes un plan de choque que incluye medidas sociolaborales ante el posible cierre de las minas.

La actividad de la minería onubense tiene ahora poco que ver con la intensidad con la que compañías británicas exprimieron las reservas de la faja pirítica. A principios de siglo, Minas de Riotinto empleaba a más de 10.000 obreros. En 2001, las seis explotaciones abiertas en Huelva sumaban 1.364 puestos de trabajos directos, de los que dependen otros 12.000. Pero sólo una de ellas (Presur, en Cala) estaba en marcha. El resto había recurrido a expedientes de regulación de empleo para parar la extracción de minerales, que amenazaba con dinamitar sus asientos contables.

A finales de 2001, cinco de las seis minas abiertas pararon y ahora los trabajadores reclaman jubilaciones anticipadas como las de Boliden

La extracción nacional de cinc, cobre, plomo, azufre, oro y plata se concentra en los últimos años, casi de modo exclusivo, en las minas de la faja pirítica. Con una facturación estancada en los últimos años en los 150 millones de euros, la pésima situación financiera de todas las empresas implicadas amenaza con dejar la producción metálica reducida a su mínima expresión. MRT (Riotinto) y Minas de Almagrera (dos explotaciones en Calañas), las firmas señeras en la cuenca minera onubense, con un millar de trabajadores en plantilla, arrastran deudas enormes (60 millones de euros cada una). Tharsis y Filón Sur, mucho más pequeñas, también están paradas por falta de rentabilidad.

La faja pirítica es una reserva privilegiada de metales: las prospecciones en la zona son frecuentes y hay proyectos maduros (Las Cruces, en Sevilla; Aguas Blancas en Badajoz). Pero las cuentas de las minas actuales no cuadran. Son explotaciones a cielo abierto muy antiguas que requieren una costosa tecnología (extracciones a gran profundidad), en las que la gestión (sociedades anónimas laborales y multinacionales ruinosas como la irlandesa Navan o la canadiense Caledonian) ha sido muy desafortunada, en un entorno de costes laborales poco competitivos y precios a la baja.

En enero, los sindicatos dieron la voz de alarma. Una huelga general paralizó una veintena de localidades onubenses, hubo encierros en la mina y una acampada en Huelva que duró más de dos meses. Las movilizaciones cesaron en mayo con el acuerdo de las administraciones de afrontar un plan de choque a imagen y semejanza del ensayado con los trabajadores de Boliden.

Tras casi un año de negociaciones y protestas, la Junta andaluza y el Gobierno respaldaron, con 30 millones de euros, jubilaciones anticipadas para 300 de los 415 mineros empleados en la mina donde se originó el vertido tóxico de Aznalcóllar (Sevilla). La Junta completó la actuación con becas-salario para los que no accedieron a la jubilación y un programa de diversificación económica para atraer nuevas empresas.

Los sindicatos y las administraciones establecerán primero si alguna de las explotaciones abiertas es aún viable. Para el resto, UGT y CC OO quieren la receta Boliden, pero su aplicación se antoja más compleja: el coste del plan de jubilaciones anticipadas es mucho mayor (se estima en más de 130 millones de euros) y la situación de las empresas no es tan clara como la de la filial española de Boliden, que llegó a un acuerdo laboral para facilitar el proceso de suspensión de pagos.