Riada contra la estabilidad

Bruselas ha respirado con las palabras del actual ministro de Finanzas alemán, sobre todo después de que el canciller federal, Gerhard Schröder, insinuara en un primer momento que la prioridad era afrontar los gastos que han supuesto la catástrofe, cuyos daños pueden superar los 15.000 millones de euros. Sus palabras hacían presumir que tal vez Berlín decidía no respetar la obligación de que el déficit rebase el límite del 3% del PIB.

La catástrofe no debe ser un pretexto para incumplir el pacto, advirtió el presidente de la Comisión Europea, Romano Prodi, desde Praga. El Ejecutivo comunitario envió en febrero una carta de advertencia a Schröder recordándole el elevado nivel del desequilibrio presupuestario alemán (rebasar el límite del 3% implica una multa equivalente al 0,5% del PIB), pero el Consejo de Ministros de la UE optó por una salida más diplomática y arrancó de Berlín el compromiso de equilibrar sus finanzas en 2004.

El comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, Pedro Solbes, cuya irrestricta defensa del Pacto de Estabilidad despierta antipatía en Gobiernos con problemas, como Francia e Italia, ha elogiado la reafirmación alemana de respetar los parámetros así como la decisión de aplazar en un año la rebaja de impuestos a fin de poder financiar los enormes gastos que supondrá la reconstrucción de las regiones más devastadas. Además, Bruselas ha propuesto que Alemania pueda utilizar su partida de fondos estructurales para paliar los daños.

La paz con los alemanes está de momento garantizada. Sin embargo, en el horizonte del otoño aparecen nuevos nubarrones, algunos incluso ya han desatado tormenta. La Comisión se fue en julio de vacaciones abriendo un procedimiento por exceso de déficit a Portugal una vez que la revisión de cuentas revelara que éste llegó al 4,1% en 2001, casi dos puntos por encima de los resultados transmitidos por el anterior Gobierno el pasado febrero.

El caso portugués

Solbes afirmó que Bruselas no tenía otra vía que proceder para obligar a Lisboa a corregir el rumbo. Ahora toda la responsabilidad pasa a los ministros de Economía de la UE, que deberán decidir si apoyan o no seguir adelante con el procedimiento. La multa puede ser salada y, de aplicarse, comportaría, además, la suspensión de los fondos de cohesión que percibe Portugal al igual que España y Grecia, como países más pobres con economía por debajo de la media comunitaria. El primer ministro luso, José Manuel Durao Barroso, confía en que la sangre no llegue al río y cree que sería una injusticia que la UE actuara en contra de los intereses de su país.

Tampoco hay presagio de calma con Francia e Italia aún a pesar de que los dos países suscribieran en la pasada cumbre de Sevilla el compromiso de lograr el equilibrio presupuestario en 2004. El ministro de Economía galo, Francis Mer, cree que los parámetros del pacto no deben ser inamovibles. Solbes ha insinuado la posibilidad de enviar en los próximos meses un aviso de alerta a París, que estima un déficit de 2,6% a fin de año. Igual suerte puede correr Italia, que se comprometió este año a reequilibrar sus finanzas en 2003 y ahora anuncia que probablemente ni siquiera podrá lograrlo en 2004.