Unión ante la Corte

Los miembros de la Unión Europea han de mantenerse firmemente unidos en defensa de la Corte Penal Internacional (CPI). La reunión informal este fin de semana en Elsinor (Dinamarca) de los titulares de Exteriores de los Quince debería producir una clara señal en tal sentido. Está en juego la viabilidad de este tribunal para juzgar crímenes de guerra, de lesa humanidad y de genocidio cometidos por individuos, y la propia credibilidad de Europa. Por ello, los Quince no pueden firmar acuerdos bilaterales con Washington para inmunizar a los soldados estadounidense frente a esta nueva legislación. Washington no se ha conformado con una exención de un año, prorrogable anualmente por el Consejo de Seguridad de la ONU, sino que aspira a aislarse completamente del alcance de esta nueva jurisdicción internacional. Ya ha logrado acuerdos de este tipo con Israel, Tayikistán y Rumania, y los pretende con Colombia, entre otros, lo que ha generado fundadas críticas del presidente de la Comisión Europea, Romano Prodi, contra la actitud insolidaria de Bucarest.

La UE ha sido uno de motores de este proyecto que finalmente entró en vigor, aunque la Corte como tal no echará a andar hasta el año próximo. Las presiones de Washington sobre los europeos han sido expresadas directamente a través de cartas del secretario de Estado, Colin Powell, y de amenazas de que, en caso de no obtener satisfacción, cambiaría el papel de EE UU en la OTAN. De ceder, los europeos echarían por la borda los esfuerzos de varios años en favor de una nueva justicia internacional que Clinton suscribió antes de dejar la Casa Blanca pero que la Administración de Bush decidió, en un gesto sin precedentes, desfirmar.

La UE debe honrar su compromiso público de 'fomentar el mayor apoyo internacional posible a la CPI'. Algunos informes jurídicos que se barajan en Bruselas indican que tales acuerdos bilaterales serían ilegales, aunque EE UU se aferra al artículo 98 del Estatuto de la CPI que prevé esta posibilidad, no pensada para blindar a ningún país. España indica la línea correcta a seguir al mostrarse contraria a derogaciones de un estatuto que contiene suficientes salvaguardias para que no pueda ser manipulado con fines políticos contra Estados Unidos ni contra ningún otro país.