Cerrado por vacaciones

Lo ocurrido en el barrio sevillano de Los Pajaritos ha sido una de las crisis de orden público más importante de las que se han producido en España este verano y, sin duda, ha sido la más grave de todas las que se han producido en Andalucía.

Todo ha sido lamentable. En primer lugar, la reacción poco afortunada, como mínimo, de los miembros de la Guardia Civil que estaban en el estanco en el momento en que se produjo el atraco y que dispararon a los autores del mismo ocasionando la muerte a uno de ellos. En segundo lugar, los desmanes protagonizados por un número indeterminado de jóvenes, que han hecho que en el barrio se vivieran tres noches consecutivas de pesadillas, con destrozo de bienes, agresiones a personas y ruptura, en definitiva, de la convivencia ciudadana. Y en tercer lugar, la ausencia de respuesta por parte de los poderes públicos competentes, que han brillado por su ausencia en un momento en el que su presencia era obligada.

Esto último ha sido, con diferencia, lo más preocupante de lo ocurrido en la barriada sevillana. Sucesos desgraciados como el que ha estado en el origen de lo sucedido en Los Pajaritos no es frecuente que ocurran, pero pueden ocurrir en cualquier momento. Habrá que hace lo posible para evitar que vuelvan a producirse, pero nadie puede garantizar su no repetición. Lo que sí se puede y se debe garantizar es que los poderes públicos reaccionen ante los mismos no solamente haciendo uso de los recursos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición, sino ejerciendo además la autoridad que le viene de su legitimación democrática.

Porque en Los Pajaritos ha faltado tanto el ejercicio de las facultades que el ordenamiento jurídico pone a disposición de la Subdelegación del Gobierno para hacer frente a situaciones como éstas, como el liderazgo del alcalde en un momento de especial gravedad en la vida de la ciudad.

Por supuesto que se trata de dos tipos de responsabilidades distintas. La Subdelegación del Gobierno ha incumplido lisa y llanamente la ley. El mantenimiento y el restablecimiento en su caso del orden público es una competencia estatal. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado dependen de la Subdelegación del Gobierno y es, en consecuencia, el subdelegado el que tenía que haber hecho frente de manera inmediata y directa a una crisis de orden público como la producida en la barriada sevillana hace unas semanas. La ausencia de respuesta durante varios días es literalmente injustificable no sólo política sino también jurídicamente.

La responsabilidad del alcalde es completamente distinta. No es un caso de responsabilidad jurídica, pero sí de responsabilidad política. El alcalde no es directamente responsable del mantenimiento del orden público. No ha incumplido, en consecuencia, ninguna obligación normativamente impuesta. Pero el alcalde es la primera autoridad de la ciudad y cuando ocurre un acontecimiento tan grave como el que ha ocurrido en una barriada de la misma, tiene necesariamente que interrumpir cualquier cosa que esté haciendo y dedicarse por completo a liderar la solución del problema que se ha planteado. Y si le resulta absolutamente imposible acudir personalmente, tiene que delegar en algún miembro de su equipo de gobierno para que actúe en su nombre. Lo que no puede haber nunca es un vacío de legitimidad democrática a la hora de enfrentarse con una crisis como esa.

Con su ausencia, el alcalde ha perdido legitimidad para exigir del Gobierno de la nación, lo que, en nombre de los ciudadanos sevillanos, debería exigir: el cumplimiento por parte del Estado de garantizar el orden público y la seguridad ciudadana en la ciudad. El alcalde ha perdido una ocasión de oro para ponerse al frente de una de la mayores preocupaciones ciudadanas del momento como es la falta de seguridad como consecuencia de la reducción de los efectivos policiales. Ni la Subdelegación del Gobierno ni el Ayuntamiento pueden estar cerrados por vacaciones cuando se produce una crisis como la de Los Pajaritos.

Javier Pérez Royo es catedrático de Derecho Constitucional.