El día después de la ilegalización

Si no fuera porque la perplejidad es un sentimiento que la política no puede permitirse, nos sentiríamos así pensando que puede haber alguien que justifique, o simplemente que no se estremezca, ante hechos de muerte como los que hemos tenido, otra vez, que soportar en Santa Pola. Si alguien cree que el dolor de las familias o las propias vidas arrebatadas son un precio a pagar por alcanzar metas políticas, tenemos que decirles que sus cálculos macabros son tan absurdos como inútiles, porque tienen enfrente a la razón y a todo un pueblo que les grita su condición de criminales. Junto a toda la ciudadanía, todas las fuerzas democráticas compartimos el dolor de los familiares afectados por la barbarie y no cejaremos hasta poner fin a esta sinrazón sangrienta que hace que unos pocos justifiquen la violencia en nombre de un pueblo al que no representan.

El que compartamos el fin, la desaparición de ETA, no significa que compartamos los medios

La ruptura del consenso, propiciada por el PP, no ha fortalecido la lucha antiterrorista

La ciudadanía debe saber también quién condena y quién no condena estos atentados. Y en esta ocasión, como en tantas otras, Batasuna ha demostrado no estar del lado de las víctimas. Su silencio les sitúa como subalternos de los que directamente aprietan el gatillo. Pero Batasuna renunció hace tiempo a la oportunidad de demostrar que sus ideas y su programa podían defenderse desde la política y sin la complicidad con la violencia. Habría sido una ayuda decisiva para la paz que esta formación hubiera declarado públicamente su distanciamiento de las acciones criminales de ETA.

Pero no lo han hecho hasta ahora y no parece que lo vayan a hacer en un futuro próximo. Y eso los convierte en una organización irrecuperable para la democracia y también para un proceso de paz. Han perdido demasiadas ocasiones para reivindicar su autonomía y ahora sólo queda esperar que el mundo aberzale que quiere defender legítimamente sus opiniones desde la política se desmarque de esta organización y organice su propio espacio al margen y en contra de ETA.

Pero tan importante como constatar esta evidencia es dar cuenta de una más que tiende a menospreciarse en los últimos tiempos. Todos los demás partidos hemos condenado y condenamos siempre los atentados de ETA. Todos nosotros, que defendemos de manera democrática nuestras opciones diferentes y nuestras propuestas alternativas, estamos unidos en la incuestionable denuncia de los asesinos de ETA. Este 'todos' incluye a partidos que gobiernan en sus respectivas comunidades autónomas y que han sido apoyos parlamentarios importantes en reiteradas ocasiones tanto del PP como del PSOE.

Conviene recordarlo justo en el momento en que la discusión sobre el mejor modo de derrotar de manera definitiva la violencia se instrumenta de modo que los que no comulgan con las propuestas y posiciones del Gobierno del PP son acusados por sus portavoces y gacetilleros de cómplices del terrorismo. Cuando no directamente de terroristas. El PP pide que no se haga electoralismo con el terrorismo, pero no duda en excluirse de ese mandato.

El que todos compartamos el fin -la desaparición de ETA- no significa que compartamos los medios. Y la gravedad del asunto exige espacio para la divergencia legítima y para la pluralidad de opiniones.

En este tema también el pensamiento único se convierte en pensamiento cero. Por eso es importante que puedan escucharse con el mismo interés y respeto las observaciones y propuestas de quienes no tienen que pedir perdón por su historia política y atesoran una trayectoria democrática de mayor credibilidad que la que puede ofrecer hoy el partido en el Gobierno. A nosotros, el Partido Popular no puede enseñarnos democracia.

La estrategia según la cual 'quien no está conmigo está contra mí' en la lucha antiterrorista está produciendo un importante daño en la cultura democrática en nuestro país y, lejos de solucionar ningún problema, está agravando con cada medida la situación en todos los órdenes. Los terroristas deben estar frotándose las manos viendo la falta de sintonía entre los partidos que debieran estar unidos contra la banda criminal.

La ruptura del consenso democrático propiciada por el PP, y que ha arrastrado a otras fuerzas políticas, no ha fortalecido la lucha antiterrorista. Al contrario, la ha debilitado y ha introducido una ruptura en el debate político que amenaza nuestra convivencia democrática. Si hoy ya se dice sin rubor que el PNV no es un partido democrático -los mismos, por cierto, que ayer gobernaron con su apoyo- ¿quién detendrá mañana la ola mediática que propondrá su ilegalización? Y si esto es lo que se denuncia hoy respecto al PNV, ¿quién impedirá mañana que lo mismo se predique de los 'separatistas' catalanes o gallegos, de los federalistas, de los republicanos o de aquellos que seguimos pensando que el capitalismo genera más problemas de los que resuelve? Lejos de propiciar la convivencia, el respeto y la comprensión entre los pueblos y nacionalidades que forman lo que llamamos España, la lógica amigo-enemigo promovida por Aznar nos hace más débiles como país e introduce obstáculos preocupantes en sociedades plurinacionales que sólo mediante la integración y el diálogo tienen viabilidad.

La estrategia de la confrontación liderada por el PP ha hecho posible además el incremento de la distancia entre la sociedad vasca y el resto de la sociedad española. Tras su fracaso en las elecciones vascas, el PP no ha dudado en trazar una frontera entre el País Vasco y el resto del país. Mala forma de entender España.

En relación con la Ley de Partidos, la sociedad vasca se ha pronunciado clara y mayoritariamente en contra en todas las encuestas. Y eso ha ocurrido también con su representación parlamentaria. ¿Y no hubiera sido un ejercicio de la más elemental prudencia atender a esta situación para buscar otros caminos y negociar otras respuestas? ¿No hubieran gozado de mayor eficacia propuestas fundadas en un consenso más amplio?

Pensamos que es un buen momento para evaluar las medidas que se han puesto en marcha en los últimos años y evitar, en la medida de lo posible, mantener una estrategia que da continuidad a otros llamativos fracasos, aunque puede haber producido algunos réditos electorales.

¿Dónde están los balances sobre el impacto real de las diferentes leyes de excepción que éste y otros gobiernos han venido aprobando? ¿Por qué no evaluamos con serenidad qué ha ocurrido, por ejemplo, con los cambios en la Ley del Menor? ¿No sería bueno un debate más abierto sobre la seguridad y la eficacia de los cuerpos de seguridad del Estado y la mejor manera de incrementarla?

Las estrategias fundadas en la excepción han fracasado reiteradamente, y por eso la ilegalización de Batasuna no es un buen camino en la lucha antiterrorista. El día siguiente después de la ilegalización, los miserables a los que el presidente del Gobierno se refiere seguirán paseándose por las calles del País Vasco convertidos para algunos en 'mártires del Estado español'. ETA, que ya es una estructura clandestina, seguirá actuando sin que podamos mirar a ningún sitio y sin que nadie, en su nombre, tenga que responder política ni judicialmente por sus atentados.

Ese día, ETA habrá conseguido los objetivos que buscaba con atentados como los de la costa levantina, pues explicará a los que quieran oírla que el Estado de derecho español impide otras expresiones políticas. La brecha que separa las opiniones públicas de Euskadi y del resto del país se habrá agrandado un poco más.

Ese día habremos perdido una oportunidad para que la resultante de la lucha antiterrorista sea una sociedad que ha aprendido que la democracia es más fuerte que el terror y que hubiera conseguido aislar a los violentos de tal modo que cualquiera de sus acciones disminuyese aún más su cada vez más reducido espacio. El día después habremos perdido la oportunidad de demostrar, como veníamos haciendo, que el espacio de Batasuna cada vez era más estrecho.

El criminal atentado de Santa Pola y las otras acciones terroristas empeoran la situación política y psicológica, pero pueden ser también la oportunidad para reconsiderar la estrategia de confrontación y colocar en el centro de nuestros debates la necesidad de recuperar la unidad de los demócratas en la lucha contra el terrorismo, de tender puentes para hacer posible que la derrota del terror sea completa y definitiva.

Las experiencias de otros países pueden y deben enseñarnos algunas cosas. El fin del terror se consigue con menos costes, menos dolor y menos muertes cuando las sociedades afectadas están unidas frente a los criminales. Cuando las reivindicaciones políticas que sirven de justificación para sus acciones se ven claramente como un sinsentido porque se oponen a ellas la democracia y el más absoluto respeto a las formas y el fondo democráticos. Cuando, frente a la actitud de los violentos, la grandeza de la democracia no sacrifica sus modos. Cuando se hace evidente que pueden defenderse todas las aspiraciones políticas -incluidas la independencia o la autodeterminación- mediante procedimientos democráticos.

Lo interesante de las últimas elecciones en Euskadi es que pusieron de manifiesto el agotamiento de las propuestas políticas cómplices con la violencia. El delirante rumbo de ETA y Batasuna recibió un duro revés electoral. La desaparición política del nacionalismo cómplice de la violencia estaba, fruto del coraje de muchas vascas y vascos, en la agenda política. Las propias disensiones internas en Batasuna así lo demostraban.

Pues bien, sigamos ayudando a crear las condiciones para que la deslegitimación de la violencia alcance ese punto crítico en el que sólo hará falta soplar un poco para que se desvanezca la pesadilla del apoyo social a los criminales y a quienes les exculpan.

La política puede hacer mucho más para conseguir poner fin al terrorismo y hacerlo de tal modo que la democracia, la pluralidad y la convivencia salgan reforzadas.

Gaspar Llamazares es coordinador general de Izquierda Unida (IU).