Bruselas cede a España el examen de la fusión de las plataformas digitales

La Comisión Europea anunció ayer su decisión de remitir a las autoridades españolas, tal como había solicitado el Gobierno, el expediente sobre la fusión entre las plataformas de televisión digital de pago por satélite de Sogecable (participado mayoritariamente por PRISA y Canal Plus France) y Vía Digital (Telefónica). El Gobierno español dispone ahora de un plazo de cuatro meses como máximo para tomar una decisión sobre la operación, tras los preceptivos informes de los órganos correspondientes de defensa de la competencia.

La unión de ambas plataformas dará lugar al operador líder en España de la televisión de pago, con más de 2,5 millones de abonados. El acuerdo de integración fue suscrito en Madrid el pasado 8 de mayo. La fusión se materializará mediante una ampliación de capital en Sogecable del 23%, que estará reservada a los accionistas de Vía Digital, que aportarán sus propios títulos. Con la operación, Telefónica igualará con PRISA (editora de este periódico) y Groupe Canal Plus su participación en Sogecable.

En un comunicado difundido ayer en Bruselas, la Comisión afirma que los efectos de la proyectada integración se limitan a 'mercados nacionales' y, por consiguiente, debe ser analizada bajo la óptica de la legislación española y no de la comunitaria.

El vicepresidente y ministro de Economía, Rodrigo Rato, agradeció a la Comisión Europea la 'confianza' depositada en el Gobierno español al enviar el expediente de fusión, tal como había solicitado. Tras concluir el expediente, para lo que el Ejecutivo tiene un plazo máximo de cuatro meses, se tomará 'una decisión en función del interés general; es decir, en la defensa de los consumidores y del funcionamiento del mercado digital español'.

Rato hizo también una alusión a la difícil situación por la que atraviesa el sector en toda Europa, especialmente en Alemania y el Reino Unido (que han visto quebrar a alguno de sus operadores), al afirmar que la decisión del Gobierno se tomará 'en un momento en el que a nadie se le oculta que estamos en importantes transformaciones de los mercados audiovisuales'.

Sogecable logró el año pasado un beneficio de 2,8 millones de euros, mientras que Vía Digital arrojó unas pérdidas de 334,3 millones de euros.

Efectos contrarios

Más allá de las cifras, el Ejecutivo comunitario subraya en su nota que la fusión 'amenaza con provocar efectos contrarios a la competencia en ciertos mercados españoles' en los que las dos sociedades tienen intereses.

'La revisión del caso por parte de la Comisión', dice el comunicado, 'confirmó que la concentración podría crear o reforzar una posición dominante en los siguientes mercados limitados geográficamente a España: televisión de pago (...), adquisición de derechos de películas en exclusividad y adquisición y explotación de partidos de fútbol en los que participan equipos españoles, otros deportes y venta de canales de televisión'.

Con respecto al impacto que la operación pudiera tener en el campo de las telecomunicaciones, la Comisión afirma que 'la investigación reveló que la creación de un vínculo estructural entre los operadores dominantes de televisión de pago (y contenido audiovisual) y telecomunicaciones en España amenaza con fortalecer la posición dominante de Telefónica en algunos mercados de telecomunicaciones'.

Bruselas llega a la conclusión de que en este caso, 'dado el ámbito nacional de los mercados afectados por la transacción, las autoridades españolas están especialmente bien situadas para llevar a cabo una investigación concienzuda de la operación y que, por lo tanto, es apropiado remitir el caso a España'. Bruselas no ha querido agotar el plazo reglamentario, que vencía el próximo día 19, para decidir si se declaraba o no competente sobre el caso o si ampliaba su propia investigación en otros cuatro meses más, una opción que muchos analistas comunitarios apuntaban como probable después de que el comisario de la Competencia, Mario Monti, declarase que la operación suscitaba problemas en el sector de las telecomunicaciones. Sin embargo, Monti ha decidido devolver el expediente a las autoridades nacionales como ocurrió con las plataformas italianas Telepiù (Vivendi y Canal Plus) y Stream (propiedad de Rupert Murdoch).