El Congreso abrirá en agosto para acelerar la ilegalización de Batasuna

'Lo que había que hacer, ya está hecho'. Lacónico, el presidente José María Aznar resumió así desde Menorca el acuerdo alcanzado ayer entre el Gobierno y el PSOE para promover, como era su deseo, una reunión de la Diputación Permanente y el primer pleno extraordinario del Congreso en agosto desde la recuperación de la democracia, convocado para pedir la ilegalización de Batasuna. El lunes 19, la permanente votará que el pleno sea el lunes 26. El Gobierno informó al PSOE del análisis jurídico de la actuación de Batasuna y ambos juzgan 'demostrado' que 'es el brazo político de ETA'. Ahora, el Gobierno y el PSOE intentarán convencer a CiU de las 'garantías jurídicas' de esa demostración.

Es la primera vez desde la Constitución que el pleno del Congreso se reúne en agosto

Pujol convocará a Mas, Durán y Trias esta semana para analizar la posición de CiU

El ministro del Interior, Ángel Acebes, de guardia por los ataques de ETA, fue el miembro del Gobierno encargado de congratularse por el acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo y el PSOE para interrumpir las vacaciones parlamentarias y que sea el Congreso quien dé 'el impulso político' para presentar 'cuanto antes' una demanda de ilegalización contra Batasuna. El PSOE asumió como propio el deseo de Aznar para hacerlo con la rapidez suficiente para que el Consejo de Ministros del día 30 ratifique esa votación y presente la demanda contra Batasuna el 2 de septiembre, primer día hábil para la Sala especial del Tribunal Supremo que juzgará este caso.

'Es un acuerdo en defensa de la democracia', sentenció Acebes, para quien 'es imposible que un partido sea legal y sea financiado por fondos públicos cuando no condena el asesinato de una niña de seis años'.

Acebes no participó en la reunión en el Ministerio de Justicia que el viernes por la tarde mantuvieron el titular de ese departamento, José María Michavila, el secretario general de Presidencia, Javier Zarzalejos, y los diputados socialistas Carme Chacón (miembro de la ejecutiva del PSOE) y Alfredo Pérez Rubalcaba. Según el relato de este último, el ministro de Justicia hizo una exposición 'larga y detallada' del análisis jurídico que el equipo de abogados del Estado formado el pasado lunes por el Gobierno ha realizado sobre la actuación de Batasuna. 'La renuncia expresa y reiterada por parte de Batasuna a condenar el horroroso atentado de Santa Pola no es el único argumento jurídico', subrayó Rubalcaba, quien calificó de 'sólido y fundado' el estudio emprendido por los abogados del Estado.

Tras escuchar ese razonamiento de Michavila, los dos diputados socialistas vieron 'relativamente fácil acordar el método y el calendario'. Trasladaron ese principio de acuerdo a José Luis Rodríguez Zapatero, líder socialista, y éste se ofreció a sumar su voluntad y capacidad de diálogo a la iniciativa del vicepresidente primero del Gobierno, Mariano Rajoy, para buscar el 'máximo consenso parlamentario' en la votación extraordinaria que pedirá la ilegalización de Batasuna tras 'ver demostrado' que es 'el brazo político de ETA'.

Zapatero pidió el viernes que no hubiera 'plazos perentorios'. El Gobierno le ha respondido que, dentro de la urgencia que desea Aznar, quedan dos semanas hasta el lunes 26 de agosto.

Ese día, el primer pleno extraordinario que celebra el Congreso de los Diputados en agosto desde 1977 votará una moción conjunta, con el 'máximo consenso posible', que pida la ilegalización de Batasuna. Este pleno será convocado por una Diputación Permanente que se celebrará el día 19, y que antes preparará la Mesa del Congreso bajo la presidencia de Luisa Fernanda Rudi.

También antes de la celebración de esa Diputación Permanente, el próximo jueves o viernes, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, celebrará una reunión con el conseller en cap, Artur Mas, el líder de Unió, Josep Antoni Duran Lleida, y, probablemente, el portavoz del grupo parlamentario en el Congreso, Xavier Trias, para analizar los argumentos jurídicos y políticos a favor y en contra de que CiU vote contra Batasuna.

Zapatero telefoneó ayer al presidente Pujol, de vacaciones en los Alpes, y le comunicó que, por la información que ha facilitado el Gobierno al PSOE, los argumentos jurídicos contra Batasuna están 'sólidamente fundamentados'. Zapatero, según fuentes socialistas, apeló a la calidad de 'hombre de Estado' de Pujol para pedirle que analice 'sin apasionamientos' la conveniencia de que una 'amplísima' mayoría parlamentaria dé 'el impulso político' para que el Supremo decida la ilegalización del 'brazo político de ETA'.

El vicepresidente Rajoy telefoneó ayer a Trias para conocer la posición del principal socio parlamentario del Gobierno. Fuentes de ambas partes confirmaron que Trias le dijo a Rajoy que la decisión no está tomada, pero que, en principio, lo lógico es la abstención. Durán resumió después esta posición: 'Que hayamos dado nuestra conformidad a la convocatoria de la Diputación Permanente no implica ni avanza nuestra posición respecto a la ilegalización de Batasuna, sobre lo que deberá decidir la dirección de CiU'. Ésta se reunirá el jueves 22 o el viernes 23 para fijar su posición.

El Partido Popular consideraría 'inexplicable y difícil de justificar una abstención o una falta de apoyo explícito de CiU en el pleno del día 26', según aseguró ayer Eugenio Nasarre, miembro de la dirección de ese partido. Fuentes del Gobierno no quisieron aventurar cómo se interpretaría una eventual abstención de CiU 'en la convicción', dijeron, de que 'primará la sensatez y el sentido de Estado demostrados por la coalición que lidera Jordi Pujol'.