El socio privado de la funeraria niega haber dado un 'pelotazo'
Comprar el 49% de un servicio público -la funeraria madrile-ña- por 0,60 euros en 1992, un negocio que ha proporcionado más de 50 millones de euros de beneficios desde entonces, no fue ningún pelotazo, según José Ignacio Rodrigo, presidente de la adjudicataria, Funespaña, desde 1995 y asesor municipal precisamente en el proceso privatizador.
'Aquí no hubo ningún pelotazo, y ahora, gracias a la gestión realizada, esta sociedad está saneada', indicó ayer Rodrigo en conferencia de prensa, para quien, en relación con el llamado caso funeraria, el fiscal pide 10 años de prisión más tres meses de arresto, y otras penas por diversos delitos (maquinación para alterar el precio de las cosas, delito continuado de prevaricación, malversación, tráfico de influencias, delito contra la Hacienda pública y falsedad en documento oficial).
Rodrigo dijo estar 'tranquilo' ante tales acusaciones y confía en exponer sus argumentos cuando comience el juicio por este caso, presumiblemente en otoño. Resaltó que el proceso de privatización se hizo con total transparencia, sin tráfico de influencias, sin manipulación y con ventaja económica para la Administración municipal madrileña. Justo lo contrario de las tesis manifestadas en sus escritos por el juez instructor del caso, José Luis Quesada, y el fiscal anticorrupción, Pedro Crespo.
Bancarrota
Rodrigo tuvo especial interés en defender que Funespaña había salvado a la funeraria de la bancarrota. 'A 1 de enero de 1993, cuando nos hicimos cargo de la empresa, la funeraria debía 53 millones de euros a los bancos y tenía un pasivo de 84 millones de euros'. Pese a la calamitosa situación pintada ayer por Rodrigo respecto a la empresa municipal, en la que Funespaña entró en diciembre de 1992, la ya empresa mixta produjo nueve millones de beneficios en 1993.
Rodrigo negó incluso haber sido asesor municipal en materia de cementerios ni de la funeraria, y aseguró que no cobró nada del Ayuntamiento por tales conceptos. Tales extremos no sólo los rebate la instrucción del caso funeraria, sino la versión del concejal que le fichó en marzo de 1992, Simón Viñals, responsable de Sanidad y entonces presidente de la funeraria: 'La funeraria estaba al borde de la quiebra, con unas tarifas muy bajas, con muchas deudas, y me dijeron que había un abogado, Rodrigo, que conocía mucho de este asunto. Hablamos. Él nos podía hacer un informe sobre la salida de los monopolios en España, y le fichamos. No hubo concurso porque la funeraria no precisa concursos'.
Rodrigo, de hecho, detalló al juez sus honorarios por sus informes y asesoramientos. La instrucción judicial sostiene que emitió un informe sobre las ofertas existentes, y recomendó a Funespaña.
Rodrigo aseguró ayer que es accionista de Funespaña desde 1995. La instrucción judicial, sin embargo, apunta indicios de que ya lo era desde comienzos del año 1993, a los pocos meses de haber ganado el concurso.
