El éxito de lo impreciso

Quien diga que los números de la inmigración son fríos es que no se ha bañado en ellos. Si me sigue el lector unos minutos, verá que no miento. Sucede, además, que cuando las estadísticas resultan imprecisas y los conceptos impropios, se enturbia nuestra mirada. Y si, por último, las malas prácticas sustituyen a los datos, entonces las noticias queman. Pues bien, un tanto de todo ello ha habido en estos días.

Antes de entrar en materia, permítanme una cita. El Informe sobre el desarrollo humano 2000 tiene un capítulo que trata sobre las cualidades y el uso de las estadísticas. Allí se dice que deben servir para fomentar el diálogo y la rendición de cuentas. Y que han de ser pertinentes, fiables, válidas, desagregadas, tener continuidad y posibilitar la separación entre el supervisor y lo supervisado. Pero los autores del informe también nos previenen sobre los malos usos. Y uno de ellos es el mal uso político con el fin de desacreditar a determinados actores.

Primero fue el censo de la población, que en su recuento de noviembre de 2001 dice que el número de extranjeros superó el millón y medio. A continuación pronostica que, de seguir así las cosas y 'en el medio plazo', la proporción de extranjeros en España se situaría en el 9%. Usted y yo nos quedamos sin saber cuál es la cifra exacta de extranjeros y cuántos años componen ese medio plazo. Pues bien, según el Anuario estadístico de extranjería, a 31 de diciembre de 2001 había 1.109.060 extranjeros con el permiso de residencia en vigor. Es la primera vez que el registro administrativo anda por detrás de la estadística censal. ¿Quién está más cerca de la realidad? En mi opinión, el censo. ¿Teníamos entonces 400.000 inmigrantes ilegales? No es tan sencillo, aunque es el Gobierno el que debería explicarlo.

Con los datos en la mano y hasta el día de hoy, la mayoría de los inmigrantes no han entrado con un contrato de trabajo bajo el brazo. Nueve de cada diez residentes legales de países terceros han vivido situaciones de irregularidad. Además, los que entran legalmente no tienen asegurada la renovación de su permiso. Miren ustedes, desde 1985 se han sucedido cinco procesos de regularización explícitos y otros tantos (contingentes) encubiertos. En total se han presentado 1.094.417 solicitudes y se han rechazado 415.249. Claro que ha habido repeticiones y también se han producido entradas y salidas del país y de la irregularidad. Contando con todo, si la asociación entre inmigrante irregular, marginación y delincuencia hubiera funcionado, esto sería un infierno.

El vocablo 'inmigración ilegal' es pobre en contenido y no da cuenta de los cambios de situación. Pero se usa machaconamente como si, a fuerza de insistir en un concepto impropio, se cargara uno de verdad. Es el éxito de lo impreciso y el triunfo de las asociaciones borrosas como la de inmigración irregular y delincuencia. Pero, aunque la expresión haya cosechado 'fortuna mediática' y rinda fruto electoral, tengo para mí que, al darla por buena, todos perdemos algo. Se busca el voto del centro mientras se polariza al elector, y me temo que lo que va a resultar sea una mala siesta y un despertar malhumorado. Porque yo participo de la opinión según la cual la política de inmigración es el espacio de los matices y no el coto de las frases tajantes y de las adhesiones masivas. Si una de las virtudes de la mano de obra extranjera es la flexibilidad, a ella debiera responder el político con la misma cualidad.

Y ahora toca pensar en las unanimidades. Cuando, en una encuesta, una acción migratoria concita la adhesión de una abrumadora mayoría de ciudadanos, suele ser una simplificación de imposible cumplimiento. Pues si un fenómeno tan heterogéneo en su composición recibe una respuesta simple por parte de los entrevistados, es que la pregunta está mal configurada. Y si al movimiento migratorio, que es muy plural en sus motivaciones, se le ofrece una única vía de entrada, estoy convencido de que la medida está condenada a resultar ineficaz. De suerte que no es para ufanarse, sino todo lo contrario, cuando en una encuesta una propuesta sobre cómo gestionar la inmigración obtiene un respaldo apoteósico. Algo falla.

Una opinión pública bien informada se distribuirá por las varias opciones razonables que se le planteen, eso sí, con la duda de cuál de ellas vaya a resultar más adecuada y cuál menos útil. En el bien entendido de que se trata de un acción destinada a paliar o reducir un problema, no a suprimirlo de raíz. En este caso, el objeto es el de la inmigración clandestina. Y ello porque no hay una sola y misma causa de la ilegalidad, ni un único impacto querido o no previsto. De modo que las afirmaciones de 'todo o nada' debieran desaparecer de los sondeos de opinión y de las declaraciones públicas. Ya debiéramos haber aprendido que en inmigración el cero no existe. Es un número que no escucha y que no habla. Un número ensimismado e irreal.

Y eso es lo que ha ocurrido en el último barómetro del CIS. Dos de las tres opciones que se han presentado para averiguar cuál sería la política más adecuada respecto de los trabajadores extranjeros son voces vacías y autoritarias que nos separan de la realidad. Ni prohibir por completo la entrada ni no poner ningún obstáculo legal son acciones verosímiles. Se trata de extremos que simplifican hasta el absurdo las alternativas posibles ante un asunto complejo. De modo que el cierre improcedente de una cuestión genera una opinión pública en el limbo. Sólo una de las alternativas presentadas al entrevistado tiene sentido. Y ahí es donde reside el error, porque no hay una única medida que sea eficaz para reducir la inmigración indocumentada. Son necesarias varias vías para que mengüen las tasas de irregularidad.

¿Qué se dice cuando se habla de inmigración ilegal? Pues no se piensa en el ecuatoriano que entra sin necesidad de visado. Y, sin embargo, ésa ha sido la nacionalidad que más solicitudes ha presentado en la legalización por arraigo de 2001. Tampoco es sinónimo de clandestino (aquel que no deja ninguna huella al entrar) y que supone el 20% de los indocumentados que solicitaron regularizar su situación en 2000. Y si hablamos de aquellos que han puesto su vida en manos de una organización profesional de coyotes, entonces nos limitamos al 6% de los clandestinos. De modo que ilegal no equivale a clandestino, y menos aún es igual que inmigrante en situación irregular.

¿Dónde se produce la irregularidad? Aquí dentro, entre no

sotros. En la agricultura, en la construcción, en las cafeterías y en los hogares que no dan la cara por sus empleados. No en la entrada, sino en la permanencia. No en la actitud del inmigrante que quiere contrato, sino en la economía sumergida y en la cultura de la ilegalidad por parte del empresario autóctono. Sin duda, hay inmigrantes que prefieren la irregularidad. Aunque no sepamos cuántos. Pero sí que sabemos que de los 597.706 irregulares que solicitaron su legalización en los dos últimos años, un 28% había visto su solicitud denegada. Es la 'producción institucional' de irregulares que ha dejado a 162.000 en la sombra. Nadie en su sano juicio pensará que en su mayoría vayan a delinquir.

De modo que es más prudente plantearse el balance de una política mantenida durante cierto tiempo con el fin de confirmar si acrece o reduce la inmigración clandestina. Y si levanta o achica las fronteras interiores que producen irregularidad entre los legales que ya están dentro. Me refiero a las contrataciones laborales, a la renovación administrativa de los permisos y a los abusos de estafadores autóctonos o foráneos. Desde luego, cabe exigirles a los inmigrantes que cumplan con sus deberes de acuerdo con la Constitución del país adonde han ido. Y a los países de origen hay que pedirles que no practiquen el victimismo ni el doble lenguaje. Pero la falta de adecuación entre el proyecto migratorio y la política de inmigración es el espacio donde medran los traficantes.

Antonio Izquierdo Escribano es catedrático de Sociología de la Universidad de A Coruña y miembro del Sistema de Observación Permanente de Migraciones Internacionales (Sopemi) de la OCDE.