Precisiones

El pasado 29 de julio, EL PAÍS publicó un editorial, 'La Guatemala que visita el Papa', en el que dibuja un panorama francamente desalentador de esta nación centroamericana. Quisiera referirme a algunas valoraciones, a fin de que sus lectores accedan a otras informaciones que no han sido consideradas en su medio cuando se refiere al proceso político guatemalteco.

Ustedes afirman que 'hace dos años que el presidente (Alfonso Portillo) ha paralizado la ejecución de los acuerdos' de paz. Quiero recordar que los acuerdos sufrieron un severo debilitamiento desde la derrota de la Consulta Popular de mayo de 1999, que estaba prevista para provocar una reforma sustantiva de la Constitución Política de la República, que facilitaría el cumplimiento de los Acuerdos. El actual gobierno, empero, con las limitaciones del marco legal impulsó reformas fundamentales que habían quedado pospuestas durante los últimos 50 años. Por ejemplo, las reformas fiscal, laboral y educativa, y la reforma básica del Estado (ley de consejos de desarrollo, ley de municipios), la puesta en marcha de la estrategia de reducción de la pobreza y la política de desarrollo social, basada en la ley de población.

Destaca su editorial un papel protagonista del ejército, que es discutible, pero no dicen que la Secretaría de Análisis Estratégico, bajo este gobierno, salió del control de los militares; que Portillo creó la Secretaría de Seguridad de la Presidencia, que está sustituyendo las funciones que el militar Estado Mayor Presidencial concentró durante más de medio siglo; que este gobierno ha impulsado la ley de Acceso a la Información y de Clasificación y Desclasificación de archivos secretos, como pasos esenciales para ejercer control sobre los organismos de inteligencia estatales; que el ministro del Interior, el general Arévalo Lacs, fue destituido por no cumplir las instrucciones del Presidente de sacar de ese ministerio a 20 militares, y que fue reemplazado por un abogado, ex decano de la universidad jesuita.

EL PAÍS se refiere a violaciones de derechos humanos y exilios de jueces y defensores de los derechos humanos. En efecto, las denuncias sobre amenazas e intimidaciones han sido tomadas con seriedad por el gobierno guatemalteco, que ha dispuesto a su gabinete de seguridad para dirigir investigaciones profundas a fin de esclarecer su origen y desmantelar presuntas estructuras paralelas. Sin embargo, no hay parangón con los años 80 y 90, cuando significativos líderes políticos y sociales fueron asesinados o salieron masivamente al exilio.

El editorial agrega que los 'aliados paramilitares' del ejército 'que sembraron el terror entre los campesinos, han reverdecido'. El gobierno ha aceptado hablar con los ex miembros de patrullas civiles que alegan haber sufrido reclutamiento forzoso durante el conflicto, y el presidente ha considerado legítima su demanda, pues son también víctimas de violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, como concluyó la Comisión de la Verdad en febrero de 1999. Ellos son campesinos pobres que en la guerra no tuvieron opción de neutralidad y se sometieron a los militares para sobrevivir y resguardar sus territorios. Su reconocimiento debe ser interpretado como un paso hacia la reconciliación y la admisión de responsabilidades del Estado, como lo hizo Portillo en marzo de 2000, cuando, en el marco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ordenó profundizar las investigaciones de ciertos casos paradigmáticos, y que han conllevado la reparación moral y material de víctimas de matanzas y desapariciones forzadas.