Prostitución

El oficio más viejo del mundo, y también el más desprotegido, empieza a disponer en España de un marco regulatorio imprescindible. La Generalitat de Cataluña ha sido pionera en aprobar un decreto que regula la prostitución. Horarios, condiciones higiénico-sanitarias, características de los locales y elementos mínimos de éstos deberán cumplir, por vez primera, determinados requisitos.

Estas medidas no deben impedir el necesario debate sobre el carácter de explotación de la mujer que conlleva la prostitución. Pero parece absurdo no reconocer que esta regulación mejorará la condición laboral de bastantes de las 300.000 profesionales del sexo, un colectivo que triplica al de los 100.000 abogados. Más allá de otras consideraciones, la experiencia histórica demuestra que no se pueden poner puertas al campo, acabando por la vía represiva con el comercio del sexo: corresponde, pues, regularlo, para minimizar los efectos nocivos que genera siempre toda actividad alegal. Como ha dicho con acierto Artur Mas, 'no se pueden cerrar los ojos' e ignorar la realidad, guste o disguste. La Generalitat ha hecho lo que debía y le pedían los distintos grupos parlamentarios.

Ahora bien, no cabe olvidar que un amplísimo sector de quienes se dedican profesionalmente al sexo acaban en esta actividad forzadas por la falta de otras oportunidades. Ello genera redes de explotación y hasta de esclavitud que deberían ser perseguidas, Código Penal en mano, como intentan otros países. Pero esa iniciativa legislativa correspondería al Gobierno y no a una comunidad autónoma.También es preciso escuchar a las voces críticas que lamentan las insuficiencias del decreto catalán, cuando destacan que los más favorecidos por esta norma serán los empresarios de los locales de alterne, los recaudadores y los clientes.

Parece obvio que a este paso inicial deberían seguirles otros, sobre todo los destinados a proteger más específicamente la situación sociolaboral de las prostitutas. En el reciente encuentro internacional sobre Derechos humanos y trabajo sexual, sus representantes reclamaron preferencia para los locales autogestionados; residencia legal y de trabajo para las inmigrantes; prohibición de otorgar licencia a sujetos con antecedentes penales. Estos asuntos, así como la apertura de un debate sereno sobre medidas de aseguramiento social y de tratamiento para la vejez, deberían constituir el siguiente paso.