¿Puede haber escándalos contables en España?
La profesión contable y los empresarios están gozando de una ola de popularidad mundial a cuenta de las claras discrepancias entre el contenido de la información financiera de las empresas y la realidad.
La lista de empresas implicadas puede hacerse larga. En algunos casos las discrepancias dejan a la empresa con una imagen algo peor, pero en otros (Enron, WorldCom y quién sabe cuántas más) el descubrimiento de la mentira les ha precipitado en el abismo de la bancarrota, porque puede que no se trate de un maquillaje, sino de una pintura en forma de retrato de cuerpo entero.
Ante estas noticias, el lector prudente puede preguntarse si en España, o en Europa, puede suceder lo mismo, porque los nombres que están sonando hasta el momento provienen del otro lado del Atlántico. La respuesta a este interrogante no es un 'sí' o un 'no' escuetos, sino una reflexión sobre las causas y las condiciones en las que este tipo de problemas se producen, porque ni los problemas son nuevos, ni las causas que los desatan son inéditas, ni la forma de resolverlos es desconocida. Aunque las autoridades bienintencionadas hayan salido al paso tranquilizando a los mercados, la certidumbre sobre el comportamiento de las empresas no es general y las declaraciones oficiales hay que tomarlas más en el sentido de que no existe una corrupción generalizada que de la certeza de que no se va a dar ningún caso de fraude notable en nuestros mercados.
'El hecho de que haya fraude no tiene que ver con las normas contables, sino con su observancia y el control que impida la tentación'
'En la primera línea de lucha contra el engaño deben estar los auditores, que tienen que mejorar su independencia'
El hecho de que haya fraude no tiene que ver en sí con las normas contables, que en España están a la altura de las más exigentes, sino también con la observancia de las mismas y los controles de tipo administrativo y social que impidan efectivamente las tentaciones de fraude informativo. De la misma forma que todo el mundo admite que mejorar la circulación de vehículos en un país requiere no sólo tener mejores normas reguladoras de tráfico, sino también y especialmente contar con una buena infraestructura viaria y un conjunto de mecanismos de control, incluyendo en ellos las sanciones a los infractores, mejorar la información financiera de las empresas supone diseñar un sistema donde se desarrollen buenas normas contables y de información. Este esfuerzo puede llegar a ser baldío si no se tienen las instituciones que velen por el cumplimiento de las mismas de forma efectiva: auditores, reguladores bursátiles, organismos públicos encargados de velar por el seguimiento de las normas y un sistema judicial que pueda resolver los conflictos planteados sobre la información contable de las empresas.
Buena prueba de que las normas no sirven por sí solas es el hecho de que en los Estados Unidos de América se precian de tener las mejores normas del mundo y la profesión auditora más cualificada. Sin embargo, ni las normas son tan buenas ni la profesión ha resultado tan sólida. De demostrar esto se está encargando otra institución que, con su tenaz labor de revisión de las cuentas de las empresas, ha destapado los problemas: se trata de la Securities and Exchange Commission (SEC), órgano regulador de los mercados bursátiles, que depende directamente del Congreso.
La SEC interviene activamente en la regulación contable, que en Estados Unidos es independiente de la Administración Pública, revisa en profundidad las cuentas que las empresas cotizadas presentan, les obliga a revisarlas si encuentra problemas y, en su caso, impone sanciones que pueden llegar a la exclusión del régimen de cotización oficial en las bolsas de valores.
En una palabra, en toda esta crisis se está comportando, según su mandato, como un verdadero cancerbero, velando por la transparencia y la veracidad de la información. Y no le duelen prendas, porque es partidaria de que es mejor cortar a tiempo con cualquier práctica corrupta, para ayudar al mercado en la toma de decisiones que fija los precios y distribuye los recursos, que mantener medias tintas y decir sólo lo políticamente conveniente con respecto a las empresas que desinforman al mercado.
Las Comisiones de Valores en Europa no tienen, por el momento, la potencia y resolución de la SEC, pero los gobiernos están convencidos de que deben hacer las reformas necesarias para que los mercados de capitales tengan más seguridad en la veracidad de la información que reciben de las empresas. Para ello necesitan más poderes, más coordinación entre ellas y más independencia del poder político.
Estas afirmaciones no son nuevas, y es patente que existe un movimiento en este sentido que no tardará en dar sus frutos, ya que de otra manera no podrá haber mercados integrados de valores en el Viejo Continente. La palabra clave es transparencia de la empresa, y eso implica no sólo revelar datos económicos, sino también detalles sobre el estilo de dirección, que debe responder a los códigos de buen gobierno de todos conocidos, donde se reflejan las mejores prácticas, y que en nuestro país no han tenido por el momento demasiada atención por las empresas cotizadas.
Ahora bien, esta promesa de tranquilidad no va a satisfacer al lector, porque los escándalos pueden aparecer mañana, muchos meses antes de que las comisiones de valores cumplan sus ambiciones.
Por suerte para Europa, y para España, la falta relativa de mecanismos de refuerzo y control del cumplimiento se suple mediante otros controles que, por el momento, parece que actúan paliando los defectos de los controles netamente contables. Así, la propia estrechez de los mercados bursátiles, que en casi todos los países tienen dimensión local, hace que la información fluya de una manera más espontánea e informal, y las cuentas maquilladas no puedan imponerse a los datos desfavorables que se obtienen por otros medios. De otra parte, muchas de las grandes empresas europeas están sujetas a algún tipo de regulación (como los bancos o las eléctricas en España) y en tales casos el regulador actúa también de control, exigiendo que la información que se envía al mercado cumpla determinados requisitos.
No obstante, estos controles adicionales quizá no sean lo suficientemente disuasorios. Si una empresa, ahora que el ciclo económico ha cambiado de rumbo, quiere disfrazar su mala tendencia utilizando todos los trucos contables, ya sean legales, alegales o ilegales, para ganar algo de tiempo y despistar a los incautos para que sigan apeteciendo sus títulos, probablemente encontrará excusas y maneras de hacerlo, con independencia de qué empresa sea y dónde se encuentre situada. Los responsables de la información contable son los directivos de las empresas, y probablemente haya que seguir, en otros países, el mismo pensamiento que ha llevado al presidente de los Estados Unidos a diseñar un sistema de sanciones que les disuada de caer en la tentación.
En la primera línea de lucha contra el fraude contable están los auditores, y por eso han sido los más cuestionados y los más perjudicados por esta crisis de confianza. La profesión auditora tiene en España, y en otros países europeos donde también se ha implantado hace apenas unas décadas, una formación y cualificación equivalentes a la de los mejores países del mundo, pero tiene que luchar para mejorar su independencia con vistas a perfeccionar su vigilancia sobre las empresas.
La Unión Europea es muy consciente de esta limitación, y está buscando activamente la forma de reforzar esta cualidad, que propiciará profesionales que no duden en distinguir entre su cliente (accionistas, inversores, sociedad en general y el mercado) y el que les paga (directivos de la empresa). En España, las medidas propuestas en el anteproyecto de ley financiera van en esta dirección, y en esta clave hay que entender la rotación de auditores, la prohibición de servicios relacionados o la colaboración que se pretende con la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
La fórmula social para evitar el fraude contable es clara, y consiste en una batería de controles en serie para que las empresas se disuadan. A la responsabilidad de los administradores y directivos hay que unir la existencia de auditores formados, independientes y autorregulados, así como la exigencia de órganos de supervisión y vigilancia de los auditores y de los mercados que tengan poder suficiente para imponer disciplina, y la impongan. Si esta batería funciona, la tentación de defraudar será menor. Por cierto, esta serie de controles no es gratuita, aunque podría pensarse sobre quién o quiénes deben correr con los gastos.
De lo anterior se deduce que no estamos enteramente libres en Europa de la existencia de fraudes contables, aunque circunstancias ajenas a los mecanismos aceptados de control nos estén dando, al menos por el momento, cierta tranquilidad que no nos debe dejar quietos a la hora de tomar las medidas correctoras. Es más, la agudización de la crisis económica puede provocar tentaciones de desinformación en las empresas, y por eso es más urgente que nunca empezar con las reformas. El aforismo de Terencio 'homo sum: humani nil a me alienum puto' ('soy un hombre, nada de lo humano me es extraño') es especialmente útil en este caso porque significa una llamada a la prudencia en el juicio y a la celeridad en la actuación.
José Antonio Gonzalo Angulo es catedrático de la Universidad de Alcalá y ha presidido la comisión que ha elaborado el libro blanco sobre la reforma contable.
