Despilfarro consentido

El escandaloso galope del gasto farmacéutico público es una noticia recurrente en los medios españoles desde hace más de diez años. Por su persistencia, podría entenderse que es un fenómeno incontenible, una rara fatalidad que azota el Sistema Nacional de Salud. Pero no es tal cosa. Ese crecimiento incesante y desmesurado (en 2001, el consumo de fármacos absorbió no menos del 33% de los recursos financieros del Sistema), insólito y aun absurdo en todo el mundo industrializado, es la consecuencia natural de la pasmosa política farmacéutica de entretenimiento o de paripé, de sólo hacer que se hace, mantenida en España. El gasto farmacéutico no se modera porque el Gobierno no quiere. Los siguientes hechos dejan pocas dudas de que es un despilfarro consentido:

El aumento del consumo de medicinas en 2000 fue del 14% y no, como se ha dicho, del 7,6%

1. Las medidas de contención que se aplican están desvirtuadas, cuando no son contraproducentes. Así, las listas negativas (medicamentos excluidos del Sistema), compuestas en gran parte por productos envejecidos, estimulan el consumo -efecto rebote- de sustitutos modernos de precios altos; los genéricos, maltratados por una legislación sectaria y limitaciones oficiosas; los precios de referencia, restringidos a una estrecha franja del mercado, el 10%, y sujetos a condiciones confusas que envilecen y limitan el uso de genéricos; los asesores farmacéuticos de algunos servicios autonómicos, inútiles e inconvenientes porque su información farmacológica es inevitablemente inferior a la que puede tener el médico (único profesional capaz de conocer el medicamento en el enfermo, conocimiento decisivo) y recargan el gasto farmacéutico con gastos fijos de personal. Las rebajas de márgenes de farmacia y almacén, incapaces de influir en el volumen y en la tendencia del consumo; y el peregrino Plan Integral de Medidas de Control del Gasto Farmacéutico y Uso Racional del Medicamento, de nombre pomposo, cuya elaboración fue instada al Gobierno por el Congreso de los Diputados y que, con extraña ingenuidad, pretende conciliar por el mero diálogo situaciones e intereses irreconciliables por naturaleza.

2. Los pactos con la industria farmacéutica que, a un bajo coste para ésta, atan las manos al Gobierno y autorizan de hecho la expansión del gasto. En el último (octubre de 2001), el Gobierno incluso adquiere chocantes, si no ilegales, compromisos: a) se obliga a la perversión de ser un gestor ineficiente, puesto que el pacto implícitamente prohíbe que sean eficaces las medidas de contención a usar (las limita a dos, genéricos y precios de referencia, muy desmadejadas y en cualquier caso incapaces de llegar al corazón del gasto, que son los nuevos productos) y además coarta el ahorro posible, estableciendo que el gasto farmacéutico no podrá rebajarse en más de 50.000 millones de pesetas (300 millones de euros) al año; así pues, el Gobierno se obliga por acuerdo solemne a no utilizar todas las medidas ni hacer todo lo necesario para gestionar con eficiencia el dinero público destinado a la prestación farmacéutica: el administrador se compromete a administrar mal, y b) renuncia por casi nada a su poder de comprador único o monopsonio: el Gobierno recibirá de la industria, como aportación pactada, entre 8.000 y 17.000 millones de pesetas (48 y 102 millones de euros), el 0,8% y el 1,7% de los ingresos de la industria en 2000 (1 billón 15.000 millones de pesetas), porcentajes mezquinos, mucho más bajos que los descuentos 'extra' que la industria concede habitualmente a almacenes y farmacias.

3. Espejismos estadísticos. En algunos años del pasado decenio, 1993, 1994, 1997 y 2000, la tasa de crecimiento del gasto farmacéutico fue inferior a dos dígitos, y, claro, cada vez, dio lugar a proclamas oficiales de victoria. Pero esos datos matemáticos temporales no son otra cosa que espejismos estadísticos producidos por la comparación engañosa de dos cantidades heterogéneas, procedente cada una de costes distintos de los medicamentos. Pondré un ejemplo: en 2000, el gasto subió el 7,6%, dato resultante de comparar el gasto en 1999 con márgenes de farmacia y precios, diría, corrientes, y el gasto en 2000, con márgenes y precios rebajados en un 6,4%. De forma que si el consumo de medicamentos en 2000 hubiera sido idéntico al de 1999, el Sistema habría pagado un 6,4% menos, debido, no a medidas de contención sino, sencillamente, a que los costes descendieron por recortes de márgenes y precios. La tasa real de crecimiento del consumo farmacéutico en 2000 sería, pues, el 14%: 7,6% visible y pagado más el 6,4% oculto y rebajado. Las tasas menores de dos dígitos han sido, en todos los casos, declives transitorios a tenor de rebajas y descuentos que maquillan los números sin contener el galope del consumo.

4. El Gobierno omite las medidas de eficacia probada en otros países, como son: la cláusula de economía sanitaria o estudio coste / efectividad (obligatorio en Australia, Canadá-Ontario, Estados Unidos para Medicaid y seguros privados, Finlandia, Italia, Nueva Zelanda y en Francia, uno similar) que filtra el turbio torrente de nuevos productos, todos con precios muy altos -motor del crecimiento- y casi todos sin ventajas efectivas sobre sus similares preexistentes (el Patented Medicine Prices Review Board, de Canadá, revisó en un periodo de ocho años 581 medicamentos nuevos y sólo en 41, el 7%, encontró mejoras reales, Health Affairs, 20-3-99), y permite fijar el precio de cada uno con su valor terapéutico, es decir, su utilidad social; unos precios de referencia sustanciales, que comprendan diversos grupos de fármacos y extiendan así la competencia por el precio a una porción considerable del mercado (el 60% en Alemania o el 90% en Holanda); unos genéricos vigorosos, con incentivos a su capacidad competitiva; el presupuesto global o el indicativo y los formularios con apuntes económicos que estimulen la atención del médico hacia la prescripción eficaz y barata. Todo esto que, efectivamente, modera el gasto se omite con descaro en la sanidad pública española.

5. Grave erosión del Sistema Nacional de Salud. La continua ampliación de la cuota financiera de la prestación farmacéutica (en 1991, el 22%, ya desmedido; diez años después, en 2001, el 33% o más del gasto sanitario público) se produce, claro, a costa de reducir los recursos y posibilidades de los restantes sectores del Sistema. El enorme y creciente peso de un gasto farmacéutico que galopa a rienda suelta ahoga el desarrollo de la sanidad pública.

Enrique Costas Lombardía es economista.