Parcialidad territorial

Sería faltar a la verdad afirmar que la construcción del Estado de las Autonomías se ha visto frenada por la llegada al Gobierno del PP. El Gobierno de José María Aznar ha cumplido en términos generales el Pacto Autonómico que el PP suscribió en 1992 estando en la oposición con el PSOE en el Gobierno, de la misma manera que el PSOE cumplió en los años ochenta y en la primera mitad de los noventa el Pacto Autonómico que suscribió en 1981 con la UCD en el Gobierno.

En realidad, en la ejecución cuando llega al Gobierno del pacto que firmó cuando estaba en la oposición está una de las razones del éxito de la construcción del Estado de las Autonomías. Es lo que ha permitido que no se hayan producido rupturas en el proceso de transformación de un Estado muy fuertemente unitario en otro muy fuertemente descentralizado y que se haya podido dar continuidad a una operación de tanta envergadura como ésta. Tal vez sería bueno ir pensando en un tercer Pacto Autonómico para culminar la arquitectura constitucional del Estado de las Autonomías, que exigiría reformas en la Constitución, al menos en lo relativo al Senado y a la adaptación de la estructura del Estado al proceso de construcción de la Unión Europea.

El Gobierno tira piedras a su propio tejado. No hay nada que deslegitime tanto al Gobierno de la nación en un Estado políticamente descentralizado como la parcialidad territorial

Pero desde un punto de vista cuantitativo es evidente que la descentralización política es en 2002 superior a la que existía en 1996. Las competencias que son ejercidas en el día de hoy por las comunidades autónomas son más, los recursos materiales y humanos de que disponen son más cuantiosos y el peso político de las comunidades autónomas en el sistema político español en su conjunto es mayor.

Y sin embargo, siendo inequívocamente así, no es esa la sensación que se tiene. Y no se tiene esa sensación con razón. El Gobierno está siendo muy parcial en la ejecución de los pactos. Los está cumpliendo en términos generales, pero modulando su aplicación en función de sus intereses políticos o electorales, es decir, no los está ejecutando limpiamente.

El tema ha estallado esta semana, como consecuencia de la aprobación por el Parlamento vasco, con la oposición frontal del PP y el PSOE, de un llamado dictamen de autogobierno, en el que se reprocha al Gobierno la no ejecución del Estatuto de Autonomía del País Vasco y se le da un plazo de dos meses para que transfiera las competencias que todavía no ha transferido, bajo la advertencia, tal vez habría que decir la amenaza, de asumir directamente el ejercicio de tales competencias una vez transcurrido dicho plazo.

Está claro que ésa no es manera de proceder. Pero ha sido el propio Gobierno el que ha tenido que reconocer que el Gobierno vasco tiene algo de razón, cuando el recién nombrado ministro de Administraciones Públicas, Javier Arenas, ha pedido al lehendakari Ibarretxe una reunión para discutir la cuestión. O el Gobierno ha cumplido con su obligación de transferir las competencias que figuran en el Estatuto de Autonomía y entonces no tiene nada que discutir o no lo ha hecho y entonces tendría que explicar por qué no las ha transferido, sobre todo cuando en la legislatura anterior no tuvo el menor inconveniente en transferir al Gobierno vasco los impuestos especiales de una manera dudosamente constitucional. El criterio de José María Aznar parece ser el de que determinadas transferencias se producen o no se producen no porque lo digan la Constitución y el Estatuto de Autonomía, sino dependiendo de que haya entendimiento entre el partido del Gobierno de la nación y el partido del gobierno en la comunidad autónoma correspondiente.

Como en casi todos los terrenos, también en éste en Andalucía hemos ido por delante. ¿Por qué no se han transferido a nuestra comunidad autónoma las políticas activas de empleo, que figuran como competencia propia en nuestro Estatuto de Autonomía y que ya han sido transferidas a las demás comunidades autónomas? ¿Por qué se le ha negado durante cinco años el reconocimiento del censo a efectos de financiación y por qué no se le ha abonado el importe correspondiente al 2% de liquidación final de la participación en los ingresos del Estado? ¿Tiene alguien la menor duda de que la conducta del Gobierno de la nación habría sido completamente distinta si hubiera sido de otro color el Gobierno de la Junta de Andalucía?

Éste es el gran problema que tiene el Gobierno del PP en la ejecución de su política autonómica. En términos generales está cumpliendo con los compromisos contraídos, pero es extraordinariamente parcial en la forma de ejecutarlos. Y la parcialidad territorial es incompatible con una política de Estado, que es la única que se debe seguir en una materia como ésta. Una competencia no se puede transferir si el Gobierno de la comunidad autónoma es amigo y no transferir si no lo es.

Actuando de esta manera, el Gobierno tira piedras contra su propio tejado, porque no hay nada que deslegitime tanto al Gobierno de la nación en un Estado políticamente descentralizado como la parcialidad territorial. Se trata, además, de una parcialidad que siempre acaba dando la cara y que suele hacerlo en los momentos inoportunos, en los que el Gobierno se encuentra en posición de menor fortaleza cuando no de debilidad. El oportunismo es un mal consejero en política. Lo es en general. Es pan para hoy y hambre para mañana. Pero en política territorial es suicida. Lunares de esta naturaleza ensombrecen la obra de conjunto.