La verdad en la papelera

El informe de la Comisión de la Verdad, que en El Salvador investigó la violencia política y los crímenes de lesa humanidad que se cometieron durante la guerra civil (1980-1992), fue bautizado por sus autores como 'De la locura a la esperanza'. Hoy, nueve años después de haberse dado a conocer, aún de forma parcial, Miguel Montenegro, un reconocido activista local en el campo de derecho humanitario, lo califica de otra manera por los escasos resultados obtenidos: 'De la expectativa a la frustración'.

'La Comisión de la Verdad generó grandes expectativas en un país donde la muerte era el pan diario; colaboró mucha gente para que en nueve meses se investigaran los casos más emblemáticos de 12 años de guerra. La gente confió y brindó sus testimonios... Era una primera victoria de las víctimas', afirma Montenegro al analizar la labor que encabezó el ex presidente colombiano Belisario Betancourt, bajo un mandato expreso de la ONU.

Sin embargo, Montenegro, director de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES), considera que 'la ONU se dejó presionar e imponer por el Gobierno de Alfredo Cristiani, quien apenas en unas horas de conocido el informe, el 15 de marzo de 1993, impuso una amnistía general que dejó en la impunidad los crímenes de lesa humanidad, entre ellos el asesinato del arzobispo Óscar Romero, la masacre de seis padres jesuitas, de cuatro monjas estadounidenses y decenas de masacres campesinas'.

Precisamente para intercambiar experiencias sobre casos similares, Montenegro se reunirá este fin de semana en México con otros activistas internacionales para evaluar el trabajo de las Comisiones de la Verdad en Chile, Suráfrica, Argentina, Guatemala y El Salvador, países en que se cometieron graves violaciones a los derechos humanos. 'Las recomendaciones de la Comisión de la Verdad no se tomaron en cuenta en El Salvador. Éstas decían que se separaran del Ejército y de la Administración pública a los implicados en graves violaciones a los derechos humanos; tampoco se inhabilitaron para participar en política a los implicados (guerrilleros o militares) en crímenes. Ni siquiera el Estado salvadoreño ha construido un monumento que honre la memoria de las víctimas de la guerra', asegura Montenegro, quien, por otra parte, considera 'importante y de gran trascendencia internacional el juicio que se les sigue a los generales Guillermo García y Eugenio Vides Casanova en Estados Unidos, demandados en un tribunal de West Palm Beach, Estados Unidos, por torturas sufridas por tres salvadoreños nacionalizados estadounidenses cuando estuvieron prisioneros a comienzos de la década de 1980. Ambos generales fueron en su momento ministros de Defensa.