Los auditores, responsables de la veracidad de sus informes

El Senado de Estados Unidos ha aprobado por unanimidad (97-0) un duro proyecto de ley dirigido a poner coto a los abusos corporativos y contables que han creado una inseguridad sin precedentes contemporáneos en los mercados.

La ley establece un organismo para supervisar y sancionar a las compañías auditoras, obliga a los directivos a ser responsables fiduciarios de la veracidad de los informes de sus empresas y eleva hasta los diez años las penas de cárcel para quienes incurran en fraude. Las ideas del Senado deben ahora ser amalgamadas con otros proyectos menos exigentes de la Cámara de Representantes antes de que el texto final sea elevado a la firma de Bush.

El proyecto de ley de la Cámara alta ha adquirido vida propia en las últimas semanas. A las reformas que demandan los ciudadanos respondieron demócratas, principales impulsores de la ley, y republicanos con una carrera para ver quién era más exigente.

La pieza clave de la reforma es un nuevo organismo de control sobre las auditoras que acaba con el régimen de autogobierno que tenían hasta ahora. Este consejo fijará normas de actuación y realizará inspecciones regulares. Tendrá capacidad de sancionar las actuaciones negligentes, con medidas que pueden llegar hasta la privación del derecho a auditar empresas cotizadas.

Separación

Las firmas auditoras no podrán ofrecer la mayoría de los servicios de consultoría que ahora realizan para el mismo cliente (aunque la ley deja abierta la posibilidad a excepciones) y cada cinco años deberán rotar al socio auditor en las empresas clientes.

Los responsables de montajes para defraudar a los inversores ven doblada hasta los diez años las penas de cárcel, la misma pena que como tope se aplicará a los directivos que conscientemente emitan informes financieros engañosos. Los directivos deberán renunciar a los beneficios económicos logrados si sus compañías tienen que retocar a la baja anteriores resultados. Los empleados que denuncien conductas irregulares en la gestión tendrán garantías de protección, y tampoco podrán ser represaliados los analistas que emitan informes negativos sobre firmas con las que trabajan sus bancos. Quedan prohibidas las concesiones de créditos por las empresas a sus directivos.