Doble salto mortal

La resolución aprobada ayer en el Parlamento vasco es un monumento a la incongruencia. Conmina al Gobierno de Vitoria a culminar el proceso estatutario como paso previo para liquidar unilateralmente el marco autonómico. El texto da por sentados algunos tópicos nacionalistas: que los vascos consideran una prioridad el desarrollo competencial y que su bloqueo supone la ruptura por el Estado del pacto estatutario; que la mayoría aspira a mayores cotas de autogobierno, por lo que resulta imprescindible un nuevo consenso para superar el actual marco político y establecer otro que abra paso al ideal independentista.

Son afirmaciones no avaladas por los datos. El asunto de las competencias aparece en todas las encuestas como una preocupación muy secundaria; la radicalización de la dirección nacionalista se ha trasladado a una parte de sus votantes, pero no ha aumentado el peso del nacionalismo: hace 12 años agrupaba a dos tercios del electorado, y ahora, al 53%, y la principal ruptura del pacto estatutario fue Lizarra, no la congelación de transferencias.

No es lógico reclamar el pleno desarrollo autonómico para acabar con él, y sí lo es que ante esa situación el Gobierno extreme su cautela a la hora de negociar aquellas transferencias sobre las que existen divergencias de interpretación. Y aunque sean discutibles los criterios del Gobierno, es significativo que las mismas dificultades se presentasen cuando gobernaban los socialistas. En todo caso, los desacuerdos sobre el Inem, la Seguridad Social o los reaseguros no cuestionan en absoluto la realidad de la autonomía política más amplia existente en Europa, como reconoció hace años Arzalluz. El acuerdo sobre el Concierto demuestra, además, que es falso el argumento de la parálisis total.

Resulta irresponsable someter a la población a tensiones rupturistas -no es una broma que un Gobierno autónomo se coloque en la ilegalidad-, dramatizando artificiosamente divergencias normales en cualquier país, mientras que se banalizan situaciones excepcionales como la falta de libertad de una parte de la población o el acoso terrorista contra los concejales no nacionalistas. Ése fue el eje de las respuestas de los portavoces de PP y PSOE. La resolución votada prescinde olímpicamente de todas las opiniones expresadas en las comparecencias ante la ponencia de autogobierno que no coinciden con la prefijada por el lehendakari en octubre. Como dijo el socialista Patxi López, no se ha intentado recuperar el consenso democrático contra ETA, sino el de Lizarra con los cómplices de ETA. Y en vez de legitimar a las instituciones para abordar el problema de la falta de libertad, se rompe con ellas unilateralmente, supeditando la convivencia a las reivindicaciones nacionalistas.

En el plan inicial del lehendakari, el emplazamiento sobre las transferencias se presentaba como un pretexto para plantear, ante una respuesta negativa, una consulta sobre la consulta que abriera paso a una dinámica soberanista. Sin embargo, hasta los más entusiastas han acabado reconociendo que resultaba en exceso ventajista un referéndum con ETA en activo. Por ello, ahora han intercalado ese desafío de la asunción unilateral de las competencias.

Pero es una improvisación, según se deduce de la intervención del portavoz del PNV, Joseba Egibar. Su discurso justificó el desplante, pero evitó cualquier referencia a las consecuencias, como le reprochó Otegi al exigirle llevar la lógica rupturista hasta el final. Lo que está por ver es si el electorado nacionalista, que hasta ahora ha seguido a Arzalluz-Egibar en su giro antiestatutista, secundará también este doble salto mortal que supone apostar simultáneamente por la recomposición del Pacto de Lizarra sin tregua y por el conflicto institucional, a riesgo de colocarse al margen de la legalidad. Depende de cuál sea la respuesta institucional. Si consiste en la firme y sobria aplicación de la ley, sin extravagancias antiestatutarias, y desde la unidad de Gobierno y oposición, lo más probable es que, como ocurrió con ocasión del ultimátum del Concierto, los sectores cuyos intereses todavía representa el PNV obliguen a Ibarretxe a plegar velas. Si no, ganarán Otegi y ETA.