Tres directivos irán a juicio por abrir el 'e-mail' de un empleado

Tres directivos del Deutsche Bank en España serán juzgados pasado el verano en Barcelona, acusados de un delito continuado de descubrimiento y revelación de secretos presuntamente cometido al interceptar y reproducir el contenido de los mensajes electrónicos que envió desde su puesto de trabajo un empleado que acabó siendo despedido por este motivo. La acusación solicita cinco años de prisión para cada uno.

La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Barcelona, Eugenia Canal, ha abierto juicio oral contra los tres directivos al atender la petición del abogado de la acusación, Carlos Sánchez Almeida, pues el fiscal siempre ha solicitado el archivo de la causa. Las tres personas que se sentarán en el banquillo son Juan Cruz Alcalde, director de recursos humanos del Deutsche Bank en España; José Antonio Soler León, director de relaciones laborales, y Alberto Faulín, responsable de informática de la entidad. La magistrada pide a los acusados que abonen una fianza de 30.000 euros (cinco millones de pesetas) para asegurar las responsabilidades civiles derivadas del proceso.

En la causa estuvieron inculpados otros dos directivos del banco que finalmente han quedado exculpados: Juan Carlos Garay, consejero delegado de la entidad, y Fernando Miguel Olalla, quien también fue jefe de recursos humanos. Gregorio Giménez Román, el empleado, fue despedido a raíz de estos hechos, que arrancan del mes de noviembre de 1999, cuando los directivos del banco, según el abogado del trabajador, 'decidieron interceptar su correo electrónico con el fin de obtener pruebas con las que sustentar un eventual despido'. En la época en que ocurrieron los hechos Giménez impulsaba un sindicato de empleados del banco.

Despedido

El caso es que la dirección del banco pudo probar que Giménes envió 140 e-mails en dos meses a diversas direcciones electrónicas, que fueron leídos por los acusados sin comunicárselo al trabajador. Giménez acabó siendo despedido y los correos electrónicos fueron empleados como prueba de la dirección, pero la justicia dio la razón al trabajador y ordenó su readmisión al considerar que se había vulnerado su libertad sindical. Sin embargo, la empresa recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que avaló el despido y lo justificó, entre otros motivos, por el tiempo que el trabajador empleó en enviar los e-mails. Giménez recurrió entonces ante el Tribunal Supremo, que desestimó su pretensión, y ahora ha acudido al Tribunal Constitucional.

Al margen de la vía laboral, el empleado decidió querellarse contra la dirección del banco y esa iniciativa ha concluido ahora con la apertura de juicio oral contra los directivos. Giménez llevaba trabajando en el banco desde 1971 y nunca había sido sancionado. Desde el despido, padece un trastorno depresivo y está en tratamiento psiquiátrico.