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Columna
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Cuatripartito

Ya en su discurso de investidura, el lehendakari Ibarretxe se arrogó la voz de una mayoría que habría hablado en las urnas a favor de un nuevo marco jurídico-político. Advertimos entonces de que se estaban mezclando churras con merinas, y que la mayoría relativa del señor lehendakari era la que era, sin que los electores le hubieran otorgado derecho alguno a ampliar su parte, y menos aún para gobernar ignorando absolutamente a la parte excluida. Pero advertimos también que, a partir del 13-M, el lehendakari y su partido habían decidido erigirse en vanguardia del abertzalismo en su conjunto, con la inestimable ayuda, entonces aún no presentida, de Ezker Batua, triste peón ultramontano de una operación de sabotaje antidemocrático. El alambicado y engañoso discurso del lehendakari no consiguió despistarnos, y tras un periodo de amagos, de cacicadas para convertir mayorías virtuales en reales, de vacilaciones y de disimulos para articular en el proyecto a la cuarta parte inconfesable -Batasuna-, helos aquí triunfantes a todos y convertidos en un Pueblo en marcha.

Si Lizarra fue, y también lo advertimos, un proyecto para subvertir el orden institucional actual y crear uno nuevo mediante una política de hechos consumados bajo el señuelo de la paz, vemos ahora cómo se incurre en el mismo objetivo, pero cambiando de estrategia. Lo que el PNV aprendió de Lizarra fue a no dejar la iniciativa en manos de ETA, y los resultados electorales del 13-M le permiten eludir esa subordinación, aunque no el vínculo. Si en la estrategia de Lizarra las instituciones democráticas tenían un papel subsidiario, de apoyo a la creación de nuevas instituciones paralelas que pretendían abarcar a lo que llamaremos la gran Euskal Herria, en la nueva estrategia soberanista, proyectada por el tándem PNV-EA, son las instituciones democráticas las que adquieren papel protagonista, de manera que se parte de ellas para subvertirlas desde dentro.

Es curioso cómo, a este respecto, la nueva estrategia funda su legitimidad ni más ni menos que en la Constitución y el Estatuto, tal como se puede leer en la Resolución de la Comisión para el Autogobierno Vasco, aunque con ese fin haya de dar unos cuantos saltos mortales más que discutibles. La soberanía del 'Pueblo Vasco', y el reconocimiento de su existencia como pueblo, estarían ya recogidos en esos textos constituyentes, de ahí que las instituciones emanadas de ellos tengan poder para adoptar las decisiones de futuro que como tal pueblo le son legítimas. El órdago sobre el cumplimiento del Estatuto, que estaba ya incluido en el discurso de investidura del lehendakari, no supondría otra cosa que la puesta en acto de esa legitimidad constituyente que el Gobierno español estaría obstaculizando de forma ilegítima. El Estatuto es ley aprobada y se cumple, y es además fuente de una soberanía que no se agota en él. Entre Lizarra I y Lizarra II hay, por lo tanto, sensibles diferencias

Lizarra I era un despropósito que se estrelló contra una doble realidad: la realidad del país y la obstinación de ETA. Lizarra II es otro despropósito, que se pretende mejor articulado y dominado por el nacionalismo institucional y que seguramente chocará con los mismos escollos. Goza del beneplácito de Batasuna, que la ha saludado como una 'propuesta de mínimos', y no es impensable que se pueda ir preparando otra tregua, aunque ésta es una especulación innecesaria. También desde el discurso de investidura, el tripartito ha reducido a ETA a problema policial y ha hecho suyo su programa con el fin de desactivarla políticamente. No está claro que vaya a conseguirlo, y los resultados del 13-M necesitan ser revalidados para disipar el fantasma de que fueran un accidente coyuntural.

El temor a que la Ley de Partidos vuelva a activar políticamente el mundo de ETA ha podido ser el detonante de este apretón de acelerador de una estrategia que, repito, estaba ya dibujada de antemano. El tripartito ha decidido dar un golpe de Estado institucional cuyos resultados son imprevisibles. El Estado de derecho no puede consentirlo, y la ciudadanía habrá de valorar los resultados desestabilizadores que se deriven de ello. En cuanto a los partidos no nacionalistas, no han de perder la calma y caer en la trampa. Sí deben elaborar una estrategia, renovada y con contenido, para preparar una alternancia que devuelva a este país a los parámetros de racionalidad y estabilidad que hace tiempo ha perdido.

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