Vertidos, purines y residuos tóxicos

La Generalitat se ha convertido en el 'principal obstáculo' de la Fiscalía de Medio Ambiente en el momento de perseguir los delitos medioambientales, hasta el punto de que en la memoria de 2001 del citado organismo se afirma que la actitud de la Administración catalana 'raya' en el delito. José Joaquín Pérez de Gregorio, fiscal de Medio Ambiente de Cataluña, dice que esta actitud de la Generalitat es 'altamente alarmante' y llega a 'extremos inadmisibles que rayan en la denegación de auxilio a la justicia', lo cual constituye un delito.

En esa memoria, Pérez de Gregorio se queja de la 'lenidad' de las administraciones públicas medioambientales catalanas 'a la hora de denunciar ante la fiscalía y los restantes órganos judiciales los delitos medioambientales, de los que tienen perfecto conocimiento por razón de sus funciones y competencias legales'.

La memoria de la fiscalía asegura que la consecuencia de esta actitud es la 'progresiva disminución de denuncias a lo largo de los últimos años y que ha llegado en 2001 al extremo de que no se ha formulado denuncia alguna por parte del Departamento de Medio Ambiente'.

El fiscal apunta que esta actitud de la Generalitat contrasta con las 'numerosísimas actividades con repercusión medioambiental presuntamente delictivas de las que el citado departamento tiene conocimiento y, sin embargo, por razones que se escapan a la comprensión de esta institución, se ocultan reiteradamente a la actuación del ministerio público'.

El fiscal Pérez de Gregorio cita una lista de actividades presuntamente delictivas entre las que destacan las 'industrias contaminantes que funcionan con absoluta ilegalidad administrativa en numerosas poblaciones catalanas', los 'vertederos ilegales de residuos tóxicos y peligrosos o que constituyen grave riesgo de incendio forestal' y las 'granjas ilegales de cerdos que vierten los excrementos de forma absolutamente ilegal en cauces públicos'.

Pérez de Gregorio se queja de que la Agencia Catalana del Agua no ha informado a la fiscalía de 'varios episodios de contaminación por vertidos en las aguas de los ríos Ebro y Llobregat' y que dieron origen al 'millar de inspecciones practicadas' por este organismo de la Generalitat. El fiscal afirma que cuando el Gobierno catalán remite información de presuntos delitos ésta es 'incompleta' y 'oculta documentación comprometedora para la Administración medioambiental' en asuntos como el cobro del canon de saneamiento o las autorizaciones provisionales de vertidos.

El fiscal también se queja de 'la absoluta ausencia de relación institucional, desde hace años' entre la fiscalía y el Departamento de Medio Ambiente'.