El Senado permite a Berlusconi mantener su imperio mediático
La oposición agita pañuelos con los colores de la bandera italiana contra una ley que ven como un atentado a la Constitución
La ley que regulará en Italia el conflicto de intereses fue aprobada ayer en el Senado por 143 votos a favor frente a 110 en contra y dos abstenciones. Las fuerzas de la oposición votaron en contra de un texto que permite a Silvio Berlusconi, primer ministro italiano, mantener intacto su imperio mediático, y optaron por una protesta simbólica para subrayar este hecho.
De las filas del centro-izquierda se alzaron decenas de pañuelos tricolores, como la enseña italiana, mientras los senadores entonaban el himno nacional en señal de protesta por el supuesto atentado a la Constitución que representa la nueva ley.
Los partidos de la coalición de Gobierno defendieron el texto como una aproximación realista al tema y hasta se recurrió a los ejemplos futbolísticos en ambos bloques políticos.
La oposición habló de una ley Moreno, en referencia al colegiado (odiado en Italia) Byron Moreno, que arbitró el partido del Mundial entre Italia y Corea del Sur.
Los partidos del Gobierno hablaron de una ley Collina, en referencia al colegiado italiano Luigi Collina que arbitró la final del Mundial.
La ley -que ha concluido prácticamente su recorrido parlamentario, a falta de una última lectura que no prevé cambios en la Cámara de Diputados- considera compatible con el cargo de ministro o jefe del Gobierno la propiedad de empresas, incluidas las de comunicación de masas. Impide, en cambio, el acceso a cargos públicos a los que se ocupan de la gestión empresarial.
Los casos de incompatibilidad están regulados en el artículo 2º del texto. Para evitar cualquier desviación en el funcionamiento del Ejecutivo, la ley incluye sanciones para aquellos que usen el cargo público en beneficio personal o de sus allegados. Dichas sanciones pueden llegar a la retirada de las concesiones de televisión.
Los encargados de controlar el cumplimiento de la ley son, por un lado, la Autoridad de la Libre Competencia, y, de acuerdo con la modificación introducida en el Senado, la Autoridad de las Telecomunicaciones, esta última con la tarea expresa de vigilar el funcionamiento de las cadenas de televisión y las empresas editoriales propiedad, en este caso, del jefe del Gobierno italiano.
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