"Hablamos de democracia"

La democracia paritaria, término acuñado a principios de los noventa en la Cumbre de Atenas, pretende subrayar la urgente necesidad de mejorar nuestro sistema de representación política, incorporando al mismo a las mujeres, verdaderas ausentes a lo largo de la historia en el espacio público de toma de decisiones.

Las mujeres avanzamos mucho después de conseguir el derecho al voto y la categoría de 'electoras', la segunda fase de esta tarea es conquistar también la posibilidad de ser elegidas, pues aunque no lo prohíbe ninguna ley -al menos en nuestra civilización occidental y desarrollada- existe una clara resistencia de orden cultural que dificulta enormemente su acceso a la toma de decisiones: el famoso techo de cristal.

Las mujeres no son un grupo social, ni un colectivo, sino que constituyen más de la mitad de la ciudadanía

Las mujeres sufren en todas las sociedades, aunque con grandes diferencias, niveles altos o muy altos de desigualdad, cuya raíz, partiendo de una simple diferencia biológica, es ancestral, muy profunda y de índole estructural. Alrededor del sexo femenino se elabora toda una construcción filosófica, religiosa e ideológica de inferioridad de las mujeres con respecto a los hombres que trasciende el hecho biológico diferencial y constituye una de las discriminaciones más flagrantes de la historia de la humanidad.

Ni siquiera el desarrollo económico y de los sistemas democráticos, el acceso de las mujeres a la educación y su mayor presencia en el mundo profesional, son elementos suficientes para vencer las enormes trabas que hoy por hoy padecen la mayoría de ellas en su camino hacia la igualdad.

Ya forma parte del consenso -al menos en los países de la Unión Europea- la necesidad de intervenir desde la política con medidas que allanen ese camino. No es ni más ni menos que poner en práctica aquella reflexión tan cargada de sentido común: 'No se puede tratar igual a quienes son desiguales'. De esa idea parten todas las estrategias de acción positiva que aplicamos en muchos de los Estados miembros de la Unión Europea, en la política de empleo, de formación, etcétera.

La representación política es uno de los ámbitos que más se resisten a la presencia significativa de mujeres. Sólo tenemos que echar un vistazo a nuestros Gobiernos y Parlamentos para comprobar cómo la desigualdad se hace patente en todos los terrenos: en los Gobiernos autonómicos la media de presencia de mujeres es de un 19,10%, y en el conjunto de los altos cargos de la Administración, con el Gobierno de la nación incluido, es de un 16,05%. Las mujeres, además, son el 10,09% de quienes tienen las alcaldías de los ayuntamientos, y el 21,10% de las concejales. Si miramos a los Parlamentos la situación mejora pero no es equilibrada, puesto que la media de todos los Parlamentos autonómicos es de un 31,55%, y no llega al 30% en el Parlamento nacional.

La democracia moderna no debe seguir permitiendo esta desigualdad, que como ya señalamos se repite con mayor o menor intensidad en todo el mundo. Tampoco puede permitirse desperdiciar el caudal de experiencias, capacidades e ideas que de hecho aportan las mujeres.

Nuestra Constitución nos 'obliga' a garantizar la igualdad entre los sexos en su artículo 14, y, en su artículo 9.2 convierte en deber de los poderes públicos remover los obstáculos que la dificultan, avanzando, de esta forma, en el desarrollo de una democracia de calidad. Para hacer real la libertad de elección de quienes son representados nuestro sistema debe asegurar la pluralidad, y ofrecer al cuerpo electoral la posibilidad de votar a hombres y a mujeres. Hasta hace muy poco tiempo en la práctica sólo se podía votar a los hombres porque eran los únicos presentes en las candidaturas electorales. La paridad, como instrumento para garantizar la presencia equilibrada de los sexos, es por lo tanto más democrática y permite una mayor capacidad de elección.

En contra de alguna idea reaccionaria, que es recurrente en este debate, debemos aclarar que las mujeres no son un grupo social, ni un colectivo, sino que constituyen más de la mitad de la ciudadanía. La desigualdad por razón de género cruza todas las categorías, clases sociales, nacionalidades, edades, razas, etnias, confesiones religiosas, orientación sexual, etcétera, por eso la democracia paritaria no tiene nada que ver con la democracia orgánica.

La democracia del siglo XXI servirá para completar un concepto de ciudadanía que se construyó sin tener en cuenta ni la realidad, ni los intereses, ni los anhelos de las mujeres. Ahora queremos incorporarnos a la política como sujetos activos del pacto y no como meras espectadoras, objeto del pacto de otros.

Por eso el PSOE ha propuesto garantizar la presencia significativa de mujeres de todas las procedencias e ideologías y no sólo de aquellas que, en las filas de la izquierda, y a través de los Estatutos actuales de sus partidos (artículo 9.k en los Estatutos del PSOE, y 14 en los de Izquierda Unida), tienen asegurada su presencia en las listas. El Grupo Parlamentario Socialista presentó a finales del año 2001 en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para modificar la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, de forma que en el futuro todas las candidaturas garanticen la presencia equilibrada de hombres y mujeres (ni menos de un 40% ni más de un 60% de cada uno de los sexos).

El éxito de esta propuesta dependerá del conjunto de las fuerzas políticas que deben considerarla con especial interés, puesto que, avanzar en esta línea, garantizando la paridad por ley, contribuirá, estamos seguras, a mejorar la democracia porque nos compromete a todos y todas con la igualdad, y con la apuesta por un modelo de ciudadanía que en la práctica será más completo, más rico y más justo.