Iniciativa per Catalunya solicitará la apertura de juicio oral contra el Banco Santander

El presidente de Iniciativa per Catalunya (IC), Joan Saura, está dispuesto a seguir adelante con el caso de las cesiones de crédito del Banco Santander, por lo que solicitará la apertura de juicio oral. Para sufragar los gastos del macrojuicio que se avecina, Saura abrirá una suscripción popular en la que espera recaudar los 36.000 euros que estima necesarios para afrontar los gastos del proceso. Pedirá a alguien 'de reconocido prestigio' que actúe como garante en la utilización de esos fondos. El banco recurrirá hoy el auto solicitando la nulidad del mismo.

IC se mantiene como acción popular en el caso junto con la Asociación para la Defensa de Inversores y Clientes, después de que tanto el fiscal como el abogado del Estado hubieran solicitado el archivo. En su contra, la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios emitió el pasado viernes un auto por el que imputa al presidente del Santander, Emilio Botín, y a otros cuatro altos directivos de la entidad de 138 delitos fiscales. En ese auto, la juez pedía que se formulase la acusación para la apertura del juicio oral o el sobreseimiento.

Mientras el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, ha recurrido este auto, el abogado del Estado ha decidido limitarse a formular alegaciones sobre este último recurso. En esas alegaciones, el abogado del Estado, representante de los intereses de Hacienda, insistirá en que no aprecia delito por parte del banco y que sólo considera que se debe proceder contra una decena de titulares de las cesiones de crédito. El Santander, por su parte, tiene de plazo hasta hoy para recurrir el auto de la juez.

Saura denunció ayer la inhibición por parte del Gobierno en este caso. Le solicitó que 'rectifique y deje de situarse de parte del Banco Santander', según Saura. Aseguró que la Agencia Tributaria es responsable última de las decisiones del abogado del Estado y, por tanto, de la petición de archivo del caso. La Ley de Asistencia Jurídica al Estado, en su artículo 7, exige que cuando se desista en un procedimiento penal se recabe un informe del departamento afectado, en este caso, de la Agencia Tributaria. Fuentes de Hacienda sostienen que no es así y que la decisión es mantenerse al margen.

El diputado de IC insistió en que su presencia en este asunto responde a que 'no se podía dejar morir el caso de fraude fiscal más importante de la democracia'. Si Hacienda o el fiscal actuaran en defensa de los intereses públicos, 'nosotros nos retiraríamos', añadió. Como ya hizo en anteriores ocasiones, Saura pidió que el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, traspase el caso a la Fiscalía Anticorrupción, porque es de su competencia. Saura solicitará al respecto la comparecencia de Cardenal en el Congreso.