España entregará extrajudicialmente a EE UU a los miembros de Al Qaeda que intercepte en alta mar

El pasado 16 de junio, la fragata española Victoria

interceptó cerca de Somalia a un cargero sospechoso de trasladar a terroristas de Al Qaeda procedentes de Yemen. Tras más de 12 horas de seguimiento, los marinos españoles inspeccionaron el buque, con autorización de su capitán, y fotografiaron a los doce tripulantes. Sus fotos y documentos personales fueron transmitidos vía satélite al servicio de inteligencia del Mando Naval de la Operación Libertad Duradera, en el cuartel general de la Quinta Flota de EE UU en Bahrein.

Al cabo de una hora aproximadamente, los servicios de inteligencia de EE UU, los mismos que habían alertado de la presencia del buque sospechoso en la zona donde patrullaba la fragata española, comunicaron que entre los tripulantes no estaban las personas buscadas y el carguero podía seguir su ruta.

Pero ¿qué habría ocurrido si se hubiese confirmado la presencia de presuntos terroristas a bordo del barco? Los miembros de las Fuerzas Armadas españolas carecen de autoridad para detener a nadie. Ni en suelo español ni en aguas internacionales. A bordo de la Victoria no navega ningún guardia civil o agente de la autoridad. Sólo en caso de defensa propia o delito flagrante, podrían los militares, como cualquier ciudadano, detener a alguien para entregarlo a un policía o un juez.

Todas las fuentes consultadas coinciden en que, si esa situación se hubiera dado o se diese en el futuro, los marinos españoles tienen instrucciones de retener el buque afectado y esperar la llegada de agentes de EE UU para que se hagan cargo de los sospechosos.

Pero esa solución es jurídicamente muy discutible. EE UU está aplicando a los presuntos miembros de Al Qaeda un trato que viola todos los convenios internacionales suscritos por España. Salvo casos excepcionales, no hay orden judicial de detención. Se les interna en la base de Guantánamo (Cuba) sin que durante un tiempo indefinido se presente cargo alguno contra ellos o se les permita la asistencia de abogado. Ni siquiera se les aplica el estatuto de prisioneros de guerra. EE UU no reconoce al recién creado Tribunal Penal Internacional, cuya jurisdicción sí acepta España. Además, pueden ser condenados a muerte, lo que por sí solo obligaría a España a negar su eventual extradición.

'Se trata de un terreno muy resbaladizo', admiten fuentes diplomáticas. En efecto, la entrega extrajudicial a EE UU de personas retenidas en aguas internacionales por parte de militares españoles se da de bruces con la legislación española.