El Gobierno vasco considera 'intolerables' las amenazas y pide a la sociedad que reaccione

El Gobierno vasco hizo ayer -minutos después de que el PSE anunciara que se va a movilizar en la calle contra la campaña de intimidación que sufren sus cargos públicos- un llamamiento expreso a los ciudadanos para que cumplan con su 'deber cívico' y arropen a los amenazados. El portavoz del Ejecutivo autónomo, Josu Jon Imaz, afirmó que las amenazas, los chantajes, las extorsiones y las agresiones que sufren 'los representantes de este pueblo' -'son nuestros representantes', enfatizó- son 'absolutamente intolerables', y pidió al conjunto de la sociedad que muestre 'su apoyo y cercanía con todas y cada una de las personas que se sienten amenazadas'. Y advirtió a Batasuna de que callar es amparar a los violentos.

El Gobierno vasco mostró ayer mismo su apoyo a la concentración convocada por el PSE para este jueves en San Sebastián. Lo hizo su portavoz, Josu Jon Imaz, al término del Consejo de Gobierno de los martes, pocos minutos después de conocerse la iniciativa socialista. Por esa premura y por la ausencia del lehendakari -de viaje en el Sáhara-, Imaz no concretó qué miembros del Gobierno estarán mañana, a las ocho de la tarde, junto a los socialistas en los jardines de Alderdi Eder de San Sebastián. La asistencia o no de Ibarretxe se conocerá hoy mismo, cuando regrese de su viaje oficial.

'El Gobierno siempre apoya cualquier manifestación que en términos democráticos se lleve a cabo para condenar las actuaciones violentas y dar solidaridad a las personas afectadas; por tanto, está de acuerdo con esta concentración, en este caso para condenar las amenazas que sufren los representantes de este pueblo. Son nuestros representantes', dijo Imaz en referencia a las amenazas y agresiones que están sufriendo en los últimos días los cargos públicos socialistas.

'No hemos estado con los brazos cruzados, ni vamos a estarlo nunca, ante las agresiones que sufren [los socialistas] José Luis Vela, en Andoain, Ana Urchueguía, en Lasarte, o el alcalde y los concejales [del PNV] de Larrabetzu', subrayó el portavoz del Gobierno vasco para significar la 'más absoluta repulsa y condena' de su Gabinete a la campaña pro etarra y reiterar el llamamiento a la sociedad para que arrope a los amenazados.

El Gobierno vasco supo de la convocatoria del PSE minutos después de concluida su reunión habitual de los martes, en la que se dio el visto bueno a los acuerdos alcanzados por los partidos la semana pasada en la Mesa de Arkaute precisamente para reforzar la seguridad de los cargos públicos amenazados y para garantizarles el ejercicio de sus tareas de representación. Esos acuerdos los han suscrito todos los partidos salvo el PP, que se retiró de las reuniones de la Mesa de Arkaute a medio camino, y Batasuna, que nunca fue invitada. El Parlamento vasco los ratificó el viernes pasado.

La ausencia del PP

El consejero de Interior, Javier Balza, tiene convocada para mañana una nueva reunión de esta comisión de seguridad. En ella se abordará la elaboración de un plan contra la 'violencia de persecución', en la que entrarían actuaciones como las padecidas la semana pasada por la alcaldesa de Lasarte, Ana Urchueguía, o el concejal socialista de Andoain José Luis Vela.

Los partidos aprobarán ayudas, tanto económicas como de otro tipo, para las víctimas de este acoso proetarra, del mismo modo que las reciben quienes sufren atentados de la banda terrorista. Las ayudas a estos últimos también serán revisadas, teniendo en cuenta las propuestas que la Dirección de Atención a las Víctimas ha recogido de las asociaciones que agrupan a ese colectivo y las sugerencias de de algunas de ellas a título particular.

El PP ya ha advertido de que tampoco mañana acudirá a la cita, y ayer lo repitió el delegado del Gobierno, Enrique Villar. Pese a todo, Balza insistió en hacer un llamamiento al PP y al propio Ministerio del Interior para que se sumen a este foro. Entre otras cosas, porque abordar esas nuevas medidas requiere también, tanto en lo opertivo como en lo económico, del concurso de la Administración central.

Si no acuden, dijo Balza, 'Interior y el PP tendrán que explicar la razón por la que no apoyan un plan contra la violencia de persecución', un plan que él mismo defenderá en el Parlamento vasco.

El consejero

insistió en que la puesta en marcha de las nuevas iniciativas y la atención a las víctimas se debe hacer en un 'panorama institucional conjunto' y que sólo adquirirán valor si toman el carácter de 'una demostración de Estado'. Balza afirmó también que los populares tienen en la convocatoria de mañana una oportunidad de demostrar que 'además de insultar saben trabajar'.

Modificación de leyes

Entre las decisiones adoptadas ayer por el Ejecutivo autónomo está la de encargar al Departamento de Interior que elabore el proyecto de modificación de la Ley Electoral vasca, de modo que se permita actuar como interventores y apoderados en los comicios a personas no residenciadas en Euskadi.

Balza también anunció que se dispone a pedir al Ministerio del Interior una reunión de la Junta de Seguridad, el órgano de encuentro de las Administraciones central y vasca en esa materia. El Gobierno de Juan José Ibarretxe quiere que en esa reunión se aborde una ampliación de la plantilla de la Ertzaintza, a la que el ministro Mariano Rajoy se niega, y la participación de la policía autonómica en los órganos operativos policiales europeos, que también le está vedada. Balza sostiene que ambas cosas son necesarias para mejorar la eficacia de su policía.