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Los acusados de matar a Lluch justifican el crimen y anuncian más atentados contra PP y PSOE

Asumen todas las acciones de ETA pero no reconocen su participación en el asesinato

Iñaki Krutxaga, Lierni Armendariz y Fernando García Jodra, integrantes del comando Barcelona de ETA, justificaron ayer el asesinato del ex ministro socialista Ernest Lluch, aunque se negaron a responder a preguntas relacionadas con los detalles del atentado. Los tres terroristas repitieron mecánicamente idénticas palabras: 'Soy miembro de ETA, estoy orgulloso de serlo y asumo todas las acciones pasadas, presentes y futuras que lleva a cabo la organización armada ETA'. Y anunciaron que mientras el PP y el PSOE se dediquen a firmar pactos, 'cuya apuesta única sea el coflicto y la guerra', tendrán su respuesta.

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Los hechos ocurrieron el 21 de noviembre de 2000, cuando dos terroristas dispararon contra el catedrático y dirigente socialista en el garaje de su domilio causándole la muerte, mientras un tercero cubría la acción y preparaba la fuga. El fiscal pide 54 años de prisión para cada uno por su participación en el asesinato de Lluch, estragos, robo de vehículo y falsificación de documentos.

Además, reclama una indemnización de 464.593 euros para los herederos de Lluch, si bien la viuda, Monserrat Lamarca, declinó personarse en las actuaciones por entender que su marido confiaba en la suficiencia de la acción pública para conseguir que se administrase justicia.

En la vista, Krutxaga dijo que no podía ratificar sus declaraciones ante la policía, en las que reconoció su participación en el crimen e imputó en el mismo a Armendariz y a García Jodra, porque fueron obtenidas por medio de malos tratos y torturas. Y aunque durante su testimonio estaba presente un abogado de oficio -al que no mencionó ningún mal trato-, dijo que no le conocía y que podía ser cualquiera.

Orgulloso de ser de ETA

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Acto seguido afirmó: 'Soy miembro de ETA, estoy orgulloso de serlo y asumo todas las acciones, pasadas, presentes y futuras que lleva a cabo la organización armada ETA'.

El fiscal le preguntó: ¿Eso quiere decir que asume el asesinato de Ernest Lluch?'.

A lo que respondió: 'Asumo todas las ekintzas (acciones) que hace ETA'. Y advirtió: 'Mientras el PP y el PSOE se dediquen a firmar pactos cuya apuesta única sea el conflicto y la guerra, por parte de la organización armada, tendrán su respuesta'.

Krutxaga, al igual que luego sus compañeros de comando, se negó a contestar cualquier pregunta sobre detalles del atentado, pero justificó el crimen diciendo: 'Lluch era miembro del Partido Socialista español, que durante varios años fue miembro del Gobierno español, que apoyó y financió los GAL, que instigó y apoyó la tortura y la dispersión'.

Fiscal. ¿Quiere decir que está conforme con el asesinato?

Krutxaga. Quiero decir que si fue objetivo de ETA, fue por eso.

F. ¿Decidió usted el asesinato de Lluch?

K. No le voy a contestar a eso.

F. ¿Las personas que le acompañan en el banquillo?

K. No le voy a contestar a eso.

F. ¿La dirección de ETA?

K. No le voy a contestar a eso.

A Krutxaga, en el momento de su detención, le ocuparon la pistola con la que se disparó sobre Lluch. El fiscal le preguntó si tenía alguna manifestación de descargo que quisiera hacer al respecto. 'No', dijo secamente.

Las declaraciones de García Jodra y Armendariz fueron una repetición, punto por punto, de lo ocurrido con Krutxaga. Armendariz incluso rizó el rizo por su orgullo de pertenecer a ETA y dijo que asumía las acciones de la organización cometidas antes de que ella hubiera nacido.

Del atentado no quisieron contestar nada. Como le fue ocupada un arma tras ser detenida por dos policías urbanos de Barcelona, Armendariz dijo que era normal que una militante de ETA lleve armas.

Los tres procesados provocaron su expulsión de la sala poco después, cuando testificaba un policía que, según Armendáriz, había participado en las supuestas torturas que le fueron infligidas. El juicio se reanuda hoy con los testimonios de los policías que detuvieron a los etarras.

Por otra parte, el etarra Kepa Badiola, de 42 años, quedó ayer libre tras ser expulsado por Francia en la frontera de Port Bou (Girona), donde fue recibido por algunos familiares, informa Vasco Press. Badiola comenzó el 3 de junio pasado una huelga de hambre en la prisión de Fresnes, donde terminó ayer de cumplir una pena de ocho años por asociación de malhechores, para protestar por su posible entrega a España. Las acusaciones existentes contra Badiola en España ya habían prescrito por lo que la policía no le arrestó.

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