Una doctora de un ambulatorio de Aluche, juzgada por una supuesta imprudencia médica

La juez de Instrucción número 40 de Madrid, Rosario Esteban Meilán, ha ordenado juzgar a una médica de un ambulatorio de Aluche por un presunto delito de imprudencia grave con resultado de muerte. La fallecida, de 71 años, acudió al ambulatorio el 25 de abril de 2001 aquejada de fuertes dolores intestinales. La médica le prescribió un laxante y la mandó a casa. Horas después, la paciente fallecía por una infección generalizada provocada por una oclusión intestinal. La juez ha ordenado abrir juicio pese a que el fiscal ha pedido el archivo de la causa.

El delito de imprudencia grave con resultado de muerte, pedido por la acusación particular y que ha estimado la juez, es el más grave al que puede enfrentarse un médico en el ejercicio de sus funciones. Según el artículo 142.3 del Código Penal, este delito puede ser condenado con hasta cuatro años de cárcel. De momento, la juez ha impuesto a la facultativa una fianza de 60.000 euros por la responsabilidad civil en la que podría haber incurrido.

Los hechos que van a ser juzgados se remontan al 25 de abril de 2001. Aquel día, Francisca acudió de urgencia, junto a su nuera, al ambulatorio de Aluche. 'Mi suegra sufría unos dolores insoportables en el vientre, vómitos y mareos. Era muy raro, porque ella nunca se quejaba. Unos meses antes se había caído y fisurado el húmero. Pues ni entonces se había quejado tanto como aquel día', recuerda la nuera.

La médica que atendió a Francisca diagnosticó que los dolores estaban causados por gases acumulados en el aparato digestivo. Como el problema podía deberse a un estreñimiento, la facultativa le recetó un laxante y la mandó de vuelta a casa.

La nuera de Francisca recuerda aquella visita con desagrado: 'La médica no quiso hacerle más pruebas pese a mi insistencia. Dijo que aquello no era nada y llamó quejica a mi suegra porque no se dejaba tocar el vientre por el daño que le hacía', asegura.

Infección de la sangre

Unas 24 horas después de la consulta médica, Francisca murió en su casa. Según la autopsia, la mujer falleció porque las heces acumuladas en el aparato digestivo se pudrieron, rompieron el intestino e infectaron la sangre.

A partir de esta autopsia, la defensa y la acusación particular interpretan de forma muy diferente lo que sucedió en la consulta médica. La acusación particular considera que la médica incumplió los procedimientos que estaba obligada a seguir. 'Un médico debe realizar las pruebas necesarias para, a partir de unos síntomas, determinar qué patología se sufre. La médico no lo hizo, ya que una simple radiografía habría salvado la vida a la fallecida', explica Juan Llamazares, abogado que la Asociación de Víctimas de Negligencias Médicas ha puesto a disposición de la familia.

El informe del forense señala que los síntomas de una oclusión intestinal son siempre fáciles de identificar: un vientre muy dolorido y muy tenso. Médicamente, esta situación suele llamarse 'vientre en tabla'.

Según la nuera de la fallecida, la médica no le llegó a palpar el vientre : 'A mi suegra le dolía tanto que no se dejó. La médica insistió en que aquello eran sólo gases y no quiso hacerle más pruebas', afirma.

El abogado de la defensa, Alberto Salván Sáez, considera, por el contrario, que la facultativa actuó adecuadamente: 'El informe del forense, basado en el informe médico de urgencias, dice que el vientre estaba blando', asegura. 'Si el vientre estaba blando, no había síntomas que pudieran indicar una oclusión intestinal. Entonces, no eran necesarias más pruebas', agrega el letrado.

El ministerio fiscal, visto el informe del forense, concluyó que no hay motivos para juzgar a la médico, y ha solicitado el archivo del caso. Pero la acusación particular pidió a la juez la apertura del juicio porque considera que 'una oclusión intestinal no surge de un día para otro'. 'La médico falló al no usar los recursos que tenía a mano para hacer un diagnóstico correcto', afirma el abogado de la acusación particular.

La juez ha estimado ahora los argumentos del abogado de la familia y ha decretado el inicio del juicio para aclarar si el hecho de que la médica no ordenara la radiografía constituye un delito de imprudencia grave con resultado de muerte.