La oscura realidad de las listas de espera

El Ministerio de Sanidad ha optado por elaborar un real decreto para hacer frente a una de las realidades más oscuras de España: las listas de espera. Se trata de la última iniciativa de la Administración estatal desde que el pasado mes de enero terminara de transferir las competencias sanitarias a las comunidades autónomas, a excepción de Ceuta y Melilla. La realidad de las listas de espera cambia constantemente, pero lo que no cambia es el escaso conocimiento que la sociedad tiene de la magnitud del problema. Más aún, hoy por hoy, es imposible dimensionarlo.

El propio defensor del pueblo pudo comprobarlo cuando hace unos meses 'estimó necesario llevar a cabo una investigación de carácter general en orden a obtener una valoración real de la extensión de las listas de espera dentro del sistema nacional de salud'. Los resultados de dicha investigación, presentados la semana pasada, se limitan a señalar casos flagrantes de espera en unas clínicas y hospitales determinados.

'Lo importante no es cuántos esperan, sino cuánto tiempo y cómo', dice un informe

El decreto obliga a las comunidades autónomas a homologar los criterios de medida de las listas

Las dificultades surgen porque cada comunidad tiene unos criterios diferentes de inclusión en lista de espera de sus pacientes; porque, además, no coinciden las fechas en las que se realizan los recuentos de los mismos; porque tampoco los clasifican igual, sino que unas lo hacen por número de pacientes y hospitales y otras por tiempo de espera y especialidad médica... En definitiva, no tiene sentido sumar los 35.379 pacientes en lista de espera de Cataluña (a diciembre de 2001) con los casi 25.000 de Andalucia (a 1 de junio de 2002). Así no se puede hacer un cómputo global porque sería como sumar pesetas y euros. El resultado es una total oscuridad. Una realidad que, preocupando a la mayor parte de la sociedad, permanece oculta. Pero se acabó.

El Ministerio de Sanidad se ha comprometido a generar los mecanismos que permitan conocer y hacer un seguimiento continuado y general de la situación. Para ello ha elaborado un real decreto, que entrará en vigor en menos de dos meses, y que pretende poner orden en la vorágine de las demoras sanitarias, obligando a las comunidades autónomas a homologar los criterios de medida.

'Lo que no puede ocurrir es que haya 17 microservicios de salud distintos, uno por comunidad autónoma', señala Rubén Moreno, secretario general de Sanidad y presidente del Insalud. Pero es exactamente eso lo que ocurre ahora. 'Por eso', añade, 'se trata de coordinar toda la política sanitaria'. La iniciativa, que era ya una antigua reivindicación de los sindicatos, está basada en los informes realizados para el Consejo Interterritorial -único órgano del Ministerio que aglutina a todas las comunidades autónomas- por un grupo de expertos en listas de espera.

Dichos informes ponen en entredicho, sin embargo, algunas de las acciones puntuales que se han venido realizando para reducir las interminables demoras, que empezaron a aparecer en los años noventa y que han ido in crecendo hasta hoy.

Peonadas, en las que los medicos adelantaban trabajo operando por la tardes a cambio de un incremento salarial, equipos ambulantes que se desplazaban a hospitales saturados desde otros que no tenían acumulación de pacientes, incluso se han presentado a concurso público lotes de operaciones pendientes para que las realizase la empresa privada que ganara el concurso... Medidas distintas en cada comunidad y ajustadas a políticas concretas y diferentes, pero en contra de lo recomendado en el propio informe realizado para el ministerio: 'Las actuaciones aisladas no son eficaces y tienen efectos colaterales. La reducción de las listas de espera pasa por un abordaje integral y por una gestión de las mismas basada en la priorización de pacientes según su necesidad clínica y social'.

María José Alende, responsable federal de sanidad de CC OO, lo expresa más directamente: 'El problema de las listas de espera no se ha afrontado correctamente. Se han invertido importantes recursos económicos para drenarlas y no han servido de nada. Son necesarias medidas estructurales'.

La cifra más global conocida de pacientes en lista de espera tiene fecha de 31 de diciembre del año pasado, corresponde a las comunidades que se encontraban aún dentro del territorio Insalud -Asturias, Cantabria, La Rioja, Castilla y León, Aragón, Madrid, Castilla la Mancha, Extremadura, Murcia, Baleares y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla- y sólo se refiere a la lista de espera quirúrgica, no a la diagnóstica, normalmente más numerosa. Por aquel entonces, y con todas esas necesarias puntualizaciones, el número de pacientes esperando era de 158.883 y los servicios más saturados eran los mismos que hoy en la mayoría de las comunidades: traumatología y oftalmología, seguidas de cirugía general y urología. Cómo ha evolucionado la situación globalmente desde entonces es un misterio, porque no han existido instrumentos para cuantificarla.

No obstante, el mismo informe señala que lo importante es el tiempo que se espera y la situación en que se hace, no tanto el número de personas acumulado: 'Será mejor un sistema en el que 1.000 personas esperan sólo 60 días, que aquel en el que 500 esperan seis meses', explica Oriol Morera, miembro del grupo de expertos que elaboró el informe.

Todos los agentes implicados coinciden en que, una vez dimensionado el problema de las listas de espera de manera homogénea y con criterios comunes, el objetivo debe ser reducirlas. La polémica está en cómo hacerlo y eso ya es una cuestión autonómica.

Esta misma semana, la Comunidad de Madrid presentaba el llamado plan de calidad mediante el cual pretende garantizar al ciudadano que, una vez superado el tiempo máximo de espera, podrá reclamar su derecho a ser operado en un centro privado corriendo los gastos a cuenta de la Administración.

'No es tan importante quién lo hace sino quién la paga', dice Morera, que se muestra de acuerdo con la filosofía de este plan.

Sin embargo, los sindicatos muestran un enorme recelo hacia este tipo de gestiones. 'Todo esto forma parte de un posicionamiento político de fondo que tiene como objetivo potenciar la sanidad privada y ahondar en el deterioro de la sanidad pública', comenta Pilar Navarro, responsable de la Secretaría Federal de UGT, que asegura que en sólo tres años el presupuesto destinado a sanidad concertada se ha duplicado de 4.000 a 8.000 millones.

'Se les está dando a los médicos la gallina de los huevos de oro: no hace falta que se esfuercen en agilizar su trabajo por la mañana porque así tendrán más clientes en su consultas de por la tarde', explica un responsable sindical de UGT del Hospital Clínico San Carlos de Madrid.

Según el director general de Asistencia Sanitaria del Sistema Andaluz de Salud, 'la solución pasa por comprometer e implicar a los profesionales en la optimización de la sanidad pública, incentivándolos en relación a los resultados obtenidos'.