La oposición pide responsabilidades al PP por el 'caso Santander'

PSOE e IU criticaron ayer al Partido Popular a raíz de la imputación de 138 delitos fiscales a cinco directivos del Banco Santander, entre ellos Emilio Botín. El PSOE cree que la cantidad de escándalos en la escena política es excesiva y augura que esos asuntos centrarán el debate sobre el estado de la nación. IU cree que el nuevo escándalo prueba que la política del PP lleva a la 'impunidad fiscal' de los sectores influyentes.

El secretario de Organización de los socialistas, José Blanco, auguró que este escándalo centrará la actualidad de las próximas semanas. Además de aludir al auto de la juez Teresa Palacios, Blanco se refería concremente a la imputación del ex conseller valenciano de Obras Públicas, Luis Fernando Cartagena, cuya salida del PP exigieron los socialistas valencianos.

Cartagena figura en el auto sobre el caso de las cesiones de crédito del Banco Santander como titular de cesiones crediticias que presuntamente defraudaron a Hacienda durante los ejercicios 1988 y 1989. El auto, que el banco aún no había recibido ayer y se espera que lo conozca mañana lunes, reaviva el caso que inició el juez Miguel Moreiras en 1992 por presuntos delitos de falsedad en documento mercantil, estafa y delito contra la Hacienda Pública.

El PSOE valenciano considera que la aparición del nombre de Cartagena en el auto es motivo suficiente para que el presidente de la Generalitat valenciana, Eduardo Zaplana, decida apartarlo del Partido Popular y retirarlo de sus funciones en el Consejo de Salud de Valencia, único cargo público que ocupa actualmente. Si no lo hace, según el portavoz del grupo parlamentario socialista en esa comunidad, Joaquim Puig, 'todas las sospechas de connivencia van a estar también sobre él [Eduardo Zaplana]'.

A estas palabras respondió rápidamente el secretario de Política Económica del PP, Vicente Martínez-Pujalte. En un nuevo intento de afrontar las críticas recurriendo al pasado, Pujalte aseguró que el auto no afecta a su partido, ya que Moreiras abrió el caso en 1992 y el PP no accedió al poder hasta 1996. Pujalte defendió a Cartagena, que 'no tenía ninguna responsabilidad de gobierno' en 1995.

Para Izquierda Unida, lo más grave no es la imputación del presidente del Santander, Emilio Botín, por cometer presuntamente 138 delitos fiscales, sino el apoyo que este tipo de comportamiento recibe del Gobierno del PP. 'Resulta paradójico que, lejos de perseguir a los defraudores, los apoye y pida que se sobresea el caso', dijo el coordinador general, Gaspar Llamazares, quien sostuvo que el presidente del Ejecutivo, José María Aznar, ha logrado con la última reforma del IRPF que se 'legalice la ilusión y el fraude fiscal'.