Vigor democrático

Mañana entra en vigor, tras su publicación en el BOE, la nueva Ley de Partidos, que abre paso a la eventual ilegalización judicial de Batasuna. La frontal oposición de los partidos nacionalistas plantea un problema político, pero ello no resta legitimidad a una ley que nace con el apoyo del 95% de los diputados; es decir, de los representantes legítimos de la sociedad española, incluyendo la mayoría de los diputados vascos: 11 de ellos han votado a favor de la ley y 8 en contra. Si en el cómputo se incluyera a Navarra, la relación sería de 16 a 8 a favor de la ley. No sólo son vascos los nacionalistas.

Anasagasti se ha quejado de la exclusión de su partido en las negociaciones para sacar adelante la ley. En un tema tan delicado habría sido deseable contar con el respaldo del PNV. Sin embargo, la experiencia indica que ese partido nunca ha apoyado de entrada iniciativas tendentes a acabar con la impunidad del nacionalismo violento. A veces las ha apoyado tiempo después (como en el caso de las extradiciones), pero en principio siempre se ha opuesto. Es lógico buscar el apoyo del nacionalismo democrático, pero sin someterse a su ritmo. Su argumento principal de que la ley criminaliza las ideas y no sólo los comportamientos violentos lo ha mantenido inalterable antes y después de que se aprobaran las enmiendas de CiU y el PSOE destinadas a depurar cualquier ambigüedad al respecto. Luego cabe dudar de que hubieran apoyado no ésta, sino cualquier ley. Y la idea de que es innecesaria porque ya existe la posibilidad de ilegalización por la vía del Código Penal resulta un sarcasmo a la vista de sus reacciones ante cada paso del juez Garzón en esa dirección.

Otro argumento es la dudosa eficacia de la ley para acabar con ETA. Puede ser, pero a veces hay que tomar iniciativas no sólo por los efectos positivos que se esperan, sino para evitar los negativos de no hacer nada. En contra del criterio expresado por los obispos vascos, si se demostrase la vinculación entre ETA y Batasuna y no se hiciera nada se estaría contribuyendo a la desmoralización ciudadana, componente esencial de la estrategia terrorista de deslegitimación de las instituciones y desistimiento de la población.

Si se demuestra que detrás de Batasuna están las pistolas de ETA, ese partido no puede ser legal. No puede serlo mientras refuerce sus argumentos con lo que Otegi ha denominado 'persuasión armada' y considere legítimo el acoso o la eliminación de los electos o candidatos de los demás partidos. Una formación política que actúe como parte de un proyecto de intimidación colectiva no puede financiarse con fondos públicos ni beneficiarse de las otras ventajas de la legalidad. Evitar esos abusos es lo que la ley plantea, y de ahí que resulte tan ofensivo que los electos nacionalistas consideren que su aprobación supone un 'ataque directo a la libertad ideológica' y una 'agresión sin precedentes al pluralismo político'. Que le pregunten a la alcaldesa de Lasarte.