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COLUMNA

Bajo el síndrome de la invasión

Ante las resistencias encontradas a sus propuestas iniciales de sancionar a los países terceros que no colaboren en la lucha contra la inmigración ilegal, la presidencia española de la UE las diluyó en Sevilla; pero no lo suficiente. Pese a su insistencia en la cooperación, el Consejo Europeo está en un error de diagnóstico. Los países en vías de desarrollo suelen carecer de los instrumentos necesarios para luchar contra las redes de trata de personas, y no digamos ya para controlar unas fronteras que a menudo sólo existen en los mapas, no en la práctica. Incluso si se eliminaran estas redes, la inmigración ilegal seguiría llegando a nuestra tierras debido al desnivel económico que existe entre la UE y la mayor parte de su vecindad.

Es impensable que la globalización abarque los capitales, los servicios, los productos e incluso el turismo pero impida a las poblaciones moverse de zonas pobres a otras ricas que, por añadidura, no dejan a las economías atrasadas competir con ellas: las subvenciones a la agricultura de los países más ricos equivalen al PIB de toda el África subsahariana. Además, las remesas de los emigrantes representan una partida muy importante de los ingresos de los países de origen, sólo inferior al turismo en el caso de Marruecos. Sectores de nuestras economías viven de esa mano de obra no regulada sin que nuestras autoridades persigan suficientemente a los empresarios que la contratan.

Los ilegales (y muchos legales, claro está) han pasado a ser parte esencial del Estado o de la sociedad del bienestar, que los utiliza para cuidar a nuestros ancianos y niños. Además, las administraciones públicas están en parte corruptas; de otro modo, las redes no lograrían tal penetración de sin papeles. No hay duda de que hay que controlar la inmigración irregular; pero lo que se ha puesto de relieve es el fracaso de las leyes de inmigración.

España no llena el cupo oficial de inmigrantes legales mientras se ve desbordada por los ilegales. A la vez, las malas relaciones del Gobierno con Marruecos no animan al país vecino a colaborar contra la inmigración ilegal. El Gobierno del Partido Popular se dispone a borrar la línea que separa a los ilegales de los legales si cambia la ley, y éstos, tras años de residencia, son expulsados si pierden su puesto de trabajo. No es ésa la manera de fomentar su integración.

Europa no podrá parar esta inmigración con medidas policiales o incluso militares, pues Aznar y Blair quieren que hasta la OTAN se meta en ello. Debe optar por el codesarrollo de las sociedades de origen y la integración de la inmigración y la educación de las sociedades receptoras a la (o a una) multiculturalidad, que es la esencia de Europa y que bien entendida significa aunar la expresión de identidades diferentes y lealtades compartidas. Pero eso no se mentó en Sevilla, mientras en algún bar de Madrid ilegales manteros apoyaban a España frente a Corea del Sur.

Poner la inmigración en el centro de los debates de Sevilla ha sido para Aznar una manera de responder al efecto Le Pen y de llenar una presidencia más bien vacía a la que el calendario electoral en Europa no ha facilitado decisiones de gran calado. La cuestión central, que tenía que haber sido la ampliación de la UE, ha quedado en suspenso o se ha quedado en suspenso al menos hasta después de las elecciones alemanas y suecas de septiembre.

Es necesario construir una política de inmigración común para la que tan sólo dos años atrás no había tanta prisa. En Sevilla se han puesto algunos jalones para un control de las fronteras o unas normas comunes de asilo. Pese a haber salido un texto rebajado, en Sevilla se ha confirmado una tendencia peligrosa en la UE: la de empezar a considerar la inmigración como una invasión. No sólo la necesitamos, sino que, como recordaba el diario francés Libération, 'la Gran Muralla nunca detuvo la invasión del imperio chino por los nómadas'.

aortega@elpais.es

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 24 de junio de 2002