Israel amenaza con expulsar a las familias de los terroristas suicidas

El Gobierno de Ariel Sharon amenaza con expulsar de los territorios palestinos de Cisjordania a los familiares de los terroristas suicidas, en un nuevo esfuerzo israelí por disuadir y castigar a los activistas. La decisión está ahora en manos de los asesores jurídicos del Ejecutivo, quienes deberán dictaminar sobre las complicaciones legales e internacionales que comportaría la puesta en práctica de una medida de esta naturaleza.

El Gobierno israelí lleva meses discutiendo sobre las medidas que se podrían adoptar contra los familiares de los suicidas palestinos, con intención de destruir el entorno social que los anima a llevar a cabo los atentados, teniendo muy presente que la muerte convierte a los activistas en shahid (mártir), y a sus familiares, en miembros de una nueva aristocracia palestina, que recibirá la solidaridad y el apoyo económico de las organizaciones caritativas fundamentalistas de todo el mundo.

Tanto la derecha como la izquierda israelí han propuesto en las últimas semanas una serie de iniciativas, que van desde matar a los familiares de los suicidas a retirarles las ayudas sociales, sin olvidar la posibilidad de destruir de manera mucho más sistemática las casas de los parientes, una práctica que se ha convertido ya en habitual. Ayer, finalmente, el Ejecutivo israelí llego a una conclusión: la posibilidad de expulsar a los familiares de los suicidas de los territorios autónomos de Cisjordania. El destino final de estos expulsados podría ser Gaza, con lo que se eludirían conflictos internacionales con los países árabes vecinos.

Convención de Ginebra

'Estamos en guerra y más allá de los métodos defensivos, como la edificación de un muro de seguridad, debemos adoptar medidas ofensivas, como la expulsión de las familias de los terroristas hacia la banda de Gaza', aseguraba ayer Effi Eitam, el ministro sin cartera del Partido Nacional Religioso, el brazo político del movimiento colono y uno de los defensores a ultranza de la expulsión de los palestinos y árabes-israelíes a los países vecinos, para facilitar su ambición bíblica: la anexión de los territorios palestinos de Cisjordania.

La Asociación de Derechos del Hombre en Israel (ACRI) ha reaccionado con dureza contra las amenazas de Sharon, asegurando que una medida de estas características supondría una vulneración de la IV Convención de Ginebra, firmada por Israel, y que prohibe de manera clara 'los castigos colectivos' o 'por crímenes que no se hayan personalmente cometido'.

Por su parte, el presidente Yasir Arafat, que permanece desde hace meses enclaustrado en Ramala, se reunió ayer con los representantes de la comunidad internacional en Jerusalén Este y les pidió el apoyo 'urgente' para frenar la ofensiva militar israelí. Arafat insistió a un grupo de unos 20 diplomáticos que Israel está haciendo lo posible para destruir la Administración autónoma palestina. El presidente explicó con detalle el ejemplo del municipio de Betunia (100.000 habitantes), cuyo ayuntamiento ha sido ya colocado bajo la supervisión de Israel, tras haber sido ocupada por los soldados y blindados.

Pese a ello, un portavoz del Ministerio de Defensa israelí aseguró ayer que de ninguna manera existe la intención de hacerse cargo de la administración civil de los territorios, como había dado a entender recientemente el director general de este mismo ministerio. Una de las razones sería la grave crisis económica que atraviesa Israel. Mientras, el ministerio de Defensa ha llamado a 2.000 reservistas para que controlen las cinco ciudades principales de Cisjordania.