Agró lucha en el marjal de Almenara contra una urbanización en Sagunto

Miembros de Acció Ecologista-Agró volvieron ayer, al igual que hicieron en octubre, a navegar por el marjal de Almenara para luchar contra la urbanización del plan de actuación integral (PAI) G-2 de Sagunto. La exclusión definitiva de los terrenos afectados, ayer totalmente aterrados, en el Catálogo de Zonas Húmedas ha impulsado las obras pese a que los ecologistas han denunciado el proyecto por la vía penal y por el contencioso-administrativa.

En apenas diez días, los terrenos del marjal afectados por la urbanización del G-2 de Sagunto han sido totalmente transformados. Pero los ecologistas no los dan por perdidos. Las última trombas de primavera, a principios de mayo, anegaron el humedal y dejaron los terrenos del G-2 con medio metro de agua, según Enric Amer, portavoz de Agró, el mismo día en que el pleno del Ayuntamiento de Sagunto aprobó el plan de la urbanización.

De hecho, la pancarta que llevaron una docena de activistas en tres barcas proclamaba con letras de un metro 'Marjal soterrada viva', para, en palabras de Amer, 'hacer un triple sos a los juzgados de que es un marjal y no se puede edificar en él, que estos aterramientos son ilegales y que el humedal está vivo por debajo'. Así, afirmó que, tras un año en los juzgados, exigen 'la paralización de las obras ya que, a pesar de que ya han aterrado el 90% del polígono, si se ordena la retirada de la tierra en menos de un año volverá a crecer la vegetación'.

Agró aprovechó que la Sequia Nova, que alimenta tres partidas arroceras de Quartell, Benavites y Sagunto, cruza de norte a sur el G2 y que ambos lados (un metro a uno y dos al otro) son dominio público hidráulico para llevar su protesta al corazón de las obras. Allí corearon protestas contra el consejero de Medio Ambiente, Fernando Modrego, el alcalde de Sagunto, Silvestre Borrás, y el promotor de las obras, Enrique Bañuelos, 'muy relacionado con altos cargos de la administración autonómica y estatal'.

Por otra parte, una treintena de vecinos de La Punta hicieron una protesta en el paseo de la Castellana de Madrid frente a la sede del SEPES el día en que se iba a adjudicar los derribos de las casas en las 70 hectáreas de la huerta de Valencia que ocupará la Zona de Actividades Logísticas. Plantaron un huerto, hicieron un exposición de fotos de la zona que quedará destruida y denunciaron que se van a derribar sus casas antes de los realojos: 'Hay gente que la van a realojar en el cementerio'