Francia y Suecia discrepan del plan de Aznar de castigar a los países que permitan la emigración ilegal

Francia y Suecia se mantuvieron firmes ayer en Luxemburgo al no aceptar que la UE pueda dejar en suspenso sus acuerdos de cooperación con países que no colaboren en la lucha contra la inmigración ilegal y a revisar los créditos que les hayan sido concedidos. Para el ministro español de Exteriores, Josep Piqué, la propuesta presentada en ese sentido por el Gobierno español, con apoyo británico e italiano, es 'una cuestión semántica', pero su colega francés, Dominique Devillepin, le respondió que 'hay que evitar toda política punitiva contra países en vías de desarrollo'. Piqué logró al menos que varios países, como Grecia o Bélgica, rebajaran el tono de su rechazo a esa fórmula. Por eso, aseguró al final de la reunión de Luxemburgo que 'sólo dos países' (Francia y Suecia) mantenían sus reservas y que, en todo caso, 'las posiciones son más próximas de lo que parece'. Asistentes a la reunión, sin embargo, aseguraron que Luxemburgo dejó claro que sostenía 'la misma postura que Francia y Suecia', que Finlandia no apoya la fórmula española y que Portugal expresó grandes dudas, aunque precisó que podía aceptarla.

Las discrepancias, sean de dos o de más países, tendrán que ser debatidas ahora en la cumbre de Sevilla, dado que los Quince no lograron ayer una posición común. 'Decir que sancionaremos a los que no colaboren es ir demasiado lejos', repitió ayer un portavoz francés. Piqué, por su lado, insistió en que, si un país incumple sus acuerdos con la UE, lo lógico es que la Unión 'no se quede cruzada de brazos, sino que reaccione'. El ministro español puso de relieve que en el documento de cinco páginas propuesto hay esas dos referencias (revisión de créditos y suspensión de acuerdos) sobre los que se ha centrado mucho la atención, pero destacó que el informe es 'equilibrado' porque también recoge otros aspectos positivos. En el mismo figuran una serie de condiciones exigibles a los países (tipificar el delito de tráfico de seres humanos, suscribir acuerdos de readmisión de clandestinos o controlar mejor sus fronteras), pero también señala que 'el objetivo general de la política de desarrollo comunitaria es reducir la pobreza y, con el tiempo, erradicarla'.

El francés Devillepin sostiene que, si se castiga a los países pobres, 'se agravará la pobreza y se favorecerá la inmigración de todo tipo'. Para el británico Jack Straw, por el contrario, 'no se trata de cortar las ayudas, sino de adoptar unas reglas adecuadas para que esos países hagan el máximo esfuerzo', porque Europa se enfrenta a muchísimas 'peticiones ilegales de asilo y a un gran flujo de inmigración clandestina'.