Ley ¿de Calidad?, discriminación temprana

En el actual debate en torno a la así llamada ley de calidad en la educación, uno de los ángulos sobre los que menos se ha puesto el foco es el de la educación de los más pequeños. Y conviene hacerlo porque el análisis de las propuestas ministeriales referidas a la educación infantil es muy revelador de la hipocresía que supone llamarle a todo esto calidad.

Hasta la aparición del articulado de la ley, las propuestas ministeriales estaban recogidas en el llamado documento de bases. Allí se mantenía una etapa educativa unitaria de 0 a 6 años, si bien se introducía la salvedad del carácter educativo-asistencial del ciclo de 0 a 3 años. Además, en aquel documento se ponía un fuerte énfasis en el aprendizaje de la lectura, la escritura y el cálculo en la etapa 3-6. Eso era todo en el documento primero, que, como el resto de la propuesta, carecía de un mínimo análisis de la realidad existente y de las supuestas deficiencias actuales que justificaran un cambio en la organización y los contenidos.

'Lo que el ministerio propone dará lugar a una doble red para los más pequeños'

'Aquí, de calidad no hay nada; sólo propuestas basadas en ideas conservadoras'

La propuesta de ley elaborada por el Ministerio de Educación empeora notablemente las cosas. Han tenido tiempo para pensarlo más, pero desgraciadamente no para pensarlo mejor. Para empezar, se rompe la etapa 0-6 definida toda ella por la Ley Orgánica de Odenación General del Sistema Educativo (LOGSE) como una etapa de carácter educativo. Aparece ahora una etapa 0-3 llamada preescolar (¿de qué privilegiado cráneo habrá salido la idea?), sacada del sistema educativo y que constituye claramente una vuelta a las antiguas guarderías.

Al menos el documento de bases dejaba la cautela de que fuera la inspección educativa la que supervisara los centros 'de carácter educativo y asistencial', pero hasta eso desaparece ya. Sacar a los más pequeños del sistema educativo, desregular el ciclo 0-3 y resucitar el carácter 'asistencial' de la atención a los más pequeños supone un gigantesco paso atrás respecto a la LOGSE (incluso respecto a la ley de 1970, en la que el sistema educativo empezaba a los dos años). Por supuesto que la educación infantil (y la primaria y el resto) cumplen también una cierta función asistencial y tanto más si los horarios escolares se extienden más allá de los tiempos dedicados a los aprendizajes convencionales.

Pero lo que el ministerio propone ahora dará lugar con toda probabilidad a una doble red de centros para los más pequeños, unos de carácter educativo (las que han venido siendo escuelas infantiles de calidad) y otros de carácter asistencial (las guarderías más tradicionales). La investigación ha documentado suficientemente que las familias de menor nivel educativo, cuando las necesitan, se conforman con más frecuencia con opciones asistenciales, mientras que las familias con mayor cultura y más ingresos se esfuerzan por opciones educativas. Con el PP, la discriminación educativa madruga mucho.

Respecto a la etapa 3-6, el excesivo énfasis del documento ministerial inicial en la adquisición de la lectura, la escritura y el cálculo aparece ahora convenientemente disimulado, pero sigue presente entre los objetivos educativos básicos. Allí donde existe, el énfasis academicista en las edades tempranas favorece mucho más a aquellos niños y niñas cuya cultura familiar está más próxima a la cultura escolar. Los riesgos de discriminación social asoman de nuevo, y vuelven a hacerlo tempranamente.

Por lo demás, estos cambios se sitúan en el contexto de las decisiones sobre la financiación de la educación infantil en los centros privados concertados, que tantos recursos detraerá del sistema público y que tanto condicionará la incorporación de alumnos a la escuela pública (¿y no deberían también pensar en una horita de religión para estas tiernas almas?).

Y se sitúan además en el contexto de la postergación de la entrada en vigor de los criterios de calidad en la educación infantil establecidos por la LOGSE, justamente aquellos criterios (de formación de educadores y profesores, de ratio profesorado/alumnado, de espacio) que la investigación educativa ha mostrado sistemáticamente relacionados con la calidad de la educación de los más pequeños.

La LOGSE estableció diez años para la entrada en vigor de esos criterios de calidad. El PP amplió luego el plazo a 12 años y en la última ley de acompañamiento de los Presupuestos del Estado lo alargó a 14 años. Al menos para la etapa 0-3 esos criterios quedarán con toda probabilidad cancelados para siempre.

Así es que, paradójicamente, la llamada Ley de Calidad la hace el mismo Gobierno que pospone de nuevo (o sencillamente anula) la entrada en vigor de los criterios de calidad. Curiosa y creativa manera de fomentar la calidad. Aunque lo cierto es que aquí de calidad no hay nada, sino sólo un conjunto de propuestas basadas en una ideología educativa y social neta y ranciamente conservadora. Un gigantesco paso atrás de muchos años de magnitud.

Jesús Palacios es catedrático de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Sevilla.