El camino hacia los Pactos de la Moncloa

Entraba España en 1977 con unas enormes ganas de democracia, pero terriblemente zarandeada por la crisis económica mundial. Cuatro años antes, el encarecimiento de los precios del petróleo tras la guerra del Yon Kippur entre árabes e israelíes había impactado en todas las economías y en el caso español había dejado el país al descubierto. Salieron todos los problemas a relucir y los milagros franquistas se desvanecieron irremisiblemente. Los políticos que se habían encargado de modernizar el país y los partidos de izquierda recién instalados en la vida nacional se encontraron con un miedo atroz a que la crisis arruinara el proceso de transición.

¿Cómo estaba entonces España? Los datos fundamentales de la economía resultaron no ser tan reales como ofrecían las cifras oficiales. El déficit público (en torno al 2%) no era demasiado alarmante, pero no contemplaba el que estaba encubierto en muchos organismos autónomos o en empresas públicas como Renfe y otras industrias que luego tendrían que pasar por la reconversión; había mucha inflación oculta porque estaba reprimida por la hoy desaparecida Junta Superior de Precios; habían vuelto muchos emigrantes, en parte atraídos por la apertura,pero principalmente porque la crisis del petróleo también hacía mella en los países en los que estaban contratados.

Los sindicatos no estuvieron en aquella firma. Se prefirió que el pacto fuera político

En 1977, el Producto Interior Bruto (PIB) era de 9,1 billones de pesetas de entonces, con un PIB por habitante equivalente a 3.000 dólares (ahora supera los 14.000). El crecimiento en términos reales era del 2,8% y parecía sólido, pero el consumo privado (fuerza principal de la economía) era menor, en torno al 1,5%. Veinticinco años después, a final de 2001, el PIB español superaba los 100 billones de pesetas y para este año está previsto los 114 billones, aunque ya hay que hablar en euros (unos 688.900 millones), la nueva moneda que ha sustituido a la vieja peseta y que viene a ilustrar los cambios de los tiempos, con una España ya integrada en Europa. El tipo de cambio del dólar rondaba las 75 pesetas por dólar.

Lo peor se reflejó en los precios al consumo. La inflación, dejada de la mano de los gobernantes, se disparó. En algunos momentos a lo largo del año llegó a superar el 30%, aunque acabó aquel 1977 con un 26,4% de aumento, algo que ahora -también entonces- pone los pelos de punta. Pero es que el Banco de España, encargado de controlar los precios con la política monetaria, tenía entonces una actitud muy laxa, lo que en definitiva financiaba el crecimiento de la inflación. Los tipos de interés para créditos personales superaban el 10%, aunque no tardarían en rebasar el 20% poco después.

Apareció entonces otro de los graves problemas estructurales de la economía española, que se ha instalado a lo largo de los 25 años pasados: el desempleo. En 1973, los parados rondaban los 325.000, según la Encuesta de Población Activa (EPA). De repente se llegó a 627.990 parados de diciembre de 1976; 760.060 un año después, para superar el millón a finales de 1978. La tasa sobre la población activa era a finales de 1977 de 5,69%, ahora es del 11,47%, pero por medio -aparte de recientes reformas de recuento- se llegó al récord trimestral del 24,55% al final de marzo de 1994.

La población, por lo demás, era joven. El boom de nacimientos de los últimos cincuenta y primeros sesenta hizo que para las fechas de las primeras elecciones generales del 15-J, el 25% de los habitantes de España tuviera menos de 18 años (ahora ese porcentaje es menor del 15%). Además, todavía el peso del sector primario era alto. De los 12,5 millones de trabajadores ocupados (más de 16 en la actualidad) que había en 1977, 2,5 millones lo estaban en agricultura (ahora hay menos de un millón) y más del 5,3 millones ya estaban en el sector servicios, cuando en la actualidad superan los 9 millones. El turismo, la primera industria nacional, trajo a España 34 millones de visitantes, más o menos la mitad de los que recalaron en 2001.

El tejido empresarial era una mezcla de monopolios y oligopolios, controlados en su mayor parte por el capital público. Era una economía enormemente intervencionista y muy rígida que no tenía capacidad competitiva. La decisión del Gobierno de Adolfo Suárez recién salido de las urnas el 15-J de devaluar la peseta casi un 20% era un síntoma claro de la crítica situación que vivía el país.

Todo estaba roto o medio roto. Con los precios desbocados y la estructura social maltratada no cabía otra salida que buscar un gran acuerdo nacional con la participación de todas las fuerzas sociales. Tras las elecciones del 15-J ganadas por UCD, Adolfo Suárez nombró a Enrique Fuentes Quintana vicepresidente al frente del área económica y a Fernando Abril Martorell encargado del área política. Se puso en marcha toda la maquinaria para corregir las grandes lacras que lastraban la economía española: la inflación, el desempleo y el fuerte déficit exterior, que superaba los 11.000 millones de dólares. Estaban en marcha los Pactos de la Moncloa.

Se trataba de involucrar a todos, a los partidos de izquierda (el PCE había sido legalizado en la Semana Santa de aquel año); a los sindicatos, recién salidos de las catacumbas, y a los empresarios, que acababan de constituir la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). 'La idea era un ajuste general para luego abordar una Constitución para todos y no que estuviera partida, ése era el sentido profundo de aquellos pactos', dice José Luis Leal, entonces director general de Política Económica. Leal formó el equipo que redactó el documento técnico base para los pactos junto a Manuel Lagares, subsecretario de Economía; Luis Ángel Rojo, director del Servicio de Estudios del Banco de España, y Blas Calzada, director general de Estadística.

El documento técnico tenía que pasar la aprobación política. Fernando Abril se encargaría de negociar con los partidos de la oposición. Fue primero con Santiago Carrillo, secretario general del PCE, lo que no gustó mucho al PSOE, que había salido de las elecciones generales con una clara perspectiva de alcanzar el poder sin pasar mucho tiempo. Quizá por ello mostró bastantes reticencias a dar su respaldo, cuando la propia UGT (el sindicato ligado tradicionalmente al partido socialista) no los veía mal. Sin embargo, Felipe González accedió a firmar los Pactos. 'Había un evidente riesgo de descarrilamiento, los ingresos no iban bien, la balanza exterior presentaba un enorme déficit, empezaba a aflorar el desempleo..., la situación era insostenible', sostiene Carlos Solchaga, que pasados los años sería ministro de Industria y de Economía con el PSOE. También firmaron Enrique Tierno Galván (PSP) y los grupos catalán y vasco.

Los sindicatos no estuvieron en aquella histórica foto de la firma en La Moncloa. Se prefirió, recuerda hoy alguno de los protagonistas, que los pactos tuvieran más una rúbrica política por parte de las fuerzas representadas en el Parlamento. Eso no quería decir que las organizaciones sindicales (Nicolás Redondo lideraba UGT y Marcelino Camacho, CC OO) y la patronal CEOE quedaran al margen. 'Siempre prestaron un sólido apoyo', dice Leal. Entre otras decisiones importantes, los sindicatos aceptaron un aumento salarial del 22% (20 puntos más dos de deslizamiento) cuando la inflación acabaría ese año con el 26,4%. No resultaba muy explicable que los sueldos subieran menos que la inflación y ello motivó que Camacho dijera aquello de 'las matemáticas de la burguesía'. Pero los sindicatos firmeron y tuvieron que soportar que en alguna fábrica más de un militante les arrojara el carnet a la cara.

Probablemente el sacrificio era porque no sólo era salario real de lo que se hablaba. 'Había que considerar también el salario social; es decir, aumentar el gasto social en capítulos que mejoraban notablemente el estado de bienestar', según Solchaga. Pero el Gobierno, con el sistema franquista de impuestos indirectos la presión fiscal no suponía nada más que el 22% del PIB (frente al 37% actual), lo que arrojaba ingresos suficientes para hacer frente a los compromisos de gastos a los que el Gobierno de Suárez se estaba comprometiendo con los sindicatos.

Los pactos, aprobados finalmente el 27 de octubre de 1977, abordaron también la implantación de un sistema fiscal moderno, y de ello se encargó especialmente Francisco Fernández Ordóñez como ministro de Hacienda. Junto a Fuentes Quintana, el desaparecido político creó el modelo actual de IRPF.

Los Pactos de la Moncloa, que no se prorrogaron quizá por razones electorales, fueron un cambio fundamental que sirvió, más allá del consenso político y de la corrección de algunos desequilibrios, 'para sanear la economía y sentar las bases para acercarse a Europa y el posterior crecimiento', apostilla Leal, quien luego sería ministro de Economía con UCD. La cirugía resultó eficaz en la inflación, que se redujo drásticamente hasta el 16,5% y empezó a contener tanto del déficit público como el exterior. Pero no pudo evitar el aumento del paro.