Álava propone que se reduzca un 8% la aportación de las diputaciones al Gobierno

La Diputación de Álava ha propuesto que las aportaciones que recibe el Gobierno vasco de las tres haciendas forales se reduzcan en el próximo quinquenio un 8% respecto a la cuota actual, lo que supondría unos 252 millones de euros menos (42.000 millones de pesetas). De los impuestos recaudados por las tres diputaciones, éstas deben entregar cada año al Gobierno el 66,25% del total (el llamado coeficiente vertical). Esta cifra se fija mediante la Ley de Aportaciones, que caducó en 2001. Ahora continúa prorrogada, pero está en fase de negociación entre las cuatro administraciones afectadas. Tienen seis meses para ello.

La vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia, anunció el martes que había presentado hace días una propuesta, aunque no ofreció detalles, e invitó a las diputaciones, especialmente a la de Álava (dirigida por el PP y la única que ha rebatido en público las tesis del Gobierno), a contestar en un plazo breve. El Gobierno de Ramón Rabanera respondió ayer aclarando que el Ejecutivo ya conoce su postura, porque entregó 'en la primera quincena de mayo' otra propuesta concreta. Aunque la Diputación no concretó en qué consiste su propuesta, diversas fuentes de la negociación confirmaron que Álava quiere que la aportación al Gobierno se rebaje en un 8%. Esto supondría que el coeficiente vertical pasaría del 66,25% de la recaudación al 60,94%, con lo que el Ejecutivo autónomo perdería 252 millones de financiación.

Álava defiende que al Gobierno 'le sobra dinero', mientras que las diputaciones deben recurrir al endeudamiento para cubrir sus necesidades. Uno de los ejemplos que más ha utilizado en los últimos meses es la competencia de carreteras: ésta pertenece a los ejecutivos forales y, sin embargo, el Gobierno acostumbra a subvencionar algunas obras importantes ante la falta de financiación en las haciendas de los territorios.

La propuesta alavesa choca de frnte con las intenciones de la vicelehendakari, que apenas quiere introducir cambios en la ley.

Las tres diputaciones y el Gobierno vasco tienen sobre la mesa dos propuestas que discutir: la de Álava, bien concreta en el fondo, aunque no tanto en la forma, y la de Idioa Zenarruzabeitia. Sin embargo, la vicelehendakari defiende que la suya es 'la única alternativa' que se ha presentado, ya que, a su juicio, la posición de la Diputación alavesa se limita a 'generalidades, vaguedades, frases hechas y lugares comunes habituales'. Zenarruzabeitia asegura por ello que sigue 'a la espera' de una respuesta oficial por parte de Ramón Rabanera.

Aunque el Gobierno vasco no ha querido darla a conocer, su oferta apenas contiene cambios con respecto a la ley actualmente prorrogada. El Ejecutivo no quiere rebajar el coeficiente vertical porque perdería poder de financiación. De hecho, en una nota oficial, el Departamento de Hacienda expresó ayer que esa pretensión tiene 'una carencia fundamental: la falta de argumentos'.

El coeficiente vertical es el punto clave y el más discutido en las cuatro reuniones que se han celebrado desde que comenzó la negociación. En los otros aspectos hay un mayor acuerdo. Todas las partes comparten que la Ley de Aportaciones, al contrario que ocurre con el cupo que se paga al Estado, debe mantener el sistema de riesgo compartido, de modo que si una hacienda foral recauda por debajo de las previsiones fijadas, las demás colaboran con ella. Por eso existe el Fondo de Solidaridad.

Reparto horizontal

Tampoco hay discrepancias importantes en los coeficientes horizontales, esto es, el porcentaje con el que cada territorio contribuye a los gastos comunes. Ahora, Vizcaya aporta el 50,67%, Guipúzcoa el 32,93% y Álava un 16,40%. Según esa misma correlación se distribuirían entre las diputaciones los 252 millones de euros sobrantes que dejarían de entregar al Gobierno vasco. Esos coeficientes se calculan en función de la renta y el esfuerzo fiscal de cada territorio. Aunque la Diputación de Álava planteó hace meses la conveniencia de revisar la aportación de cada territorio, ahora se ha centrado en el coeficiente del 66,25% del Gobierno.

Dentro de las negociaciones, la discusión ha tenido un doble canal entre la Diputación de alavesa y el Gobierno, pero en meses precedentes los otros gobiernos forales también expresaron quejas con la actual ley. Vizcaya, como Álava, se lamentaba de que le quedan pocos recursos para hacer frente a sus competencias. Ahora, sin embargo, apenas ha intervenido en el debate. Guipúzcoa, molesta últimamente porque sale perjudicada con los impuestos de hidrocarburos, ha manifestado su conformidad con la ley y cree que no son necesarias modificaciones.

La amplia mayoría del PNV en el Consejo Vasco de Finanzas le da al Ejecutivo una gran ventaja de partida para negociar la futura ley. Sin embargo, ésta debe pasar la criba del Parlamento, donde los partidos que apoyan al Gobierno están en minoría.