La democracia aterrorizada

El grupo Guatemaltecos de Verdad, que amenazó de muerte a cuatro periodistas y siete activistas de los derechos humanos, probablemente pertenezca a la estirpe que hizo patria destripando niños y mujeres y se enternecía al escuchar el himno nacional. El retorno del hostigamiento y del terror, la impunidad nunca se fue, acechan la quebradiza democracia de un país asolado por 36 años de atroz guerra interna. Los liberticidas vigilan, intimidan y asesinan, mientras la justicia consiente, no puede, huye o tiembla debajo de la mesa.

El informe publicado este sábado por la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala coincide con otros de Amnistía Internacional o de las Naciones Unidas: 'El Estado es incapaz de hacer que la ley se cumpla'; la impunidad crece como un cáncer al amparo de camarillas oficiales y militares, y el Ejército asumió funciones que corresponden a los civiles en el Ministerio de Interior y Turismo, o en las patrullas de vigilancia. El avance castrense no asombra en una nación con un Congreso presidido por el general Efraín Ríos Montt, reclamado por terrorismo de Estado y genocidio.

El jefe del Gobierno, Alfonso Portillo, parece haber cedido en la pugna con Ríos por el control del derechista partido en el poder, y hace tres días denunció haber esquivado tres intentonas golpistas, la más reciente entre marzo y mayo. Supuestamente, los conspiradores son empresarios, militares y dueños de prensa perjudicados por sus políticas y la liberación de las importaciones de pollo y cemento. Acusado a su vez de haber abierto cuentas ilegales en Panamá, el presidente los identificó con nombres y apellidos. Pero las maquinaciones entre el Ejecutivo y los grupos de presión poco tienen que ver con la defensa del Estado de derecho prometido en los acuerdos de paz de 1996, que pusieron término a un conflicto de 200.000 muertos (1960-1996) todavía sin cicatrizar.

La conciliación nacional auspiciada por la ONU comprometió a todos con el derecho, la justicia, la solución de las causas, la pobreza, las desigualdades y la marginación de los indígenas, que condujeron al nacimiento de guerrillas izquierdistas y a su combate a sangre y fuego por regímenes cívico-militares. Las patrullas de autodefensa civil (PAC), herramientas del ejército contra la subversión, quedaron oficialmente desmanteladas. No obstante, la caverna aún amenaza a los activistas, que exigen el castigo de unas salvajadas que no respetaron edad ni condición.

'La remilitarización, la impunidad y los ataques al sistema de justicia son las tres políticas que resumen la actitud hacia los derechos humanos en el Gobierno del Frente Republicano Guatemalteco (FRG)', el partido oficial, según el informe del arzobispado. Su difusión coincidió con el primer aniversario de la condena a 30 y 20 años, respectivamente, de tres militares y un sacerdote como autores del asesinato, el 26 de abril de 1998, de monseñor Juan Girardi. El obispo murió a golpes dos días después de haber presentado un documento que atribuye al ejército y a las patrullas paramilitares más del 90% de los crímenes de la guerra: 50.000 de los 55.000 investigados.

Seis años después de los acuerdos hacia 'una paz firme y duradera', sus recomendaciones sobre el esclarecimiento y observancia de los derechos humanos no se han cumplido, y los principales responsables de haberlos pisoteado siguen sin rendir cuentas. Las Fuerzas Armadas habrían gastado el pasado año 65 millones de dólares por encima de su asignación en el presupuesto, y la corrupción galopa. Paralelamente, la situación económica es precaria, agravada por el desplome de los precios del café, y la dieta de muchos de los indígenas de este país de 11 millones de habitantes, cerca del 80% en la pobreza, sólo asegura su supervivencia.

La polarización social aumenta, y la inseguridad y el pillaje alarman: 4.000 personas murieron violentamente el pasado año, y se registraron 88 casos de linchamiento con 190 víctimas, 37 mortales: un juez murió apaleado por una turba. La Unión Europea (UE) ha donado casi siete millones de dólares para fortalecer la democracia, los derechos humanos y el cumplimiento de los acuerdos de paz y los convenios internacionales. El objetivo es promover el diálogo, la negociación, los consensos y la probidad en un país que el desengaño ha venido en llamar 'Estado de Mafia Corporativa'.