Una huelga irresponsable

'No conozco ni he oído ningún argumento razonable para la convocatoria de una huelga general en este país y en este momento (...) Al contrario, sólo percibo temor y preocupación por las consecuencias de la misma, que pueden llevar mucho más allá de la intención inicial de los convocantes. El Círculo de Empresarios acaba de hacer pública su postura de desacuerdo absoluto con esta convocatoria de movilización colectiva ya que en un país democrático y que en ningún aspecto vive una situación extrema (...) Los empresarios estamos a favor del diálogo como instrumento de convivencia (...) Las diferencias creemos que se pueden dirimir mejor en una mesa de negociación que en la calle'. Esto escribía, hace 14 años, el entonces presidente del Círculo de Empresarios, José Joaquín de Ysasi-Ysasmendi, y podría volver a escribirse hoy todavía con más énfasis y mayor perplejidad.

La actitud sindical es difícil de entender, pero más inexplicable es la radicalización izquierdista del PSOE

Si la convocatoria es, en sí misma, irracional, la fecha elegida parece estar destinada a dañar la imagen de España

Confieso haber hecho serios esfuerzos para comprender la postura de los sindicatos convocantes de la huelga del 20 de junio y de quienes les apoyan, pero no encuentro argumentos sólidos que justifiquen tan extrema iniciativa de rechazo a la oferta del Gobierno para sentarse a negociar los distintos aspectos de una propuesta llena de sentido, echando por tierra cualquier posibilidad de diálogo.

Llama la atención, en primer lugar, la falta de proporción entre las medidas que ha planteado el Gobierno -como es ya habitual, todas en la buena dirección pero tímidas- y la reacción de los sindicatos. Sólo un motivo y una estrategia claramente políticos, por parte de estos últimos, sin ninguna base en el trasfondo económico y laboral de las propuestas que se plantean, puede explicar una decisión tan exagerada.

Cabe plantearse si unas instituciones que representan a menos del 10% de los trabajadores, y que se financian con los impuestos de todos los españoles, pueden coaccionar políticamente a un Gobierno elegido mayoritariamente por los ciudadanos exigiendo ¿con qué argumentos razonables? la retirada de una propuesta de política económica antes de sentarse a negociar sobre ella. La política económica es misión del Gobierno y ninguna institución de la sociedad civil, sea empresarial, sindical o de cualquier tipo, tiene legitimidad para negar al Ejecutivo el ejercicio de su responsabilidad. Empresarios, sindicatos u ONG pueden y deben, naturalmente, dejar oír su voz civilizadamente y hacer llegar sus opiniones a los partidos políticos para que éstos, si les parece conveniente, las introduzcan en sus programas de gobierno. Pero la actitud cerrada de unos sindicatos que se niegan a negociar indica la incapacidad de sus dirigentes para defender razonablemente sus ideas a través de los canales propios de una democracia.

Igualmente, podríamos preguntarnos si la decisión de convocar la huelga fue tomada de forma mayoritaria y en votación secreta por cada sindicato, o fue un diktat político de sus dirigentes, y si dichos sindicatos tendrán la confianza suficiente en la razón de sus ideas como para eliminar cualquier tentación de violencia callejera, a través de los denominados piquetes informativos, y dar paso a formas de diálogo civilizado.

Las medidas propuestas por el Gobierno del PP son positivas para el crecimiento económico, la creación de empleo y la disminución del gasto público, por lo que la intencionalidad política de los posibles huelguistas queda claramente al descubierto. Conviene subrayar las ayudas a la movilidad geográfica y las condiciones que se exigen a los parados para aceptar un nuevo empleo. Sin embargo, no se modifica en absoluto la cuantía de la prestación por desempleo que en España es, en relación con el último salario percibido, de las más altas de Europa y su duración de las más largas. Ello trae como consecuencia la mayor tasa de parados de larga duración de Europa.

En cuanto al PER, sus efectos negativos no son sólo la creación de un sistema que provoca situaciones de fraude, sino también la perpetuación de una cultura de dependencia que conduce, en las regiones que lo perciben, a los niveles más elevados de desempleo junto a la existencia de unos niveles muy altos de inmigración. Además, la alianza entre los trabajadores que reciben el subsidio agrario y los políticos que lo administran incentiva la corrupción del sistema. Se produce un fenómeno de 'compra de votos' gratis con cargo a los impuestos de todos los españoles, ya que los fondos los otorga el Gobierno central. Y ello a pesar de que la desaparición del PER no afectará a los que lo perciben o lo hayan percibido en los últimos tres años, sino que dicha desaparición es paulatina a lo largo de 10 años.

También sorprende que, habiendo descendido en los últimos 20 años significativamente (un 50%) la población ocupada agraria, se produzca un aumento en el número de perceptores del subsidio que no parece que sean, en consecuencia, trabajadores agrarios eventuales. Llama asimismo la atención que los mayores crecimientos de gasto del PER se den allí donde más ha aumentado la actividad agraria (Almería, Huelva y Cáceres).

Por si fuera poco, la fecha en que se realiza la convocatoria de huelga demuestra hasta qué punto llega, en esta ocasión, la falta de responsabilidad sindical. Si la convocatoria es, en sí misma, irracional, la fecha elegida parece estar destinada a dañar la imagen y el prestigio de España al hacerla coincidir con la clausura de la presidencia española de la Unión Europea.

La actitud sindical es difícil de entender, pero más inexplicable es la radicalización izquierdista del principal partido de la oposición. Si un partido que aspira a gobernar se deja llevar por este tipo de demagogia sindical, está socavando las propias bases que necesita cualquier alternativa política seria; entre ellas, la de ganar la confianza del sector empresarial, protagonista principal en la sociedad civil del crecimiento económico, la inversión y la creación de empleo.

La demagogia política alcanza su cenit cuando se acusa al Gobierno de apropiarse del dinero de los trabajadores para engordar las cuentas de resultados de las empresas. En el aspecto económico, el despropósito culmina con la afirmación, sin ningún fundamento, de que la reforma traerá más paro y menores prestaciones y que se abandona a su suerte a los parados.

El cocktail de la huelga general con las manifestaciones antiglobalización, que en Barcelona contaron con un apoyo político del que también van a gozar en la capital andaluza, supone una mezcla explosiva de consecuencias imprevisibles. ¿Es esta radicalización la que conviene a una alternativa de gobierno para el futuro? ¿Se pretende volver a la política de finales de los ochenta y principios de los noventa que nos condujo a la peor recesión económica de los últimos 50 años, alcanzándose cifras récord de desempleo?

Parece llegada la hora de formular la política económica haciendo abstracción de unos sindicatos politizados que deberían considerarse a partir de ahora como partidos políticos, y defender sus propuestas con la fuerza de los votos y de las ideas, y no con la razón de la fuerza.

La huelga general del próximo 20 de junio es injustificable racionalmente, irresponsable, insolidaria e incomprensible para la ciudadanía, porque no existe tras ella uno solo de los elementos que suelen acompañar invariablemente a este tipo de convocatorias en el resto del mundo civilizado. Por eso mismo, será ineficaz y sus escasos efectos se volverán en contra de quienes la convocan. A la postre, el Gobierno, que aparece en principio como su víctima principal, saldrá reforzado del inútil lance porque habrá demostrado, con su firmeza de ideas y su permanente ofrecimiento de diálogo, que está haciendo lo que debe, cumpliendo con el compromiso que mayoritariamente le otorgaron las urnas.

Manuel Azpilicueta Ferrer es presidente del Círculo de Empresarios.