La Comisión Europea promoverá en Sevilla el uso del 'software libre' en la Administración

El software libre -movimiento que propugna la libertad de los programas informáticos- acaba de recibir uno de los mayores apoyos en sus 19 años de historia. Otto Schily, ministro del Interior de Alemania, firmó el lunes de la semana pasada un acuerdo con IBM para obtener descuentos en la compra de ordenadores equipados con el sistema operativo Linux, el buque insignia de esta corriente informática.

El pacto no pasaría de mero asunto comercial si no fuera porque, según un comunicado emitido por Schilly, 'elevará la seguridad tecnológica evitando monoculturas; disminuirá la dependencia de un solo proveedor de software y ahorrará en los costes de software y operaciones'.

El Gobierno alemán plantea abiertamente un asunto que empieza a despuntar en algunos países europeos e iberoamericanos: el uso de programas y sistemas operativos libres (que pueden modificarse y distribuirse sin limitaciones) en unos estados copados por el software propietario (cuyo código está cerrado y sujeto a licencias comerciales).

En enero, el Primer Ministro francés, firmaba una circular sobre aplicaciones informáticas usadas en la Administración que supone, según dice el texto: 'Pasar a una nueva etapa en materia de servicios en línea basada en una federación de sistemas abiertos'.

Y la Comisión Europea, el 1 de junio, se sumaba oficialmente a la campaña en favor del uso de programas abiertos en las Administraciones. El ejecutivo propondrá a los líderes europeos, reunidos en la Cumbre de Sevilla del 21 al 22 de junio, que respalden un programa de acción para lograr antes de finales de 2003 un marco de interoperatibilidad informática entre los servicios de la Administración, las empresas y los ciudadanos 'basado en estándares abiertos y que promueva el uso del software libre'. La Comisión impulsa políticamente al software libre en su actualización del programa eEurope para el desarrollo de la Sociedad de la Información, que arrancó en la cumbre de Lisboa de 2000.

La Administración española dispone de un parque informático de 318.715 PC y otros 14.075 sistemas, según el informe Reina 2001, elaborado por el Consejo Superior de Informática. El 88% de los PC y el 58% de los otros equipos funciona con Microsoft. Sólo el 0,12% de la informática pública trabaja con Linux, el sistema del software libre.

El 14 de mayo, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) presentó en el Congreso una propuesta para el uso del software libre en la Administración. ERC pretende romper la dependencia tecnológica del Estado con respecto a las multinacionales, apoyar a la industria informática local y promocionar el plurilingüismo.

Hace tres años, la Generalitat catalana pagó casi 481.000 euros a Microsoft por la traducción de Windows 98 al catalán. Desde entonces, han aparecido cuatro versiones de Windows, pero la traducción no ha sido contratada con la empresa propietaria. 'Con el software libre, la Generalitat podría pagar a un equipo de traductores sin pedir permiso a los dueños del código', dijo el diputado de ERC, Joan Puigcercós.

La contratación de profesionales para adaptar el código abierto constituye uno de los ejes de esta filosofía: trasladar el modelo económico de cobro por licencias (del software propietario) al de cobro por servicios (del software libre). Los programas publicados bajo licencia GPL (el documento que establece las condiciones legales del software libre) deberán distribuirse libremente, aunque nada impide a los programadores cobrar por el trabajo de adaptación. Esta posibilidad fomentaría la aparición de una industria informática local, frente a una situación en la que el dinero del software propietario viaja fuera de nuestras fronteras. Y qué mejor forma de fomentar esta industria que hacerlo desde la Administración, sostienen los linuxeros.

Microsoft pide 'neutralidad'

Mientras tanto, Microsoft solicita al Estado 'neutralidad' en los concursos de licitación de equipamiento informático.

Isaac Hernández, de Microsoft Ibérica, pide a los funcionarios que en la evaluación de ofertas tengan en cuenta la calidad y no la naturaleza de los programas o la forma de desarrollo. 'Estamos de acuerdo con el código abierto, pero no con la licencia de software libre, puesto que excluye expresamente el código comercial. Es una licencia antimercado'.

Sus partidarios alegan que más 'antimercado' es no suministrar el código fuente. 'Incluso si Microsoft regalara sus programas a los ministerios, no se produciría una transferencia del conocimiento que contienen, ya que su código está cerrado', dice Juantomás García, presidente de Hispalinux.

Esta afirmación encierra uno de los argumentos más usados por los linuxeros: la Administración depende tecnológicamente de multinacionales extranjeras y desconoce el funcionamiento interno de los programas que compra, lo que podría implicar ciertos riesgos para, por ejemplo, los ministerios de Interior o de Exteriores.

Hernández asegura que Microsoft prevé la posibilidad de enseñar el código para que el Estado compruebe que no existe riesgo, 'pero lo cierto es que muy pocos lo solicitan'.

El Ministerio de Ciencia y Tecnología se muestra partidario de abrir la puerta de la Administración al software libre, pero propugna una labor previa 'pedagógica' dirigida a cambiar la cultura que lleva a los ministerios a solicitar en sus concursos software propietario con nombre y apellidos. Mientras al Congreso llegan las primeras iniciativas sobre el uso de software libre, Extremadura trabaja desde hace tres años.

En las últimas elecciones autonómicas, Juan Carlos Rodríguez Ibarra planteó su programa político sobre la sociedad de la información, muy criticado por la oposición. A día de hoy, el Gobierno de Extremadura ha puesto en marcha 32 puntos de acceso a la red para asociaciones, y ha creado una intranet que pretende conectar más de 1.400 centros públicos de 426 municipios. La iniciativa, seguida de cerca por Erkii Liikannen, comisario europeo de la Sociedad de la Información, pretende igualar a corto plazo uno de los objetivos de Aznar en el plan Internet en la escuela: un PC por cada 12 alumnos, pero siguiendo otro camino: el del software libre.

Los nuevos institutos extremeños han sido diseñados para albergar equipo y cableado informático. Sus aulas incorporan dos ordenadores en cada mesa y una línea de 2 Mbps para conectarse con la intranet. El objetivo a largo plazo va, según sus promotores, más allá del plan gubernativo: un ordenador cada dos alumnos.

La estrategia extremeña tiene uno de sus pilares en Linex, una adaptación de Linux encargada a la empresa de software libre Ándago. Linex ha sido instalado en los centros de acceso, en los nuevos colegios y en buena parte de los servidores de la intranet. Cada instalación en un ordenador vale lo mismo: nada. 'Sólo el coste de licencias en software propietario habría requerido la mitad de nuestro presupuesto', asegura Carlos Castro, director autonómico de la Sociedad de la Información.

Luis-Millán Vázquez, consejero de Educación, no sólo ve en la gratuidad de las licencias un buen motivo para decantarse por el software libre, sino también en la soberanía de su comunidad sobre la tecnología que utiliza. 'El que controla el canal (el software), controla el contenido, y nosotros queremos que la gente de nuestra comunidad extremeña produzca el contenido'.