El Ayuntamiento de Amorebieta rechaza todas las alegaciones al proyecto de la central de Boroa

El Ayuntamiento de Amorebieta, que encabeza la peneuvista Begoña Azarloza, ha rechazado todas las alegaciones que ocho colectivos y particulares habían planteado en contra del proyecto de central energética de ciclo combinado que la empresa irlandesa ESB promueve en el barrio de Boroa. El expediente municipal ya está en manos del Departamento de Medio Ambiente, cuyo informe es el último pendiente antes de conceder la preceptiva licencia de actividad. Fuentes municipales calculan que este permiso se puede conceder el próximo mes de julio, con lo que la empresa dispondría de la autorización definitiva para la central antes de que concluya el verano.

La central, promovida por la citada empresa pública irlandesa y que es el proyecto energético de los seis actualmente en marcha en Euskadi que más rechazo ciudadano ha suscitado, se encuentra sólo pendiente de lograr los dos últimos permisos: los de actividad y de obras, que competen ambos al Ayuntamiento de Amorebieta. El pasado mes de abril, el consistorio emitió un informe favorable al primero de ellos y recibió objeciones por parte de cuatro colectivos (Batasuna, IU, Eguzki y la plataforma vecinal Zornotza Bizirik) y cuatro ciudadanos particulares.

Las alegaciones fueron resueltas la pasada semana por los técnicos municipales y todas ellas han sido rechazadas, aunque una de las que fue tramitada por un particular ha sido estimado parcialmente. Fuentes municipales precisaron que varias de las alegaciones se han desestimado al referirse a cuestiones que no competen al expediente, como el tendido de la central, otra alegación urbanística sobre la reposición de un caserío afectado por el polígono de Boroa y varias más relativas a cuestiones relacionadas con instalaciones de agua.

Las planteadas por los cuatro colectivos, que cuestionaban el incumplimiento de la ley por no cumplir el proyecto la distancia pertinente a núcleos habitados, por la elevada altura de las chimeneas, el hecho de que no se pueda aprobar un uso energético en Boroa, el ruido o las emisiones atmosféricas, han sido desestimadas por el consistorio. La única alegación estimada en parte es la de un propietario de un caserío cercano, que pedía el soterramiento de la conducción eléctrica. 'Se hará así', aseguraron las mismas fuentes.

Con este resultado y ya con el visto bueno del Departamento de Sanidad en la mano -otro trámite que estaba incluido en esta fase-, el expediente ha sido remitido a la consejería de Medio Ambiente, que deberá emitir el informe definitivo.

El informe, en julio

Si, como es habitual, concluye con un estudio favorable, que normalmente suele estar condicionado al establecimiento de medidas correctoras, el Ayuntamiento procedería de inmediato a la concesión de la pertinente licencia de actividad. Este informe del Gobierno se espera para el próximo mes de julio.

Con ello, sólo restaría el permiso de obras, solicitado a finales del pasado año por la promotora, que se suele tramitar en unas semanas, por lo que antes de que concluya el verano ESB estaría en disposición de comenzar las obras de construcción de la planta.

El contrato de construcción, que supondrá una inversión de casi 420 millones de euros, ya está firmado con un consorcio formado por la fabricante de bienes de equipo General Electric, la ingeniería Sener y la constructora ACS. La financiación del proyecto se ha adjudicado al Royal Bank of Scotland.

El proyecto de Boroa ha propiciado la celebración de un referéndum vecinal, impulsado por la plataforma Zornotza Bizirik, creada para rechazar la construcción de la central. La consulta, realizada el pasado 14 de abril, logró el voto contrario de 5.352 vecinos, cerca del 43% de la población de la localidad vizcáina.

Miembros de esta plataforma vecinal han presentado en los últimos días los resultados del referéndum tanto al diputado general de Vizcaya, Josu Bergara, como al lehendakari, Juan José Ibarretxe, con el fin de que paren la central de ciclo combinado. Este colectivo ha anunciado que seguirá con sus movilizaciones para impedir la construcción de la planta energética.