El alcalde de Esparraguera y familiares de los dos fallecidos al desplomarse el puente exigen que se agilice la investigación

La familia de los dos hermanos de Esparreguera que murieron hace dos años al desplomarse el puente de la N-II sobre la riera de Magarola ha acusado al Ministerio de Fomento y la Generalitat de obstaculizar el proceso judicial para esclarecer los hechos.

En rueda de prensa, el alcalde de Esparreguera, Xavier Sitjà, mostró también su preocupación porque 'no hay ningún avance en las investigaciones, e incluso cuando declara el ingeniero y reconoce que el puente se hizo de cualquier manera, sigue sin haber ningún avance'. La familia y el Ayuntamiento exigen que se agilicen las investigaciones, que instruye el Juzgado número 3 de Martorell, para que se determinen las responsabilidades. Los afectados temen que 'el caso se alargue como sucedió en proceso por la rotura de la presa de Tous'.

Los abogados de la familia aseguraron que 'existen indicios suficientes' que demuestran que el puente no se derrumbó como consecuencia del temporal de agua, sino por las 'negligencias' cometidas cuando se construyó, en 1990.

En el hundimiento del puente de la N-II murieron dos hermanos que circulaban en coche por la N-II cuando se derrumbó. Posteriormente también fallecieron dos agentes de la Guardia Civil que participaban en las tareas de rescate de los cadáveres.

Según los abogados de la acusación particular, que ejercen la familia y el Ayuntamiento de Esparreguera, el argumento de que el puente se desplomó por deficiencias en la construcción queda reforzado por la declaración del ingeniero que redactó el proyecto, que en la vista previa aseguró que 'no era un especialista en la materia'.

Además, los letrados acusan a las administraciones de entorpecer las investigaciones sobre el derrumbe, porque llevan dos años reclamando la copia del proyecto de obra del puente de la riera de Magarola y aún no la han recibido. 'La Administración está obstaculizando el proceso en los límites de la actuación delictiva porque no ha presentado el proyecto, y no sabemos si es porque no existe o bien sí existe y lo esconden por algún motivo', añadió el abogado de la familia, Juan Galera.

Asimismo, los abogados sostienen que el Ministerio de Fomento todavía no les ha enviado una respuesta sobre las pruebas periciales que solicitaron en los inicios del proceso para determinar si el puente estaba mal construido.

Mariano Mateu, otro de los abogados de la acusación particular, explicó que el proyecto de obra del puente, que data del mismo año 1990, se basó en una simple ampliación del que ya existía, que había sido construido en la década de 1960.

En su opinión, para sostener el puente se construyeron unos muros pantalla encima de la estructura ya existente con una profundidad máxima de 10 metros.

Los constructores tampoco tuvieron en cuenta que en la riera se colocaría un colector de la Agencia Catalana del Agua ni que el lecho estaría 'plenamente ocupado' por edificaciones de empresas, según los abogados, quienes consideran que la obra fue 'una imprudencia'.