Huelga (II)

La semana pasada comentaba que existía un intento, por parte del Gobierno de la Nación, de transmitir la idea de que la convocatoria de paro general no era sino la utilización de la huelga con una finalidad política. También que la afectación del decretazo a los intereses generales de los trabajadores hacía que el paro cumpliera todas las bendiciones legales.

Apenas ha transcurrido una semana y el Gobierno sigue en sus trece. Ahora, ante la proximidad de la convocatoria, en lugar de garantizar, sin limitaciones, el ejercicio de un derecho constitucional, como es su obligación política y legal, utiliza las fuerzas públicas para lanzar una circular. Quiere saber, con pelos y señales, quiénes van a ir a la huelga. De lo contrario -advierte- no podrá garantizar la normalidad.

De nuevo trata de confundir y sigue en terreno vallado constitucionalmente. Entiendo que es así porque, bajo la apariencia de defender la imagen de España y de Aznar, que no es España, está tratando de neutralizar la convocatoria. También porque con la advertencia de no garantizar la normalidad quiere, como en los tiempos del antiguo régimen, que la policía conozca aquellas personas que se atreven a ejercer sus derechos.

Una información que pudiera estar limitando el ejercicio de un derecho, ya que el conocimiento policial de este ejercicio no tiene ninguna justificación legal en un Estado que proclama su libertad, por lo que más bien parece el intento de persuadir a quienes les puede inspirar algún temor que se les identifique policialmente.

No es cuestión de pensar en el hecho de que de seguir así, avanzando hacia el pasado y antes de que pudiera llegar, se colocaran junto a los juzgados de guardia que vienen, otros para aquellos políticos -y no tanto- a los que les guste advertir de las consecuencias del actuar de un derecho que nadie ha sobrepasado.

Tal vez en tiempos de falta de memoria constitucional se pueda recordar que el Alto Tribunal español dice que 'en cuestiones de libertad de huelga, el Estado está obligado a permanecer neutral y dejar las consecuencias de este fenómeno de aplicación a las reglas del ordenamiento jurídico'. Una neutralidad, y una libertad, en las que no tienen sitio la confusión ni el control policial indiscriminado.