La reforma de la Ley de Extranjería divide el Foro de la Inmigración

El Foro Valenciano de la Inmigración nació ayer dividido. No importaba que fuera la jornada constitutiva de este órgano consultivo del Consell: sindicatos y asociaciones de inmigrantes se mostraron abiertamente contrarios a la nueva modificación de la Ley de Extranjería que estudia el Gobierno, dirigida a 'cerrar fronteras y vulnerar derechos', mientras que el comisionado de la Generalitat para la inmigración y vicepresidente del foro, Antonio Lis, justifico la medida como adaptación al resto de leyes europeas destinadas a la 'lucha contra a inmigración ilegal'.

Estaba previsto que el acto fuera una sesión protocolaria destinada a estrenar una entidad anunciada hace dos años y que ha ido arrastrando su constitución hasta ayer. Un encuentro donde entraran en contacto los representantes de ONG, asociaciones de extranjeros, inmigrantes, de entidades provinciales, municipales y estatales, empresarios y agricultores. Pero no lo fue. La puesta de largo del Foro no fue ajena al debate sobre la posible reforma de la Ley de Extranjería y los deseos del Gobierno no ya de bloquear nuevos procesos de regularización, sino de cerrar las vías previstas en la norma para que los irregulares puedan acceder a un permiso de trabajo o residencia -como la estancia mínima continuada de cinco años.

Entre las voces contrarias a la reforma se pudo oír la de la secretaria de política social e inmigración de CC OO, Neus Carrasco. Inmediatamente después de congratularse por el hecho de que el organismo consultivo eche a rodar, mostró su confianza en que muestre una 'postura unánime en contra de la reforma de la Ley de Extranjería que plantea el Gobierno, ya que no favorece la integración y perjudica a los inmigrantes'. Hernán Constante, en representación de la asociación de inmigrantes ecuatorianos Rumiñahui, se sumó a estas críticas. Comparó la reforma con el proyecto italiano de expulsar a los extranjeros que pierdan el empleo: 'Es una política de cerrar fronteras y de vulnerar derechos'. 'Nos quieren sólo para que vayamos del trabajo a casa y de casa al trabajo', dijo, por lo que anunció su intención de 'combatir' la medida, para lo cual anunció que se reunirá la asociación en breve. Al margen de este punto, Constante criticó la selección final de entidades representadas 'con todo el respeto a las incluidas', por faltar asociaciones que, apuntó, se han señalado por la defensa de los trabajadores extranjeros, como la Asociación de Inmigrantes Marroquís, la de argelinos y senegaleses o la Asociación Colombiana de Elche.

Otra de las voces críticas fue la de el secretario general del PSPV, Joan Ignasi Pla, quien aprovechando el estreno del Foro dijo que el Gobierno 'va a la deriva' en su política de inmigración al anunciar que estudia la reforma de la ley 'ya que es capaz de proponer en dos años tres modificaciones de la ley'. A su juicio, la posible modificación de la ley es una prueba de que 'hace falta que el Gobierno se siente a dialogar con la oposición', aunque el Foro es una iniciativa 'positiva' para mejorar las condiciones de vida de los inmigrantes.

El consejero de Bienestar Social, Rafael Blasco, y el comisionado del Consell para la Inmigración, Antonio Lis, presidente y vicepresidente del Foro, respectivamente, trataron de ajustarse más al formalismo que merecía el día. Lis anunció la futura creación del Observatorio Valenciano de la Inmigración y del Plan Valenciano de la Inmigración, destinado a analizar el fenómeno y proponer medidas para la integración de los trabajadores extranjeros, única competencia que reserva a la Generalitat el ordenamiento jurídico.

Aunque a preguntas de los periodistas, Lis abordó de lleno la reforma de la ley. Justificó los pasos tomados por el Ejecutivo que preside José María Aznar, ya que persigue acabar con 'la inmigración ilegal, el empleo clandestino, y con las mafias que trafican con los seres humanos'. Argumentó la negativa a nuevas regularizaciones en el hecho de que los procesos realizados 'no han acabado con las bolsas de inmigración ilegal' y señaló que su control 'no significa ser menos solidario, sino conseguir su integración'. La reforma, dijo, surge de la experiencia de los países europeos donde se ha demostrado que 'no se puede dar lo que no se tiene', porque de lo contrario, se provocaría una fractura social y 'un avance de la xenofobia y de las opciones políticas poco deseables'. El delegado del Gobierno en la Comunidad, Francisco Camps, se sumó ayer al debate y presentó la reforma como 'un proyecto político de implicación con toda la Unión Europea en el que se habla de un modelo de visado europeo o de oficinas consulares comunes'.