Un pasado que dura

En contra del mandato unánime del Congreso de los Diputados, no habrá nueva ley de cesión del castillo de Montjuïc al Ayuntamiento de Barcelona. Tampoco el Museo Militar, allí instalado, verá reorganizados sus fondos con criterios historiográficos modernos, adaptados a los principios y valores de la Constitución española de 1978. Habrá, únicamente, una cierta reforma del reglamento que desarrolla la mencionada ley -promulgada en 1960, en pleno franquismo- y una leve reorganización de los fondos que atesora la institución, aprovechando, eso sí, las actuales instalaciones, cuidadas con evidente esmero, pero obsoletas.

El Museo Militar está gestionado por un patronato en el que están representados, de forma paritaria, dos instituciones públicas: el Ayuntamiento de Barcelona y el Gobierno central; este último a través del Ministerio de Defensa. En febrero de 2001, el Congreso de los Diputados, por acuerdo unánime, instó al Gobierno a elaborar 'un proyecto de ley de modificación de la Ley 52 / 1960, de 21 de julio, por la que se cede al Ayuntamiento de Barcelona el castillo de Montjuïc con sus fosos y glacis'. Quince meses después, nada ha hecho el Ministerio de Defensa para cumplir el mandato del Congreso. Al ser preguntado por este diario a través de su portavoz oficial, el ministerio delegó la respuesta en el director del museo, el coronel Francisco Segovia: 'La dirección del museo ha presentado, en la última junta del patronato, un anteproyecto de reglamento que está sometido a la aprobación o modificación por parte del mismo'. Habrá, pues, un nuevo reglamento, pero la ley de la que emana -al menos a corto y medio plazo- seguirá siendo la misma, aquélla que manda organizar un museo 'en el que se exalten las glorias castrenses patrias'.

La ley será la misma, aquella que manda organizar un museo que 'exalte las glorias castrenses patrias'

La polémica por la obsolescencia del museo es ya un clásico, dada su proverbial antigüedad

Mientras el patronato estudia su propuesta de modificación del reglamento, Segovia trabaja en un 'proyecto museístico' destinado a organizar los fondos del museo. De ese 'proyecto museístico', señala el director en un escrito entregado a este diario, 'se derivará uno museográfico'. 'No se nos oculta', añade, 'que ese segundo proyecto será económicamente muy costoso, dado que los sistemas actuales de presentación son de la década de 1960 y, por supuesto, deberían ser cambiados'. Pero ese cambio no va a producirse, al menos en plazo previsible, en opinión del director: 'Este proceso, por implicaciones económicas, será posiblemente muy largo, por lo que la dirección del museo está adaptando sus actuaciones actuales a dos criterios: seguir la línea del nuevo reglamento y aprovechar los equipamientos disponibles'.

Desde el Ayuntamiento, institución corresponsable de la gestión del museo, nada se dice, salvo que se está en negociaciones. ¿Cree el Ayuntamiento, de acuerdo con el mandato del Congreso, que hay que promover una nueva ley? ¿Se impulsará desde el Ayuntamiento una reforma de los contenidos de la institución con la profundidad demandada de forma unánime por los señores diputados? El concejal de Cultura, Ferran Mascarell, responderá a esas preguntas -y a cualquier otra sobre el museo que se le quiera formular- 'cuando concluya la negociación' en curso, según se ha informado desde el gabinete de prensa, que no aclara tampoco cuáles son los temas objeto de negociación. Posteriormente, durante el último pleno de la corporación, Mascarell precisó que la negociación finalizará, previsiblemente, antes del verano.

La polémica por la obsolescencia de los contenidos e instalaciones del Museo Militar -con alrededor de 100.000 visitantes anuales- es ya casi un clásico, dada su proverbial antigüedad. Por razones de distinta índole, el asunto ha llegado periódicamente en los foros institucionales. Tal es el caso del debate -que culminó con el mandato unánime citado- que celebró el Congreso de los Diputados tras advertirse la exhibición en el museo de 'objetos del régimen militar franquista con emblemas de ideología nazi y fascista', tal como consta en el Diario de Sesiones. 'En la tienda del museo', informó a sus señorías el diputado que propició el debate, 'se venden objetos con insignias fascistas, no sólo franquistas, sino también del Tercer Reich'. Todo ello ha sido retirado y el museo respeta ahora escrupulosamente la más estricta legalidad constitucional, en opinión de su director: 'En estos momentos, ninguno de los establecimientos comerciales ubicados en el recinto del castillo ofrece al público los objetos que en su día fueron criticados'. 'Igualmente', agrega, 'no se expone al público ningún fondo que sea contrario a los principios y valores de nuestra Constitución'. Tal es el empeño del coronel Segovia por subrayar la adecuación de los contenidos del museo a lo dispuesto por la Carta Magna, que informa de sus planes en los siguientes términos: 'La próxima actuación será la exposición Guerra civil 1936- 1939. Recuerdos a la sombra de las banderas [presentada ayer]. Se trata de una exhibición de recuerdos de combatientes catalanes que estuvieron encuadrados en unidades de los dos bandos. Esta exposición es un claro exponente del respeto a la pluralidad ideológica'. A eso se ha llegado, en junio de 2002.