La policía pide datos a empresas privadas del 'posible seguimiento' que tendrá el 20-J

La Dirección General de la Policía ha remitido una carta a empresas privadas en la que les reclama información sobre el 'posible seguimiento de la huelga' del próximo día 20 que harán sus trabajadores, así como de los servicios mínimos que pretenden y los medios humanos y técnicos de seguridad con la que afrontarán esa jornada de paro general. UGT y CC OO estudian querellarse contra el Ministerio del Interior por esta 'vulneración del derecho de huelga' y reclaman al vicepresidente primero, Mariano Rajoy, que dé explicaciones públicas por esta decisión.

La misiva de la Dirección General de la Policía pide a responsables de empresas privadas que acudan, en fecha y hora establecida, a dependencias policiales 'debiendo traer la siguiente documentación':

'- Servicios mínimos a establecer por esa empresa.

- Posible seguimiento de la huelga por los trabajadores.

-Seguridad propia de la empresa: medios técnicos y humanos.

- Puntos estratégicos de la empresa, tanto públicos como privados.

- Puntos vulnerables'.

La misiva, un modelo único elaborado 'rápidamente por la falta de tiempo', ha sido enviada en Madrid por la Brigada de Seguridad Ciudadana a los medios de comunicación, grandes centros comerciales y 'grandes centros de trabajo' (a partir de 200 empleados) con el objetivo de tomar medidas 'para evitar la acción de piquetes violentos, facilitar que pueda trabajar quien quiera e impedir que, por ejemplo, se bloqueen puertas con silicona o palillos en las cerraduras'. Fuentes de la Jefatura Superior de Madrid indicaron que, como debe mandar efectivos para la cumbre europea de Sevilla, han 'tratado de recabar información para distribuir mejor los efectivos a fin de que sean más eficaces'.

Miembros de la Dirección General de la Policía explicaron que, antes de otras huelgas generales y sectoriales, también se solicitó a las empresas información similar. 'Normalmente las empresas colaboran, porque les conviene para evitar posibles daños y para hacer una buena previsión. Quien no acuda ni dé previsiones tampoco podrá protestar después si sufre algún daño', afirman. Por otro lado, la Guardia Civil ha suspendido los permisos a los Grupos Rurales de Seguridad entre el 17 y el 23 de junio.

Los sindicatos convocantes de la huelga general del 20-J, Comisiones Obreras y UGT, dan una interpretación radicalmente distinta a esta iniciativa de Interior. Mantienen que 'no tiene precedentes', pues 'a lo más' que había llegado el Gobierno en anteriores huelgas fue a recabar 'información verbal' a las empresas. Ven así esta carta como 'una clara vulneración del derecho constitucional a la huelga'.

El secretario de Organización de CC OO, José Luis Sánchez, cree que el Gobierno 'quiere tratar el 20-J como una situación de estado de excepción, de conflictividad absoluta'. Esta central estudia querellarse contra el Ministerio del Interior porque ve la pregunta sobre el 'posible seguimiento' entre los empleados de la empresa como 'un intento de crear un fichero de trabajadores que puedan seguir la huelga'. Esta central reclama al Gobierno que 'respete el derecho a la huelga en lugar de buscar sólo su represión policial'.

Tanto CC OO como UGT van a reclamar al vicepresidente primero y ministro del Interior, Mariano Rajoy, que dé explicaciones públicas por este 'atropello a un derecho recogido en la Constitución' y pedirán a los partidos políticos su apoyo para que esas explicaciones se den en el Parlamento.

El secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, añade que la misiva de Interior 'deja claras las escasas convicciones democráticas del Gobierno', que 'sólo se ocupa de la huelga como un problema policial'. UGT también estudia querellarse contra el Ejecutivo por esta iniciativa.

Los sindicatos tienen previsto presentar hoy al Gobierno su propuesta de servicios mínimos para el 20-J, informa Lucía Abellán. Aunque el Ejecutivo aún no ha concretado ni los sectores ni los porcentajes que considerará indispensables ese día, la negociación se presenta difícil. Para fijar esos servicios mínimos, las centrales se basarán en la doctrina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que no considera esenciales los bancos, los puertos, las imprentas, la enseñanza y los medios de comunicación, entre otras actividades, por lo que los sindicatos no las incluirán en su modelo.