La viuda de Soria pide la nulidad del auto que impide perseguir al ex ministro chileno Brady

El abogado Joan Garcés, en nombre de Laura González-Vera, la viuda del español Carmelo Soria, torturado y asesinado el 14 de julio de 1976, en plena dictadura militar chilena, solicitó ayer la nulidad del auto de la Audiencia Nacional que, basándose en el auto del Supremo sobre el caso Otegi, revocó la apertura de un procedimiento penal contra Herman Julio Brady Roche, que fue ministro de Defensa en Chile en 1976 y estaba al mando de las tropas que supuestamente torturaron y asesinaron a Soria. Aprovechando el auto, el argentino Adolfo Scilingo reclamó ayer su libertad.

El auto de la Audiencia, resolviendo un recurso de queja del fiscal, declaraba en esencia que los tribunales españoles no tienen competencia para juzgar hechos ocurridos en Chile en 1976, porque deberían ser juzgados en Chile.

Y llegaba a esa conclusión tras interpretar el auto del Tribunal Supremo que rechazaba perseguir al dirigente de Batasuna Arnaldo Otegi, que gritó Viva ETA en un mitin en Francia. El Supremo rechazaba la persecución de Otegi en España por entender que la apología del terrorismo no es terrorismo, es decir, que no hay que confundir el aplaudir un delito con el delito en sí, mientras que la Audiencia Nacional considera que lo único que hizo el Supremo fue aplicar restrictivamente el criterio de la territorialidad de las leyes penales.

Las consecuencias de la resolución pueden ser importantes y afectar al caso que el juez Baltasar Garzón tramita por delitos de genocidio, terrorismo y torturas contra los militares de las dictaduras argentina y chilena. Y de hecho, el único preso por el procedimiento que se sigue por el genocidio argentino, Adolfo Scilingo, solicitó ayer su puesta en libertad basándose en que la justicia española no tiene jurisdicción para juzgarle y, por tanto, tampoco para tenerle preso.

La viuda de Carmelo Soria, Laura González-Vera, mientras tanto, solicitó la anulación del auto de la Audiencia por entender que 'se ha prescindido de las normas esenciales de procedimiento con indefensión y se aprecian defectos de forma que implican ausencia de los requisitos indispensables para alcanzar su fin'. Al mismo tiempo anuncia la interposición de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

El escrito solicitando la anulación del auto destaca que en Chile no se ha abierto ningún proceso contra el ex ministro y general Herman Brady por el asesinato de Soria, y que la Audiencia actuaba de acuerdo con el principio de subsidiariedad, es decir, que se actúa en España porque no se hizo en Chile. Así, recuerda que la Comisión de Derechos Humanos de la OEA condenó en 1999 a Chile por denegación de justicia a Carmelo Soria.

Entre las irregularidades que han provocado indefensión, el escrito señala que la acusación no pudo pronunciarse sobre algunos aspectos porque no les fueron notificadas las resoluciones correspondientes. Además, el recurso de Garcés incide en que el auto recurrido carece de motivación y que la Audiencia no puede utilizar el auto de Otegi como base de su argumentación, puesto que no se trata de una resolución firme, no es una doctrina reiterada, no se refiere a hechos delictivos iguales o semejantes a los que se depuran en este caso y, en ningún caso, el auto del Supremo plantea la inaplicabilidad o derogación del artículo 23.4 de la ley Orgánica del Poder Judicial, que recoge la aplicación de la jurisdicción universal a los delitos de terrorismo.

Garcés argumenta que los hechos imputados a Brady nada tienen que ver con un delito de opinión (apología del terrorismo) sino que constituyen delitos de 'genocidio, terrorismo y torturas masivas y sistemáticas'.

Por su parte, el juez Garzón afirmó ayer en México que la resolución del Supremo sobre Otegi no tiene por qué influir en otros procesos, informa Efe. 'Tengo que ser bastante parco en el tema porque mi juzgado es el que instruye estas causas, dijo. 'No puedo decir mucho más, pero creo que leyendo la resolución del Tribunal Supremo sobran comentarios. Es bastante clara y se refiere a apología del terrorismo'. La decisión de la Audiencia, 'no puede, desde mi punto de vista, invalidar la resolución del pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sobre jurisdicción, por tanto los asuntos seguirán', concluyó Garzón.